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Angel Mario
Ksheratto
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| Falta capacidad investigativa. |
Imposible
ocultar la ola de feminicidios que se ha levantado en Chiapas; de un tiempo
para acá y derivado de presiones de grupos sociales, se han establecido
protocolos de todas las modalidades que, evidentemente, han sido insuficientes.
Un factor que ha contribuido al fracaso de todas las medidas, ha sido la
inaplicabilidad de la normativa en cuanto a la prevención y en lo tocante al
sistema penal, principalmente en los últimos tres sexenios previos al que
recién se inauguró.
Hace unos
días, la diputada Ana Romero Basurto, dijo en una entrevista que de nada sirven
las leyes para castigar los feminicidios, si no se aplican correctamente y si
no hay voluntad de las autoridades para invertir en la seguridad de las mujeres
agraviadas con el fenómeno. Y tiene razón.
Una de las causas
de fondo, es la impunidad; otra, la corrupción. Una más, la falta de
transparencia en cuanto al actuar de los juzgadores —tanto federales como
estatales— y otra, la falta de capacidad del ente investigador para integrar
las averiguaciones previas que, frente al juez, carecen de los elementos
probatorios necesarios para ligar a proceso a los responsables de tan
deleznables delitos.
Cuando
hablamos de insuficiencia de los protocolos, quizá nos quedemos cortos. Hay componentes
más allá, que fortalecen el machismo exacerbado, independientemente de las
calificaciones, a veces ociosas, que delimitan el alcance de la visión de un
delito que, sin caer en provocaciones, raya en la intención dolosa de
exterminar a las mujeres.
No estamos frente
a una situación de fácil solución; para erradicar la violencia contra las mujeres,
no solo hacen falta protocolos, tratados, convenios, discursos, marchas,
señalamientos, acusaciones. Hacen falta acciones contundentes.
Ofrecer
dinero a las víctimas de la violencia contra la mujer o a sus familias cuando
el feminicidio se haya consumado, es una burla. Un insulto inaceptable. Puede
que quepa dentro de un esquema de reparación del daño de manera integral, pero
no como una limosna, como pretende el presidente López. La dignidad y derechos
de las mujeres, no es mercancía caduca, como para ofrecerles unos centavos para
medio paliar el hambre.
Las acciones
deben ir mucho —pero mucho— más allá de intentos de congraciamientos pueriles.
Se debe comenzar por, primero, invertir dinero para la capacitación de los
cuerpos de policía y crear grupos especializados de investigación. Deben éstos,
elaborar cuestionarios respetuosos de la dignidad femenil para medir la
potencialidad del riesgo que corren quienes, por su condición de mujer, hayan
recibido amenazas, golpes, insultos de parte de un familiar, su pareja o un
empleador o compañero de trabajo.
Debe abrirse
un Registro de Potenciales Feminicidas, a quienes se dé seguimiento especial,
para proteger a otras mujeres de sus acciones violentas. Así mismo, establecer
un Registro de Extranjería o de habitantes en Chiapas provenientes de otras
entidades federadas, en los que se recabe información sobre sus antecedentes
penales, actividades, proclividades, etc., etc.
Reforzar las
medidas cautelares con prisión preventiva, de acuerdo al grado de peligrosidad
del acusado, así como dar obligatoriedad al seguimiento y vigilancia de éste,
durante el proceso penal a que sea sometido. Restringir el acercamiento del
susodicho a la víctima.
Para reformular,
mejorar y cambiar estrategias actuales, debería ser necesaria la creación de un
grupo policial especializado, para investigar las denuncias. Sucede que a
actualmente, cualquier MP es designado, aun cuando no tenga experiencia,
pericia, conocimiento y otras cualidades y habilidades para ese tipo de
investigaciones.
Otorgar a
los grupos de apoyo (organizaciones de feministas serias y defensoras de los
derechos humanos y de la mujer y los niños y niñas), facultades para actuar
como demandantes solidarias, para un mejor acompañamiento de las víctimas.
Crear un Consejo interinstitucional y ciudadano, para vigilar las tareas del
fiscal investigador y el juzgador y así
cerrar el
paso a la corrupción.
Es decir,
debe haber una plataforma integral, que responda de manera inmediata a una
alerta; con ello, se podrá eliminar una serie de requisitos burocráticos, en el
caso, por ejemplo, de la desaparición de una mujer. Lo idóneo sería que los
diputados, creasen las herramientas jurídicas y legales adecuadas, para que la
procuración y administración de la justicia, actúen con inmediatez y eficacia.
Es de manera
conjunta, como se podrá lograr erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
En ese sentido, debemos dejar atrás las descalificaciones a priori que no han
tenido otro objetivo más que el de alimentar el odio entre géneros. Olvidémonos
eso de que “todo hombre es un potencial feminicida” y que “la mujer, por su forma
de vivir o de vestir, provocó su desgracia”. Ya es tiempo de ponernos a
trabajar, para protegernos unos a otras y otras a unos.
Transitorio.
Entiéndase y
cúmplase.
Pd.: No
estaría de más que se instalen retenes para detener, interrogar e investigar a
quienes tripulan y viajan en autos sin placas, placas sobrepuestas y placas de
otros estados. Ahí puede estar la clave para frenar la ola de violencia en
general.