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Violencia extrema e inseguridad

Artículo Único
Angel Mario Ksheratto
La alcaldesa de Suchiate, suplanta su propia identidad.
Es, en suma, preocupante la ola de violencia que de un día para otro, se desató en Chiapas, principalmente en la capital y las zonas fronterizas con Guatemala, Tabasco y Oaxaca. La cuestión da para mucho y, como en todas partes, se presta incluso, para conjeturar sobre quién o quiénes son los más beneficiados con una crisis de esa naturaleza, que no se había visto en años y que pone en jaque a las autoridades recién estrenadas.
No es cosa menor lidiar con grupos delincuenciales que operan a sus anchas ante la fragilidad de los cuerpos de policía (principalmente municipales) y la porosidad de los puestos fronterizos, por donde pasa de todo en las narices de la autoridad; no obsta mencionar que los alcaldes de reciente ingreso, agregaron al problema la inclusión de funcionarios policiales inexpertos, indiferentes, haraganes y con historiales poco fiables.
Y a esto, se añaden añejas carencias: patrullas insuficientes e inservibles; agentes mal armados y sueldos de hambre. Incapacitados física y mentalmente para contrarrestar el ataque de los delincuentes; jefes policiales (no todos) coludidos con las bandas criminales. Abusos y excesos derivados de la falta de control de los altos mandos.
En Suchiate, por ejemplo, hay solo siete patrullas de la Policía Municipal. Cinco, permanecen en los puestos de control vehicular, donde se cobran ciertas cuotas a los conductores y una de éstas, es utilizada por la Directora de Seguridad Pública, para realizar viajes de placer a las cercanas playas, ir de compras a Tapachula e incluso, transportar contrabando desde la orilla del río, hasta la casa de la funcionaria.
Mientras, hordas de asaltantes asuelan a la población; los pocos policías de a pie, se mantienen apostados en el edificio municipal, protegiendo a la alcaldesa Sonia Eloína Hernández, quien desde el inicio de su gestión, despidió al 80 por ciento de los policías, bajo el pretexto de no cumplir con los protocolos de control y confianza.
La alcaldesa, por cierto, suplanta su propia identidad, puesto que en toda su documentación oficial, aparece como MARÍA Eloína Hernández Aguilar, empero la documentación oficial, la firma como SONIA Eloína Hernández Aguilar, lo cual es un delito. ¿Cómo confiar en que acabe con la creciente ola de delitos si ella es la primera en poner el mal ejemplo?

Para el colmo y derivado de las malas prácticas en materia de seguridad, ése municipio perdió los beneficios del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, que otorga subsidios extraordinarios a los municipios. Hernández Aguilar, desoyendo recomendaciones de alto nivel, nombró a un inexperto en temas de seguridad, Demetrio Martínez, como secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública e impuso, sin consentimiento de las organizaciones sociales, al encargado de Participación Ciudadana.
Es éste, solo un ejemplo de cómo, las autoridades municipales han propiciado, con actos de mala fe, el crecimiento de la violencia en las zonas mencionadas. Otro podría ser el caso de Tapachula; el alcalde Óscar Gurría, impuso como jefe de Seguridad Pública a un joven ex mesero, que nunca había tenido un cargo policial importante.
Vimos horrorizados, cómo un delincuente asesina a los dos policías municipales; las víctimas son acribilladas sin tratar siquiera resguardarse. Falta de táctica policial, sin duda. El afamado doctor Gurría, nos cuentan, ha sido, innumerables veces, omiso a las recomendaciones de alto nivel que se discuten en las mesas de seguridad que encabeza el gobernador Rutilio Escandón.
Otros alcaldes, como el de Reforma, Herminio Valdez, han optado por culpar de la violencia e inseguridad a las autoridades estatales; cierto es que hay corresponsabilidad, pero la primera línea de defensa, los primeros obligados a garantizar la seguridad de los municipios, ¡son los alcaldes y alcaldesas!
Si éstos no cumplen con los protocolos; si no ponen en puestos claves de seguridad a personas expertas, abren las puertas a la delincuencia. Recursos financieros, tienen; lo que no tienen, son pretextos para incumplir con su obligación constitucional. ¿Cuánto tiempo durará la violencia?

Transitorio
Hay quienes ven tras la violencia en Chiapas, a agentes del pasado reciente, urgidos de lograr cierta comparación que los convierta en artífices de la seguridad; y no es descabellada tal conjetura. Ya sucedió en el pasado, cuando un exprocurador quiso regresar al cargo… Y lo logró. En las actuales condiciones, no estaría en duda que, incluso, Manuel Velasco sea el más interesado en crear el clima de violencia. El poder, embrutece.  

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