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Angel Mario
Ksheratto
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| Llaven Abarca, entre el bien y el mal. |
El remolino
de eventos primarios del pretendido cambio de régimen, ha dejado poco tiempo para
la reflexión a fondo, de tal manera que pareciera que estamos, constantemente,
tapando un hoyo con otro más grande. No es fácil entender el ritmo de cambios
en un país acostumbrado a la indiferencia y la inacción; al conformismo y la
salutación adquirida a precio de despensa.
Lo que
encontramos cómodo es el posicionamiento del Gobierno Federal, frente a la
tragedia de Tlahuelilpan: “Es culpa de los que gobernaron antes”. Y sí, de la
corrupción, la impunidad, el encubrimiento, el enriquecimiento ilegal de
gobernantes, legisladores, jueces, dirigentes partidistas y líderes sindicales,
se deriva la malaventura de cientos, miles, millones de gentes en éste país.
Pero la
tragedia reciente, también tiene sus orígenes en la negligencia, la omisión, la
inacción oficial, la nula eficacia de los protocolos, las decisiones al vapor y
la carencia de estrategias específicas, para contrarrestar los efectos de una
práctica que se enraizó en lo más profundo de una sociedad anclada en programas
populistas para subsistir.
¿En qué
momento perdimos la capacidad de asombro y la buena voluntad para, por lo
menos, solidarizarnos con los mexicanos caídos en desgracia? En las “benditas”
redes sociales (así calificadas por el presidente López Obrador), afines al
gobierno, defendieron la lucha contra el huachicoleo, con duras condenas para
las víctimas de la explosión que, en cuestión de minutos, recorrió el mundo.
Es
inocultable la imprudencia e irresponsabilidad de los habitantes de
Tlahuelilpan, quienes, según versión presidencial, se tornaron agresivos contra
los efectivos militares y la Policía Federal que intentó persuadirlos de no
acercarse al lugar de la fuga de gasolina; ello, sin embargo, no faculta a
nadie para incluso, hacer mofa de la tragedia. Y menos a quienes, en defensa de
una acción gubernamental con distintivos de fracaso, se burlan y sentencian al
infierno a los que al final, son victimizados una y otra vez.
Llama la
atención que se señale, con nombres y apellidos, a los culpables de ésta y
otras tragedias mexicanas, pero que, en el ejercicio pleno del poder, no se les
lleva a los Tribunales. Si —como dice el recién estrenado gobierno
lopezobradorista—, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, son culpables, lo idóneo, lo conducente en un país democrático y de
leyes, es enjuiciarlos. Acusarlos sin aplicarles la ley, es convertirse en
cómplices de éstos; es encubrirlos y por tanto, se comete delito porque, teniendo
las pruebas, solo se recurre al linchamiento mediático.
Porque en el
fondo, pareciera que se intenta sacudirse de toda responsabilidad. Tradición hay
sido que desde hace muchos años, los muertos de cada sexenio, se atribuyen al
presidente en turno. Las masacres de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo,
Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña
Nieto, todas ésas y otras acciones violentas planeadas y ejecutadas por el
Estado, han tenido implícitamente, al presidente como responsable.
¿Por qué no
asumir la responsabilidad que implica el poder político? ¿Por qué buscar en el
pasado los cadáveres y fantasmas para asustar con petates roídos? Y si son
culpables, ¿por qué no encarcelarlos?
El México
trágico y sometido por la violencia, debe tener una salida; ésta no se logrará
con manotazos, ni con indiferencias y menos, con actos irresponsables y
surgidos de la atrevida imaginación. Cierto es que para avanzar, debe haber
sacrificios, pero los sacrificados, no deben ser los mismos de siempre: los
pobres y marginados; los olvidados, los que solo son carne de cañón.
Transitorio
La Fiscalía
chiapaneca ha estado muy activa en las últimas semanas; pero también ha estado
en el ojo del huracán por el tema de Sinar Corzo, defensor de los derechos
humanos asesinado en Arriaga. A favor, hay que decir que activó mecanismos para
detener a personas acusadas de feminicidios y a otros delincuentes que desde
los tres últimos sexenios, seguían libres, sin pagar por sus delitos.
En lo
tocante a Sinar, el abogado y la esposa de Apolinar “N”, han acusado a esa
dependencia de haber cometido varias pifias que se supone, ya no son permitidas
en la Cuarta Transformación. Ahí, el Fiscal debe salir a decir la verdad y nada
más que la verdad.
En lo otro,
nos dicen que su tarea será superar el déficit que hay en cuestión de detenciones
de delincuentes que antes, gozaron de impunidad. No son pocos, aseguran. De
hecho, hay una preocupación alterna: falta de espacios carcelarios para muchos
prófugos y beneficiados del viejo régimen.