MVC, al amparo presidencial

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Angel Mario Ksheratto

Pago de favores.

No es necesario analizar con profundidad los dos discursos de Andrés Manuel López Obrador, pronunciados en el Congreso de la Unión y el Zócalo de la Ciudad de México; la crítica a sus reiterados pronunciamientos, ya como presidente de la República, sería redundante, puesto que la aprobación de sus postulados, se dio de manera contundente en las urnas, el pasado 2 de julio. Y no por él y su repetido discurso de campaña —ahora con la banda presidencial en su pecho—, sino por el hartazgo de la ciudadanía de regímenes corruptos, arbitrarios, frívolos, indiferentes y obsoletos.

Está de más decir que no dijo nada que no haya dicho a lo largo de 25 años de campaña proselitista (inició como candidato del PRD para la gubernatura de Tabasco en 1994). Tampoco modificó las promesas que soltó en el proceso electoral que lo catapultó a la presidencia, lo que preocupó a diversos sectores que ven con recelo algunas medidas que podrían desestabilizar la economía y espantar las inversiones.

Pero sin duda, lo que desanimó profundamente a los mexicanos, fue su obstinado anuncio mediante el cual, ordenará dejar libres a políticos y funcionarios —incluyendo a los expresidentes y gobernadores—, que en el pasado saquearon al país. Con ello, el mandatario, traiciona categóricamente los tres principios que llevó como bandera durante su candidatura: “no robar, no mentir, no traicionar”.

Y claro, también traiciona a los mexicanos que por millones votaron a su favor, creyendo que por fin, se haría justicia y se encarcelaría a todos aquellos que usurparon el poder para construir emporios financieros a costa de la pobreza de millones de mexicanos.

Su férrea defensa de los corruptos, le alcanza para proteger a algunos gobernadores en funciones que pactaron con él, votos a cambio de impunidad; entre éstos, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que a ocho días de dejar el cargo, no ha podido (ni querido) explicar el desfalco multimillonario que tiene al estado en total bancarrota.

AMLO fue claro al decir que la institución a su cargo, no promoverá ni alentará investigaciones contra expresidentes, exgobernadores, ni funcionarios, bajo el argumento que no habría cárceles suficientes para recluirlos. Eso sí, se declaró dispuesto a ordenar que los casos que ya están siendo investigados y los procesos contra quienes están bajo causa penal, deberán continuar hasta sus últimas consecuencias.

¡Pero mucha atención! Adelantó que a partir de ayer mismo, se analizan los expedientes de “presos políticos”, para que sean excarcelados, una vez que obtengan ese estatus. Cierto es que en México, durante los gobiernos priístas y panistas, cientos de líderes sociales, fueron encarcelados bajo acusaciones falsas. Eso es innegable.

La PGR y los jueces de consigna, han dado claras muestras, por un lado, de incapacidad para armar los expedientes y por otro, de complicidad y vendettas. ¿Qué impediría que algunos exgobernadores presos —o bajo investigación— no logren demostrar que sus expedientes están plagados de errores, inconsistencias y vaguedades? En ese caso, muchos van a “probar” que fueron víctimas de una “persecución política” ¡Y saldrán libres!

Olvidar el pasado y perdonar a los corruptos, no es buena base para el combate a la corrupción. Es, como alguna vez lo dijera Jesucristo, “poner remiendo de tela nueva en vestido viejo”. Es como construir una mansión sobre los cimientos de un edificio a punto de derrumbarse. Es negarle a los mexicanos, la esperanza de un país sin corruptos… Porque eso de que a partir del pasado sábado no habrá un solo acto de corrupción, es la utopía más absurda que se pueda concebir.

Queda, pues, garantizada la impunidad; se fortalece la inacción de la justicia y se decreta la muerte de la Ley, por decisión unipersonal, arbitraria; y de paso, revierte la frase que ha salido una y otra vez de boca del presidente: “Al margen de la Ley, nada y por encima de la Ley, nadie.”

No queda duda que muchos serán los grandes beneficiados. Manuel Velasco Coello, que ha sido insistentemente acusado de desviar millones de pesos, es uno de ellos. El amparo presidencial le ha otorgado impunidad absoluta y absolutista, lo que es un duro revés para los miles de chiapanecos que votaron por el ahora presidente.

Si bien el discurso desalienta, hay que ponderar el hecho que para el recién estrenado presidente, es su gran oportunidad, en todos los sentidos; como bien dijo él mismo, no tiene derecho a fallarle a los mexicanos, a traicionarlos. Y menos, a los chiapanecos que a la final, le hicieron caso y votaron hasta por su candidato a la gubernatura. Como presidente, tampoco tiene derecho a devolver favores políticos y financieros, con impunidad.