Reportaje
Los acuerdos, convenios y tratados para proteger a refugiados, son letra muerta para el INM
Las violaciones a los derechos humanos en la frontera con Guatemala, son sistemáticas
Angel Mario
Ksheratto
Los acuerdos, convenios y tratados para proteger a refugiados, son letra muerta para el INM
Las violaciones a los derechos humanos en la frontera con Guatemala, son sistemáticas
«No me
parece conveniente que cuenten en éste momento su historia, pero le dejo en
libertad que haga lo que considere pertinente», dijo el defensor de los
derechos humanos que, junto con una mujer de habla hispana perfecto, harían
labor de acompañamiento a una familia salvadoreña que recién había recibido el
beneplácito de la Dirección de Atención a Migrantes y Refugiados (DAMR), para
ingresar a territorio mexicano en calidad de refugiada.
Poco antes
de la intervención de los defensores de los derechos humanos, el hombre que
encabezaba a la familia de cinco miembros, contó que tuvo que huir de El
Salvador, ante la presión de una pandilla que le extorsionaba y que amenazaba
con llevarse a su hija mayor, si se negaba a cooperar con ellos. Con él
viajaban su esposa, una adolescente y dos niños; en su rostro tenían el signo
de la desesperanza, pero al mismo tiempo, la sensación de estar a salvo en un
país desconocido. Lo dejaron todo para preservar la vida.
En la
oficina de la Dirección de Atención a Migrantes y Refugiados ubicada en la
planta baja del Ayuntamiento de Suchiate, también hay desesperanza. No todos
los que reciben la “constancia” de refugiados se salvan de las garras de
elementos del Instituto Nacional de Migración, cuyos métodos para la captura,
retención y expulsión de migrantes ilegales, a juzgar por instituciones
defensoras de los derechos humanos, no varían en mucho con los utilizados por
la administración de Donald Trump, en Estados Unidos.
Los
migrantes que reciben el estatus temporal o definitivo de “refugiados”, son a
menudo, detenidos, torturados y deportados a Guatemala, sin tomar en cuenta a
su país de origen. La meta es expulsarlos de territorio mexicano.
Un empleado
de la DAMR, explica que solo cuando hay menores de edad de por medio y son
acompañados por organismos de defensores de los derechos humanos, el INM, se
contiene y deja que éstos ingresen hasta Tapachula para que realicen otros trámites
legales para permanecer, temporal o definitivamente, en México.
—¿Qué caso
tiene entonces, otorgarles un documento oficial, legal, si la Migra no lo
respeta? —se le pregunta al empleado de la DAMR—.
—Son
políticas propias del INM que nosotros no podemos contravenir, porque en
seguida sufrimos represalias —responde y se niega a hablar del tipo de
represión que padecen—.
Afuera de la
diminuta oficina, otro empleado accede a hablar del asunto, pero, al igual que
el primero, pide no ser fotografiado o que se grabe en video. «Tenemos
compañeros y compañeras que han sido acusados, falsamente, de trata de personas
e incluso, de tráfico de drogas; otros, han recibido amenazas de muerte o
sencillamente, los persiguen a todas partes, hasta que, por miedo, dejan de
colaborar con nosotros y las instituciones defensoras de los derechos humanos»,
cuenta.
Nicaragüenses, la mayoría de refugiados
Las
solicitudes del estatus de refugiados, va en aumento. Es un promedio de entre
30 y 50 por día, la mayoría, de ciudadanos provenientes de Nicaragua, afirma la
DAMR. Tal estimación —dice el entrevistado perteneciente a esa oficina que
pidió ser identificado solo como Willy—, se debe a la crisis política del país
centroamericano y agrega que casi todos los solicitantes de esa nación, alegan
ser perseguidos políticos de la dictadura de Daniel Ortega.
Del resto de
países del área, los migrantes afirman ser víctimas de persecución, violencia
extrema, extorsión y amenazas de muerte, por parte de pandillas y elementos de
las policías nacionales y el ejército. Aunque el 62 por ciento de las
solicitudes de refugio son aprobadas, se estima que menos del 15 por ciento de
los beneficiados, logra llegar a Tapachula, para buscar otras formas de ayuda
legal.
En el parque
de Tecún Umán o Ayutla, al otro lado del río Suchiate, Marisela, de 27 años, se
abanica el rostro con las manos y sus dedos flacos. Parece de 15 años: delgada,
de quizá un metro con 40 centímetros de estatura, piel amarillenta, cabello
enjutado sobre la cabeza, ojos diminutos y los pies hinchados. «Si me invitás a
comer, te hago lo que me pidás», me dice riendo, pero con la vista perdida
hacia el frente suyo.
Cuenta que
ha pasado hasta Tapachula infinidad de veces, pero no ha conseguido quedarse
por más de una semana. Las dos veces que lo hizo como refugiada, fue deportada
a unos minutos de haberse registrado en un hotel de paso en una ocasión y la
otra, cuando bajaba de una combi del servicio público, en la terminal de esa ciudad.
«Soy de
Honduras; salimos de San Pedro Sula, porque a mi marido lo acusaban de haber
violado y asesinado a una cipota (niña) y lo buscaban para quemarlo vivo… Sí,
mi esposo era drogadicto y todo eso, pero no era violador, ni matón. En la
capital de Guatemala, nos quedamos un tiempo y un día, salió a buscar trabajo y
nunca más regresó. De eso tiene cuatro años».
A Marisela,
se le llenan de lágrimas los ojos cuando cuenta que antes de ser deportada por
la Migra mexicana, fue violada tumultuariamente por agentes del INM. «Les
mostré mi papel de “refugiada”, pero no me hicieron caso; igual me violaron y
cuando se cansaron, me vinieron a dejar acá, solo con la misma ropa que traía
puesta», afirma.
En la “Casa
del Migrante” de Tecún Umán, una mujer abre el pesado portón y se disculpa por
la ausencia de los directivos para conceder entrevistas y sugiere que se haga
la solicitud por correo electrónico cuando menos, con dos meses de
anticipación. Sin embargo, concede algunos números: «Tenemos 17 personas con el
estatus de refugiados en México, pero fueron expulsados por Migración, por ser
un documento inválido en ese país. Catorce son ciudadanos nicaragüenses, dos
salvadoreños y un hondureño.» Y cerró la pesada puerta de metal.
Políticas públicas fracasadas
La política
de protección a personas desplazadas que llegan a territorio mexicano
implementadas por la Secretaría de Gobernación, son olímpicamente desechadas
por el Instituto Nacional de Migración, componente de la Mesa
Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria, a la que también
pertenece la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), que es la
dependencia encargada de otorgar de manera transitoria o permanente, el estatus
de refugiados a ciudadanos de otros países que tocan suelo mexicano.
El objetivo
de “consolidar esfuerzos y compromisos del Estado mexicano para procurar ayuda,
amparo y legalidad en materia de refugio y protección complementaria” a
refugiados, es letra muerta para agentes del INM en la franja fronteriza con
Guatemala, quienes ignoran no solo los protocolos y acuerdos
interinstitucionales, sino el derecho de todo ser humano a recibir un trato
digno.
Cientos de
migrantes ilegales, con estatus de “refugiados” o no, optan por alternativas
distintas, ante la negativa de ser reconocidos por la autoridad mexicana. Shiomara,
de nacionalidad salvadoreña, muestra un papel donde se le ha otorgado la
calidad de refugiada, tras huir de El Salvador, hace dos años. El papel, ya es
ilegible, casi invisible.
Le fue
otorgado hace año y medio; bajo esa condición, vivió tranquilamente cuatro
meses en Tapachula, laborando en una pastelería, donde fue contactada por una
agente del INM, quien al poco tiempo, la obligó a trabajar en un centro
nocturno tapachulteco, bajo la amenaza de ser acusada de tráfico de drogas. Luego
fue obligada a tener relaciones sexuales con otros agentes de la Migra y por
último, deportada, cuando se negó a seguir siendo rehén de éstos.
Terminó
sirviendo cervezas en un bar de mala muerte de Tecún Umán, donde también se
prostituye. «No tuve de otra que seguir de puta en éste congal, porque si
regreso a Tapachula, me desaparecen… Además, en dos años ya no soy lo que fui.
Este no es el cuerpo que tuve, ni la cara que le gustaba a los chavos; con
decirte que ni los viejos me buscan, ni porque les trabaje gratis», dice riendo
sueltamente.
Diego es
otro hombre que obtuvo el estatus de refugiado en México, pero fue deportado
junto con su esposa, a quien un pandillero, hace años, sacó un ojo cuando trato
de defender a su hija de entonces 14 años, de ser violada en Catacamas, departamento
de Olancho en Honduras.
Los tres
emigraron primero, a Guatemala y luego, a Chiapas. Con el apoyo de la COMAR y
respaldo de la ACNUR, se instalaron en Puerto Chiapas, de donde finalmente,
fueron deportados, cuando un vecino de esa comunidad, los acusó de ser
migrantes ilegales. En Tecún Umán, él trabaja manejando un triciclo, su mujer
vendiendo empanadas y su hija, ahora de 21 años, en un centro nocturno en la
ciudad de Coatepeque, cercano a la frontera.
Refugio en “La Línea”
A unas
cuadras de la oficina del Ayuntamiento de Suchiate, está la zona conocida como “La
Línea”; es lunes y los bares están semiabiertos. «Solo atendemos a clientes
conocidos», advierte la mujer que está parada en la puerta. He escondido la
cámara para no asustarla. «Solo una cerveza, amiga, y nos vamos», le ruego.
Asiente y nos deja entrar junto con el triciclero, con quien habíamos acordado un
pago extra de 30 pesos y un par de cervezas al costo del recorrido, que fue de
40 pesos.
Nos atiende
una chavala de unos 20 años, con el cuerpo tatuado hasta donde la escasa ropa
deja ver. Es amable. En la mesa contigua, otra mujer extiende ropa interior
femenina, donde el resto de ellas, se arremolina para comprar alguna prenda
llamativa.
«Si me
regalás una tanga de las que vende la señora, te contesto lo que me preguntás»,
dice afable. Roxana dice tener dos hijos varones, cuya paternidad desconoce. «Un descuido y te emabarazás
de cualquier pendejo; no hay a quién pedirle pensión alimenticia y tenés que
trabajar duro para mantener a los güiros (niños)»,
afirma con cierta resignación en la mirada.
Tiene el
estatus de refugiada, pero teme ir a otra parte del país o de Chiapas, por miedo
a ser finalmente, deportada. Asegura ser del municipio de Tiquisate, del
departamento de Escuintla, Guatemala. Salió de su casa para escapar de los
abusos sexuales de su padrastro, a quien “tasajeó” con una hoja de afeitar y
por lo cual, purgó cuatro meses de prisión en su país, donde se tatuó casi todo
el cuerpo.
«Mirá vos, yo soy
clienta de la Migra; cada semana pasan por sus trescientos pesos para dejarme
trabajar en paz. De lo contrario, me deportan y no quiero regresar a mi país», confiesa. Mientras
hablamos, tres niñas salen del interior del bar; llevan puesto su uniforme
escolar y son despedidas por quien parece ser su madre, la mujer que nos
concedió el permiso para ingresar al local. Los hijos de Roxana, ahí viven
también, según nos contó. La tanga costó 15 pesos.
Deportaciones ilegales
La Dirección
de Atención a Migrantes y Refugiados, depende de la Organización Internacional
para las Migraciones. Trabaja en conjunto con organismos de defensa de los
derechos humanos e instituciones mexicanas para la protección y amparo de
migrantes y refugiados.
Sus
recomendaciones y sugerencias, son respetadas por todos los organismos
pertenecientes, menos por el INM, cuyos elementos, deportan a los refugiados,
aun cuando existen convenios oficiales previos de respeto a éstos. En la DAMR,
aseguran que solo cuando hay acompañamiento de organismos defensores de los derechos
humanos, se respeta el libre tránsito de éstos por territorio mexicano, pero
apenas les dejan solos, los deportan, en muchas ocasiones separando
temporalmente a los niños de sus padres, hasta que son abandonados al otro lado
del río Suchiate.
Un defensor
de los derechos humanos, confirma lo dicho por la DAMR y va más allá: «En muchas ocasiones, no
pasan a los deportados por la aduana, sino que los suben a una balsa y los
dejan abandonados en territorio guatemalteco en lugares solitarios, a expensas
de delincuentes»,
denuncia.
Es, a todas
luces, una deportación ilegal, a la que anteceden torturas psicológicas y físicas.
«Muchos de los que
reciben el estatus de refugiados, regresan a los dos o tres días con señales de
tortura (moretones, escoriaciones, golpes y hasta agujeros en el cuerpo, donde
les pusieron picanas para obligarlos a dar números de cuenta o teléfonos de
familiares) y aseguran que esos daños los recibieron en Migración», afirma otro
funcionario de la DAMR.
Polo y
Darío, son dos jóvenes nicaragüenses que dan fe de la denuncia anteriormente
expuesta. Con el documento que los acreditaba como “refugiados”, intentaron
alcanzar la frontera de México con Estados Unidos, para ponerse a salvo de la
persecución política del régimen sandinista. En la garita migratoria de Nuevo
México, cercana a Tapachula, fueron detenidos. Durante dos días, los agentes
migratorios los vejaron, golpearon y torturaron para posteriormente, dejarlos
en manos de tres hombres y una mujer que los llevaron a una casa particular en
un lugar que no alcanzan a reconocer.
Ahí, bajo
amenazas y torturas, fueron obligados a contactar a sus familiares en Managua,
quienes tuvieron que pagar casi 14 mil córdobas (unos 8 mil pesos), a cambio de
su libertad. Ahora deambulan por las calles de Tapachula, sin empleo y sin
dinero… y sin el documento de refugiados que los ampare, puesto que les fueron
decomisados en Migración.
En resumen:
¿con qué autoridad moral se exige a Estados Unidos respetar a nuestros
connacionales si aquí las violaciones a sus derechos son sistemáticas?
¿Qué
autoridad frenará tales abusos?