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Angel Mario
Ksheratto
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| Los detuvieron, sí, pero saldrán en menos de lo que canta un gallo. |
Simplemente,
se salió de control. La intención llegó lejos y gran parte de la documentación
oficial quedó reducida a cenizas. No es la primera vez que un grupo de
supuestos estudiantes, intenta calcinar oficinas públicas. Tampoco son
primerizos en asalto, secuestro y robo de autobuses del servicio público, para
tener un medio seguro de escapar del lugar donde cometen sus crímenes.
El amparo de
la impunidad, les ha dado “valor” para cometer actos que solo un cobarde
llevaría a cabo. Irónico, pero cierto. Cuentan algunos espectadores que los
causantes del incendio en la representación de la secretaría de Educación
Federal, saltaron del camión en el que huían y se dispersaron a la altura del
Libramiento Norte; otros, solo se quitaron las capuchas y regresaron a la
escena del siniestro, para comprobar la efectividad de sus acciones y la
magnitud de las consecuencias.
Así de
confiados, así de retadores. La ausencia de una autoridad firme, les ha dado licencia
para burlarse de todo y de todos y les ha sobrado para poner en riesgo la vida
de ciudadanos inocentes.
Es evidente
que no se trata de un grupo que base sus actos en una ideología, en una lucha
genuina por el interés colectivo, sino en la mera intención de robustecer el
caos y la anarquía reinante en un estado, cuyas autoridades han abandonado sus
obligaciones constitucionales y se han dedicado al saqueo descarado y absoluto
del erario.
Están
ciertos que, de ser capturados como han prometido desde el oficialismo, saldrán
en menos de lo que canta un gallo, con las bolsas repletas de dinero, como ha
sucedido en ocasiones recientes. Los asesinos de un policía, recibieron como
recompensa, impunidad y fajos de billetes, como si la ley no existiese.
Los
presuntos responsables, no han tenido rostro; los acusados directos desde las
generosas filtraciones gubernamentales, son estudiantes de la Escuela Normal,
quienes se han ganado a pulso la repulsa generalizada, en virtud de su actos al
margen de la ley, su intolerancia y extrema violencia cuando la crítica no les
favorece.
Éstos, lo
han negado todo, aunque las evidencias los señalan. El autobús utilizado para el
escape, estaba en las instalaciones de esa escuela, juran los pocos
funcionarios que han enfrentado a los medios. A todo, han surgido versiones
encontradas, pero que al final, apuntan hacia una cuestión preocupante: el
fortalecimiento del terrorismo de estado, como instrumento para aterrorizar a
los chiapanecos y oportunidad para esconder evidencias de la mala administración
pública.
Hace unos
meses, cuando se destapó la cloaca de corrupción en la secretaría de Salud,
también hubo un incendio, justo en las oficinas administrativas, donde se supone,
está la documentación que podría probar el mal uso de los recursos públicos.
La
utilización de grupos de choque para borrar las huellas, es la versión que más
cree la sociedad. Y tiene razón, puesto que hasta el día de hoy, no ha habido
un solo acto de transparencia por parte de la administración de Manuel Velasco
Coello.
Las
instancias creadas para combatir la corrupción y transparentar el gasto
público, han servido para lo contrario: solapar el saqueo de alcaldes y
funcionarios.
El “vandalismo”
al que se recurre —para, además, desviar la atención de los graves problemas
financieros del Estado—, más parece una estrategia que acorrala a los presuntos
responsables, quienes, como siempre y como único argumento, acusan a los medios
de comunicación y periodistas, de estar confabulados con el gobierno —al que se
sospecha, sirven ellos— en una campaña en su contra.
A quien más
le conviene, quien se beneficia de la ingobernabilidad, es el gobierno mismo;
mientras tenga ocupados a los chiapanecos con los resultados de ese terrorismo,
sus funcionarios seguirán, a sus anchas, llevándose lo poco que queda. Si los
normalistas tienen exigencia real alguna, que la expresen con inteligencia. No
con acciones que benefician a quien, supuestamente, atacan.
En medio del
desorden, no cabe ninguna esperanza de retornar a la institucionalidad. No hay
un gobierno que escuche y atienda a la gente. Las exigencias de, por lo menos,
garantizar las mínimas condiciones para vivir en paz, son constantemente
desoídas; pareciera que al mandatario, no le importan los chiapanecos. Es, el suyo,
quiera o no admitirlo, un gobierno fallido, una administración sorda y carente
de apoyo social.