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Angel Mario
Ksheratto
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| RLS, obligado a investigar. |
El fiscal
Especial, Luis Alberto Sánchez, se ha hecho notorio por la resolución, in situ, de dos casos que el FBI
norteamericano o la Scotland Yard inglesa, habrían tardado meses, y quizá años,
en resolver: el descuartizamiento de un hombre en el centro de la ciudad (en
menos de 24 horas), y el misterioso robo de un pantalón deportivo, un par de
calcetas y probablemente, otros trapos íntimos de su mujer (en menos de dos
horas).
La celeridad
en ambos casos ha llamado la atención; en el primero, por las contradicciones
en la investigación y en el segundo, porque, a todas luces, ha incurrido en abuso
de autoridad, torcimiento de la ley y uso de ésta en beneficio propio.
Karla, es
una chica de 19 años que llegó a Tuxtla Gutiérrez con la finalidad de estudiar
una carrera y alcanzar así, la superación personal que se propuso desde niña.
Estudia Administración en una universidad particular y para solventar los
gastos que le genera la escuela, entró a trabajar como empleada doméstica en la
casa del señor fiscal, Luis Alberto Sánchez Sánchez.
El lunes a por
la mañana, la esposa del fiscal —especializado en delitos de homicidio y
feminicidio y también, integrante de la Mesa de Seguimiento de la Alerta de
Género en la entidad—, le informó que no encontraba sus prendas de vestir por
ninguna parte.
Para cuando
Karla regresaba de su natal pueblo para reintegrarse a sus labores en casa de
Sánchez Sánchez, ya la esperaban hombres fuertemente armados, quienes, con lujo
de violencia, la trasladaron a la Fiscalía, donde se le acusó de robo agravado,
delito por el cual, de inmediato, fue consignada ante un juez, quien desde el
mismo lunes, ordenó su confinamiento en el penal de alta peligrosidad
denominado “El Amate”.
Como es
práctica común en la Fiscalía, a la acusada no se le respetaron sus derechos;
no tuvo acceso a una llamada telefónica, no se le presentó orden de aprehensión
y tampoco le informaron las razones de su detención. El expediente le fue “armado”
en cuestión de casi minutos; algo así como entre siete y ocho de la mañana.
¿Por un pants y un par de calcetas? El robo
agravado —si bien en el Código Penal se incluye a los trabajadores domésticos
en función de la confianza otorgada—, para tipificarse como tal, debe existir
violencia, amenazas, lesiones y otras agravantes que, evidentemente, no
existieron aun cuando Karla hubiere sustraído los dos mugrosos trapos.
El abuso de
poder y el uso de influencias, así como el acomodo de las leyes a favor, es
obvio en el caso contra una muchacha que lo único que quiere en la vida, es
superarse. Y vaya usted a saber si no la acusaron, para no pagar el sueldo a
Karla. Ha ocurrido infinidad de veces que los patrones, acusan al servicio doméstico
para evadir responsabilidades salariales.
Ahora bien,
el asunto llama la atención porque el fiscal Sánchez Sánchez, es el encargado
de investigar actos de violencia contra la mujer en Chiapas. ¿En manos de quién
está esa tarea? Es de suponer que parte de su trabajo oficial, su
responsabilidad institucional y compromiso ético, es defender a las mujeres de
la violencia, no utilizar el cargo para perseguirlas, acosarlas, encarcelarlas…
Y lo peor: injustamente.
El fiscal
General, Raciel López Salazar, está obligado a revisar el actuar de su
subalterno, toda vez que ha puesto en tela de juicio la voluntad (o supuesta
voluntad) de la Fiscalía para resolver decenas y decenas de feminicidios. De
hecho, la acción judicial contra una empleada doméstica, por un robo que quizá
no cometió, demuestra que en sí, las instancias creadas para proteger a las
mujeres de violencia, son solo fachada. Nada en serio, nada concreto.
Porque desde
la propia Fiscalía se persigue a la mujer, por el solo hecho de ser mujer, ser
pobre y no tener los medios suficientes para defenderse frente a quien tuerce
la ley para beneficio familiar.
Mucho nos
tememos que, para salirse con la suya, el fiscal Luis Alberto, invente delitos
mayores contra Karla. No dudamos en que le siembre pruebas y la acuse hasta de
delincuencia organizada.
En ese
escenario, ¿le creemos sus versiones en torno a los crímenes que ha “resuelto”?
Si ha enrollado la ley para ensañarse contra una pobre e inocente muchacha,
¿debemos creer que no ha hecho lo mismo contra quién sabe cuántos inocentes?
Suponiendo,
sin conceder, que su trabajo ha sido eficiente, el abuso contra Karla, lo
desacredita. Peor aún: desacredita a la Fiscalía, al Fiscal General y al
gobernador mismo. Su misoginia, lo descalifica para estar al frente de una unidad
contra los feminicidios. Porque explica la razón por la que muy pocos
feminicidios se han resuelto. Y no lo puede ocultar.