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Angel Mario
Ksheratto
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| Restringir el derecho de libre tránsito para robar a los ciudadanos. |
“Hemos sido
tolerantes hasta excesos criticables”, repitió hace unos meses el gobernador
Manuel Velasco Coello, para advertir que la presión social para aplicar el
Estado de Derecho, había tocado fondo y en tal virtud, la templanza frente a
excesos de diversos grupos sociales minoritarios que mantienen secuestrada a la
sociedad en su conjunto, habría terminado para entonces, aplicar los rigurosos
correctivos que contempla la ley.
La atracción
de la frase —pronunciada por el asesino Díaz Ordaz antes de masacrar a cientos
de estudiantes en 1968—, atrajo también duras críticas contra el gobernante
que, por primera vez —aún equivocado y absurdamente envalentonado—, daba
muestras de haber entendido su papel de estadista, con todo y las consecuencias
políticas y sociales de habría de asumir.
Casi
paralelamente, el Congreso del Estado, por obligada ordenanza del Ejecutivo,
aprobó un ramillete de leyes severas contra quienes secuestrasen las vías de
comunicación y limitaran los consagrados derechos de libre tránsito contenidos
en la Constitución General de México. Nada extraordinario ha ocurrido desde
entonces.
La toma de
casetas en tramos federales para recaudar “fondos” para causas nada claras, el
cierre de carreteras y la obstrucción de calles y comercios en las ciudades, es
tan cotidiano que el día que no hay uno o más grupos causando daños a la economía
y limitando las libertades civiles, causa profunda extrañeza.
Cierto es
que muchos grupos razonan su protesta, aunque no justifican acciones
deplorables como el secuestro de ciudadanos, tal y como ocurrió éste martes, en
pleno centro de la ciudad, cuando un grupo de personas, cerró vialidades y
exigió diversas cuotas para permitir el paso a los automovilistas.
El hartazgo
por la pasividad gubernamental, el desorden y la falta de garantías en todos
los sentidos, es inocultable; ello ha generado incertidumbre y ha exacerbado
los ánimos de la sociedad, pero también, ha dado manga ancha a grupos de
oportunistas —que aprovechan la ineficacia del gobierno para escuchar y atender
demandas justas—, para convertir la sana exigencia en pretexto para someter a
la mayoría de chiapanecos que lo único que quieren, es llevar pan a su mesa.
No es que se
le esté pidiendo al gobierno tácticas de represión, ni actos al margen de la
ley que nos arrastren a un Estado criminal. Solamente el estricto cumplimiento
de la ley; mano firme para contrarrestar abusos y excesos de grupos violentos
que amenazan y despojan a la ciudadanía, no solo de derechos y libertades, sino
de los pocos centavos que ganan en sus trabajos.
En cualquier
país del mundo, el Estado es más fuerte que grupos de interés y mucho más,
cuando éstos desestabilizan y ponen en riesgo la seguridad y el desarrollo de
los pueblos. ¿Acaso 100, 200, 300… mil o dos mil gentes sin oficio ni beneficio,
son más fuertes que el Estado? ¿Debemos estar sometidos a ellos, los cuatro
millones de habitantes de Chiapas?
La debilidad
del gobierno es terriblemente preocupante. Al mandatario en turno, parece no
importarle el bienestar de los ciudadanos; a sus funcionarios, tampoco.
La catástrofe
en que se han convertido las instituciones y el desorden jurídico que priva en
la entidad, ha llevado al estado hacia el abismo. No estamos al borde, sino en
el fondo de una profunda barranca de ilegalidades, abusos y violaciones
inaceptables a los derechos humanos.
Al
desbarajuste social y legal, agreguemos la crisis financiera, derivada de
presuntos actos de corrupción, cometidos, aparentemente, por funcionarios de
todos los niveles, incluidos aquellos que han construido una cortina de humo
para que Velasco Coello, no vea la terrible realidad de Chiapas.
La urgencia
debe radicar en el inmediato rescate del marco jurídico, la credibilidad de las
instituciones y la depuración del gabinete que hasta hoy, solo ha pervertido el
arte de gobernar. Chiapas no puede seguir siendo rehén de minorías
oportunistas, ni de autoridades enclenques que, a pesar de la crisis en que
tienen a la entidad, confían en captar votos para las siguientes elecciones.
Gobernar no
es solo entregar despensas y echar verborrea insulsa; gobernar es garantizar, a
todos y sin distingos, un desarrollo equilibrado. Es aplicar la ley y ofrecer
certezas jurídicas. Es llenar todos los vacíos para que la gente viva conforme
a normas, no de acuerdo a caprichos unilaterales.
No hacer uso
de los instrumentos legales y jurídicos, es compartir el caos cuando no,
promoverlo para sacar, en su momento, raja política. Manuel Velasco, puede que
todavía esté a tiempo de cumplir con la obligación constitucional que asumió el
día que tomó protesta. Si él quiere, claro está.