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Angel Mario Ksheratto
Son posturas
diametralmente opuestas; Efraín Orantes Abadía, conservacionista de fauna, afirma
tener pruebas contundentes de sus acusaciones contra directivos del célebre
Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZOOMAT). Carlos Guichard Romero, biólogo y
director de la institución, también asegura tener documentos que rebaten los
dichos del primero.
Escuchar a
uno y otro, deja la sensación que están en lo cierto; que cada uno tiene
elementos de acusación y defensa. Es común en ese tipo de confrontaciones,
aunque ambos niegan que las diferencias lleguen a ese punto crítico. Se
declaran defensores de la fauna, principalmente de aquellas especies en peligro
de extinción. ¿Quién dice la verdad?
A reserva de
presentarles la versión videograbada de ambos, para que usted, lector, se forme
su propio criterio, le entrego un resumen del asunto que, hay que decirlo, no
es menor, puesto que se trata de un tema intrínsecamente relacionado con la preservación
del medio ambiente y la protección de las especies animales.
Para Orantes
Abadía, el área de cuarentena es en sí, un “campo de concentración” donde
conviven especies distintas en la misma jaula. Y pone como ejemplo el de las
aves. Efectivamente, en una sola jaula conviven una guacamaya roja y un tucán.
Lo pudimos corroborar durante un recorrido con el director del ZOOMAT, Carlos
Guichard Romero, quien en su defensa, explica que ambas aves, no tienen
conflictos de ninguna naturaleza y por lo tanto, su convivencia es permitida… Y
normal.
Otra de las
acusaciones del conservacionista es que muchas de las especies no cuentan con
una legal procedencia; es decir, que para su aceptación en el zoológico, no se
llenaron los requisitos legales de rigor, ni se cumplieron con los protocolos
sanitarios existentes, lo que, alega, pone en grave y serio riesgo, la salud
del resto de animales.
En
respuesta, el biólogo Guichard, afirma que se tiene la infraestructura adecuada
y necesaria para determinar el estado físico de los animales y actuar conforme
a las condiciones de éstos; explica que el área de cuarentena funciona en
óptimas condiciones y asegura que cada ejemplar admitido para su recuperación
en ése sector, cuenta con toda la documentación emitida por instancias
federales, incluyendo certificados de salubridad requerido, que les garantiza
proteger a todas las especies de cualquier brote epidémico, ejemplifica.
En ese
contexto, ahonda en el tema del alto índice de mortalidad que acusa Orantes,
quien afirma que en los últimos meses, habrían muerto alrededor de 20
ejemplares: “Como todo ser vivo —dice— hay muerte de animales, especialmente
los que nos manda PROFEPA; son animales que vienen heridos, desnutridos,
golpeados y que ya no responden a los tratamientos veterinarios”.
En ese tenor
va el asunto respecto a una de las instituciones más queridas de Chiapas. La
más reconocida en materia ambiental a nivel latinoamericano. Orantes Abadía ha
mostrado copias documentales de sus acusaciones; Guichard Romero ha abierto las
puertas del ZOOMAT, incluso a zonas restringidas para refutar a su acusador.
Alguien debe
tener la razón y alguien debe ordenar una investigación más allá de lo que se
debe mostrar. Y posterior a ésta, determinar las medidas apropiadas; en una
parte de la entrevista con el director del zoológico, admitió que existen
algunas carencias y eso, debe tomarse en cuenta para devolver el brillo al
lugar o mejorar el que ya se tiene.
Ha sido
buena la denuncia del conservacionista, porque abrió un debate; y ha sido buena
la reacción del director, porque busca transparentar, dentro de lo que cabe, a
una institución que merece toda la atención de las autoridades, especialmente ahora
que se tiene un gobierno ecologista. A simple vista, parece no haber fallas.
Pero habrá que ir más a fondo. Revisar interinstitucionalmente el tema, debe
ser obligación prioritaria y urgente.
Por
desgracia, otras instituciones involucradas como la Secretaría del Medio
Ambiente e Historia Natural, por ejemplo, han reaccionado burdamente. Su
titular, Carlos Morales Vázquez, ha enderezado una campaña de intimidación, acoso
y amenazas contra Orantes Abadía, lo que ha generado sendas demandas penales
ante la PGR y quejas ante la timorata CEDH. ¿Había necesidad?