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| Incapacidad e inoperancia. |
Días antes, el funcionario desplazó una estrategia para obligar a los transportistas a reanudar labores, luego que los monopolizadores de éste, convocaron a un paro que se cumplió solo parcialmente, en virtud de las amenazas de revocar los permisos oficiales y aplicar otras medidas rigurosas.
La decisión de someter a ese sector a fuerza de intimidaciones, no
fue suya; provino del más alto rango, una vez que se supo que Culebro Velasco había autorizado aumentar el precio del pasaje, sin consultar con sus superiores, lo cual, trascendió, causó malestar y el posterior recule que evitó el alza, pero no solucionó el problema de fondo.
Así, mientras por un lado ha dicho que no aumentará el precio del pasaje en taxis y colectivos, por otro ha ofrecido a los transportistas elevarlo, lo que si bien contiene de momento la crisis, la está alimentando para que, una vez desatada, tenga proporciones mayores y cause más estragos de lo previsto. Ello, como bien sabemos, derivará en actos que podrían rebasar la ya de por sí desgastada autoridad moral del gobierno.
Todo ello es un indicativo preocupante. Porque se está gobernando sin responsabilidad y sin el compromiso de mantener el orden y la paz, mediante la solución de problemas a través de acciones firmes y responsables. Preocupa que a funcionarios como el titular del Transporte, lo único que le interese es salvar su propio pellejo, sin tomar en cuenta la catástrofe que caerá sobre la sociedad.
No se trata de dar atole con el dedo a unos y a otros; porque a los dos debe cumplir. Los “análisis” que según Culebro Velasco se están llevando a cabo para determinar el alza o no, deben pasar por estudios socioeconómicos serios y apegados a la realidad económica, principalmente de las familias con ingresos menores y gastos superiores en la canasta básica, educación y salud. Hasta hoy, el funcionario en cuestión, no ha especificado que tipo de estudios se realizan, dónde, ni que metodología se está utilizando.
Es obvio que al sector de interés, también se le debe realizar análisis socioeconómicos. Por ejemplo, determinar si es viable que a un concesionario con dos o cinco o treinta y cinco o más de cien permisos, se le autorice un aumento desmedido. Dado que se pretende seguir permitiendo el delito del monopolio, que se autorice el aumento, solo a los que tienen el único permiso que establece la ley.
Eso sería lo justo, lo viable. Y es lo que se debe hacer. De hecho, el gobierno del Estado tiene la facultad para revocar los cientos de concesiones en unas pocas manos. Y no solo la facultad: tiene la ineludible obligación de retirar esos permisos y repartirlos entre los verdaderos conductores del servicio público. No hacerlo lo convierte en cómplice de un delito.
Un buen comienzo sería también, sanear a la misma secretaría del Transporte; la corrupción en esa dependencia es apabullante. De hecho, esa ha sido la causa por la que los pulpos del transporte se apropien de más concesiones de la única que permite la ley. Mientras persistan las viejas prácticas, nada bueno se puede esperar y más, si se tiene como titular a un hombre que está jugando con fuego y poniendo en riesgo la estabilidad social de Chiapas.
El problema del transporte público en la entidad, solo se solucionará con medidas acertadas, no con ocurrencias, mentiras y más corrupción. Éstas deben pasar por varios filtros y ser vigiladas por personas honradas, capaces y eficaces. Carlos Mario Culebro, no garantiza mejoras en ese sector. Ha mostrado con perfecta claridad su incapacidad para solucionar los problemas de fondo. Se requiere ahí, un funcionario con amplia visión, no un improvisado que acostumbra a solucionar sus diferencias con gritos, amenazas, sombrerazos y golpes.
Por el bien de Chiapas y el mejoramiento del servicio público en modalidad de transporte, éste debe renunciar para dar paso a uno que sí sepa y que tenga los pantalones suficientes para poner orden con inteligencia, honradez y eficacia. No hay otra alternativa.