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Contrato con PROACTIVA, bajo sospecha


La única alternativa, revocar el contrato con PROACTIVA.
Se preguntarán por qué afirmo que el contrato entre la contaminadora empresa PROACTIVA y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, está bajo sospecha de ser éste, un negocio turbio y que, por sus consecuencias nocivas al medio ambiente y por las rabietas de ambas partes en los últimos días, debe ser revocado de inmediato. Tengo frente a mí, copia de dicho contrato. En éste encontramos algunas inconsistencias que deben ser aclaradas.
Se especifica que en cumplimiento al decreto 141, emitido por el Congreso del Estado, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para concesionar el servicio de limpia, se celebra el contrato con la empresa denominada PROACTIVA, quien, según éste documento, cumplió con los requerimientos de la licitación respectiva. De esa forma, la empresa contratada acreditó tener, entre otras exigencias, “un sitio de disposición final”. Es decir, terreno propio dónde reciclar y destruir la basura recolectada.
No obstante, en el mismo convenio, el Ayuntamiento —entonces presidido por Rosario Pariente Gavito— se declara “legítimo propietario” de los predios “Lacandón” y demasías del predio “San Francisco Tucutzano” y el predio “Monte Líbano”, sobre los que PROACTIVA construyó el relleno sanitario y otras instalaciones. Si PROACTIVA acreditó tener un sitio de disposición final, ¿por qué el Ayuntamiento cedió terrenos de su propiedad para que la empresa funcionase?
Otro punto que llama la atención es que en el contrato, el Ayuntamiento admite haber recibido de parte de PROACTIVA, 23 millones 655 mil 324 pesos, “correspondiente al 60 por ciento de 39 millones 425 mil 540 pesos, como cooperación al Ayuntamiento, por concepto de los estudios y gastos relativos del proyecto (…)” (sic). Al mismo tiempo, el Ayuntamiento inició “los trámites necesarios para obtener del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, recursos provenientes del Fideicomiso número 1902 denominado “Fondo de Inversión en Infraestructura, bajo la modalidad de apoyo no recuperable…” ¿No se supone que PROACTIVA ya había pagado esos gastos?
Ahora bien, PROACTIVA declara en la celebración del multicitado contrato que cuenta, para su operación en la capital de Chiapas, con 127 millones, 14 mil 633 pesos con cuatro centavos. La deuda del Ayuntamiento de Tuxtla era de 120 millones; se ha abonado una parte y se presume que el adeudo oscila entre los 60 y 80 millones de pesos. Sin embargo, aclara que “para cubrir las inversiones necesarias para llevar a cabo lo pactado en el presente contrato, promoverá, gestionará, obtendrá y aplicará recursos económicos por un monto de 419 millones, 181 mil 253 pesos, que incluye los recursos provenientes del apoyo no recuperable que obtenga el Ayuntamiento”.
Es decir, esa empresa en realidad, no invirtió nada; solo puso el nombre. Si nos vamos a los porcentajes que se manejan en el referido contrato, ésta se descapitalizaría si los recursos de operación se redujeran un 25 por ciento. Si su inversión real fue de 27 millones y contando el anterior adeudo de 120 millones, PROACTIVA venía operando con menos del 8 por ciento de su inversión, cifra escandalosamente baja para cumplir con sus obligaciones.
Esa debió ser ya, una razón de forma y fondo para revocar el contrato. El Congreso del Estado, así como tuvo facultad para emitir el decreto correspondiente para la celebración de éste, tiene la obligación de derogarlo y ordenar al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, su inmediata casación. ¿Por qué? Porque así lo estipula el documento en mención.
Una de las principales cláusulas para la rescisión del contrato es clara: Se revocará éste cuando la empresa PROACTIVA, se niegue a prestar el servicio, en virtud de afectar al propio Ayuntamiento y a terceros. En este caso, a la ciudadanía. Como hemos notado en los últimos días, dicha compañía se ha negado a recoger la basura, lo cual es motivo suficiente, incontestable para que, tanto el Congreso del Estado como el Ayuntamiento, prescindan de sus servicios.
El perjuicio contra los tuxtlecos es notorio y por lo tanto, aplicables son las cláusulas; si PROACTIVA viene operando con menos del 10 por ciento de sus capacidades, es otra razón para ser desechada como prestadora del servicio de limpia. Más aún, si revisamos las disposiciones para la anulación, todas han sido violadas por esa empresa, lo que nos obliga a preguntarle a las autoridades involucradas: ¿Por qué la siguen protegiendo? ¿Qué intereses económicos hay detrás que esa empresa tiene a los tuxtlecos sin servicios? La revocación del contrato, es de urgente resolución. Gritos y sombrerazos, no sirven de nada.

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