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| ¿Irán a la cárcel? |
La bribonada, según los mismos Consejeros del INE, fue comprobada con creces e incluso, habían adelantado horas antes que los siete consejeros del IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana), serían fulminantemente cesados. En el expediente abierto contra esa institución en Chiapas, encontraron los investigadores, elementos de sobra no solo para decretar la destitución, sino para pedir a la autoridad competente, abrir una carpeta penal, en virtud de la gravedad del fraude.
De hecho, Marco Antonio Baños, se había pronunciado inicialmente no solo a favor de la destitución de los siete miembros del IEPC, sino que había sugerido que la investigación se ampliase, debido a que se tenían elementos para presumir que no solo en la elección del candidato a diputado migrante, se habría cometido fraude.
No obstante, fue éste quien al final, cambió la intención de su voto, se olvidó de su petición primera y pidió que la votación se hiciera caso por caso, lo que impidió el despido de la totalidad del Consejo chiapaneco. Horas antes, Baños, Benito Nacif y Javier Santiago, se reunieron en la ciudad de México con el personero del Pablo Abner Salazar, César Chávez. Hay que recordar que María de Lourdes Morales Urbina, la principal implicada no solo en el fraude electoral sino en desvío de recursos electorales, fue jueza de consigna durante la dictadura pablista, época cuando su carrera política despegó vertiginosamente.
Lam impresión que se tiene desde que se conoció el parcial resultado del INE, es que hubo manipulación para favorecer a los cuatro consejeros que lograron mantenerse en el cargo, lo cual también, es un acto de corrupción imperdonable.
Si revisamos el actuar del IEPC antes, durante y después del proceso electoral pasado, encontraremos prácticas desaseadas que configuran delitos graves que deberían ser severamente castigados. Expertos en el tema han dicho que los siete consejeros del IEPC y parte del personal administrativo, son merecedores de juicio político. Aparte, acreedores de sanciones penales, toda vez que se ha comprobado que utilizaron recursos públicos para uso personal.
Recordemos que en pleno proceso electoral, fueron acusados infinidad de veces de omitir deliberadamente las cláusulas para favorecer la equidad de género, entre otras graves faltas que debieron ser tomadas en cuenta por el INE para sancionar como corresponde.
Pero, ¿qué hay detrás de ese veredicto amañado? Pese a que el IEPC torció la ley para favorecer a candidatos oficialistas, las diferencias se ahondaron entre la clase gobernante y ese órgano electoral. Una fuente de toda confianza, reveló hace días que las diferencias se hundieron ante las presiones de los consejeros para que se les aumentase la cuota financiera que recibían bajo la mesa.
Ante la negativa, amenazaron entonces con delatar las componendas entre los consejeros y la Secretaría de Hacienda. En respuesta la dependencia habría amenazado con no solo retirar los apoyos extraordinarios, sino reducir el presupuesto del IPEC en cuestión de gasto corriente. El tono de las discusiones, nos cuentan, era cada vez más ríspido. Dadas las circunstancias, en el seno del gobierno doméstico, se tenía la certeza que desplazarían a los siete consejeros.
Pero vino de una fuente inesperada, la salvación de éstos. ¿Qué interés tendría Pablo Abner Salazar para salvar a los consejeros expertos en fraudes electorales? ¿A quién beneficiará? Hay quienes opinan que a nadie; su intención es hacer presencia y demostrar que tiene poder, que tiene control. Otros son de la idea que la administración de Manuel Velasco ha caído en un vacío sin precedentes, lo que ha generado que hoy, cualquier hijo de vecina, haga lo que en buena o mala gana le venga.
Como quiera, una cosa es cierta: el INE, queriendo corregir y castigar el fraude electoral en Chiapas, cometió otro der gran envergadura. Trata esa institución de lavar la ropa sucia con lodo. Y así, por donde se le quiera ver, es otro fraude. Pero que el cometido por los consejeros chiapanecos.