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| Minerva Pineda, demandante. Foto: Juan González. |
Según reportes de prensa de la ciudad de Tonalá, en días pasados fueron detenidos tres sujetos, acusados de robar ganado. Padre e hijo, entre los detenidos. No es la primera vez que familias completas son detenidas en esa región por el mismo delito. En el reciente caso, el muchacho, menor de edad, fue quien más sufrió las consecuencias de la mala, pésima praxis policial.
Según declaraciones de la madre de éste, Minerva Pineda, a su hijo de 17 años, enfermo, los policías lo sometieron a graves torturas para que admitiese haber participado en un robo de ganado, sin que hasta hoy, se sepa de quién era propiedad y tampoco, quién interpuso la demanda. Alexis Gutiérrez Pineda, el detenido, fue brutalmente golpeado en diversas partes del cuerpo; en varias ocasiones, fue sumergido en un tonel de agua sucia, además de haber sido electrocutado en sus partes nobles, hasta que, para evitar más martirio, aceptó ser parte de una banda de roba-vacas.
A su padre no le fue mejor. Elicer Gutiérrez fue torturado por el propio agente del Ministerio Público, de apellido Garzón, quien impidió a la familia de los detenidos, verles durante más de 72 horas. Prepotente, el funcionario negó primero que estuviesen ahí los detenidos, lo cual es una clara violación a los derechos humanos de éstos y más, porque ambos —por las pruebas y testimonios de sus vecinos de la pesquería “Pueblo Nuevo”, de aquel municipio—, nada tuvieron que ver con el delito por el que los acusan.
En efecto, Alexis y Elicer, son humildes pescadores; a eso se han dedicado toda la vida. Pero la injusticia los alcanzó, a través de un “grupo especializado contra el abigeato”, sobre quienes pesan graves acusaciones de violaciones reiteradas a los derechos humanos. Repito: no es la primera vez que acusan sin fundamento a ciudadanos honrados, gente humilde que nada tiene que ver con grupos criminales.
A los detenidos (hay un tercero implicado cuya identidad no ha sido proporcionada) se les llevó a prisión sin tener, los policías, una orden de aprehensión. Poco antes de la detención, cuenta la señora Pineda, llegaron a su domicilio haciéndose pasar como encuestadores del DIF. Bajo engaño, los sacaron de sus casas; les dijeron que tendrían trabajo en Puerto Arista, uno que el DIF les ofrecía para combatir la pobreza.
A Elicer, lo obligaron a firmar su declaración de culpabilidad mientras un policía apuntaba su arma a la cabeza de su hijo; igual procedimiento con el joven para que se declarara culpable de un delito que jamás cometió. En la pesquería donde viven, reina la confusión. Conocen de sobra a los detenidos y saben a ciencia cierta que serían incapaces de robarse una piedra del camino. Saben que están siendo inculpados injustamente.
Y nosotros acá, comprobamos una vez más que los “métodos científicos” con que la Procuraduría investiga, son sencillamente, inexistentes; son solo para hacernos creer que estamos en la modernidad investigativa, pero en realidad, se sigue “investigando” con métodos prehistóricos, ilegales e inhumanos. Ello sigue robusteciendo el sistema de corrupción e impunidad que ha generado que inocentes estén en la cárcel y los verdaderos delincuentes, libres.
La petición de la familia de Elicer y Alexis, es sencilla: que se investigue a fondo y se demuestre la inocencia de ambos. Porque a juzgar por todos los que los conocen, lo son. Y porque la procuraduría de Tonalá, se ha negado a decir quiénes son los demandantes de ellos. Obviamente, es también exigencia, que se castigue con severidad al ministerio público y a los agentes involucrados en ese acto de brutalidad y abuso policíaco. Es lo justo.
A todo esto nos preguntamos: ¿Dónde está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Desde hace días, su presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, es acusado de abuso contra el erario al cobrar un sueldo de casi 160 mil pesos mensuales. ¿Le pagan para no proteger los derechos humanos de los inocentes? Su cercanía con el Procurador de Chiapas (son coetáneos, paisanos, compadres y familiares políticos) podría ser claro indicativo que para eso lo pusieron: para que nadie se entere de los excesos policiales. ¿A quién recurrir para que por fin haya justicia en Chiapas?
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