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| Criaderos abandonados ante el robo de recursos financieros. |
En Chiapas, según la SEMARNAT, existen casi 60 Unidades de Manejo para la Conservación de La Vida Silvestre o UMAS, como mejor se les conoce. Suena bonito, pero la verdad es que éstas se han convertido en una fuente de corrupción sin precedentes y lo peor, sin castigo para los responsables del multimillonario fraude, que involucra a funcionarios de la SEMARNAT, presuntos líderes de organizaciones sociales y empleados del gobierno del Estado que tienen como responsabilidad, hacer que el financiamiento, llegue a quienes en realidad lo necesitan y utilizan para lo que fueron creadas las UMAS.
Una de las principales implicadas es Patricia Gordillo Toledo, Jefa del Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Delegación de la SEMARNAT en Chiapas, quien ha tratado de defenderse de las acusaciones, con argumentos que nada tienen qué ver con el fondo del asunto, en el que además, figuran un empresario y una “líder” social, a quienes, mediante denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia de la República, se les implica de manera directa, sin que hasta ahora, la autoridad competente, cumpla con su función, que es la de apresar a lo que podríamos llamar sin atenuantes, una banda criminal.
De acuerdo al expediente CHIS-2014-0001064, María González Muñoz, denuncia ante la delegación de la SEMARNAT, el fraude del que fue víctima por parte de Mario Alberto Bautista Olivares, aparente propietario de la empresa “Cien por ciento aves”; éste, se comprometió, de acuerdo al expediente, a vender a la denunciante, venados cola blanca, iguanas y pecarís de collar, a precios “especiales”, empero a la hora de la recepción de los animales, no cumplían con las características pactadas. Lo peor, la mayoría murió a los pocos días de haber sido entregados por esa empresa.
Desde esa primer denuncia, figura el nombre de Juana García Palomares, jefa del Centro de Investigación y Experimentación de Alternativas Agroecológicas, una agrupación que, conforme avanza la investigación, está dedicada a defraudar a productores y campesinos. Rafael Hernández Díaz y Riquelme Pérez Ovando, también acudieron a la PGR para interponer denuncia contra García Palomares y Mario Alberto Bautista Olivares, a quienes sindican de varios delitos entre éstos, asociación delictuosa, fraude, abuso de confianza y otros.
¿Cómo opera esa banda delincuencial? Según los expedientes levantados ante la PGR, cuyas copias obran en poder de Artículo Único, éstos convencen a los potenciales criadores de fauna silvestre para solicitar recursos ante la SEMARNAT; García Palomares, supuestamente bióloga, junto con su hijo Manuel Anzaldo García, hacen todo el trámite ante esa dependencia, cuya autorización depende del “diagnóstico” que Patricia Gordillo Toledo presente ante el encargado de autorizar los recursos financieros que van desde 800 mil hasta tres o cuatro millones de pesos.
A reserva de tenerle en posteriores entregas el testimonio ministerial de las víctimas, le adelanto que la forma de operar en los casos en que los mencionados han estado involucrados, es el mismo: una vez autorizada la cantidad de dinero, convocan a la víctima, le hacen abrir una cuenta bancaria y solicitar una tarjeta de débito. Con el dinero en la cuenta del estafado, piden a éste que haga diversas transferencias a las cuentas de los estafadores. Generosos ellos, dejan que la víctima se quede con 100 o 200 mil pesos.
Posteriormente, Palomares García que asume el papel de “asesora” del productor, elabora informes falsos, con fotografías e incluso, videos de los criaderos de fauna silvestre, mismos que son “avalados” por Gordillo Toledo, quien sin duda, se lleva su buena tajada de ese descomunal fraude. Insisto, cuento con suficientes pruebas documentales de ése fraude que, se supone, no debería permitirse.
¿Quiénes más están involucrados? ¿Por qué las autoridades lo siguen permitiendo? ¿Actuará la PGR contra los implicados, cuyas pruebas en su contra son irrefutables? Seguiremos con más pruebas documentales.
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