 |
| Padres de la bebita asesinada. |
A Kimberly Isabela Albores Ramírez, bebita de un año y siete meses de edad, claramente la asesinaron. Dadas las evidencias periciales detectadas en el lugar del crimen, murió estrangulada; las hematomas en el rostro y cuello, son indicios irrefutables que para matarle, la presunta asesina hizo uso de toda la alevosía, ventaja y el dolo necesarios. Algunos defensores de Citlaly Anahí Díaz, principal sospechosa material, arguyen que la muerte de la niña sobrevino durante el intento de resucitación en virtud de un no probado “atragantamiento”.
El peritaje forense, los desmiente. La menor no tenía residuos de alimentos en su cuerpo e incluso, se presume que presentaba leves signos de deshidratación. La conclusión oficial es que murió por “asfixia mecánica por ahorcamiento”. Es lo que afirma la doctora Ana Elena Hernández Salazar, perito médico, adscrita al Servicio Médico Forense. Fue, insisto, en base a lo anterior, un asesinato doloso.
Doloso, porque de acuerdo al Código Penal vigente, éste se tipifica en virtud de la intencionalidad del agresor; es decir, quien asesinó a Kimberly, tuvo el propósito determinante de quitarle la vida. El recuento de los hallazgos ministeriales que en su oportunidad dio a conocer la Procuraduría de Justicia, confirman que, tras la realización de todos los procedimientos rutinarios, se habría determinado que en efecto, a la bebita, la habrían asesinado con dolo.
Ernesto Hernández, Juez Tercero del ramo Penal, sin embargo, no piensa lo mismo y, sin mediar explicación, reclasificó el delito, calificándolo de culposo. Es decir, que éste fue accidental, fortuito o involuntario. Ello ha levantado un alud de críticas contra el juzgador. Y no con escasa razón.
A simple vista y bajo cualquier lógica, no hay elementos para la reclasificación del delito. No existen bases jurídicas para tal acción. Las pruebas son incontestables, irrefutables. Cuatro motivaciones de fondo, se alcanzan a ver en la decisión tomada por el juez Hernández: corrupción, complicidad, consigna, ignorancia.
Porque con la reclasificación, Citlaly Anahí Díaz y Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez (encargada de la guardería “Pasitos de Colores” donde asesinaron a la bebé), las dos implicadas, salieron libres, sin ninguna restricción judicial, lo que se ha interpretado como un acto deliberado para que ambas, huyan de Chiapas, como se rumora, ya ha sucedido.
¿Quién saldría beneficiado con la liberación de las presuntas culpables del crimen? ¿Qué se pretende tapar con esa acción al margen del procedimiento penal?
Una cosa que casi no se ha tocado desde que asesinaron a Kimberly, es las condiciones con que operan las guarderías o estancias infantiles, como suelen llamarles. No existe la más mínima seguridad para los niños. El personal contratado por los dueños de esos lugares, se supone, debería ser supervisado por la SEDESOL, dependencia gubernamental que subsidia las guarderías. Más aún, quienes trabajen ahí, deben ser capacitados por esa instancia. No es así.
Citlaly Díaz, la presunta criminal, según se sabe, solo tiene estudios de preparatoria no terminados; Kimberly Albores, la víctima, no aparece en el padrón de beneficiarios, pese a tener algo así como seis meses de asistir, para su cuidado, en “Pasitos de Colores”.
Huele a corrupción y complicidad. A que con la determinación del juez, se busca esconder el fondo de un programa mal ejecutado y que tiene que ver con la seguridad de cientos, miles de niños en todo Chiapas. No se ha dicho, por ejemplo, por qué la SEDESOL, otorga crédito a cualquiera que se acerca para abrir una guardería, sin investigar los antecedentes de quien lo solicita.
Tampoco se ha explicado el fin de los recursos financieros que se captan por esa vía y que se otorgan sin cumplir con las normas de rigor. Deben decir, los encargados de SEDESOL, por qué se niegan a prestar los servicios médicos adecuados en las estancias infantiles. Si se trató de encubrir las anomalías en la dependencia en mención, cometieron un craso error, pues hoy, el escrutinio está sobre esa dependencia. Error, porque ni el juez ni los beneficiarios, previeron las consecuencias de una acción, igualmente dolosa que el propio crimen.
Rosario Robles Berlanga, titular de esa institución, acusada permanentemente de corrupción, tiene una mancha más encima. Y todo, por su incapacidad para atender los verdaderos asuntos de Estado. Un crimen, demerita al Estado mismo. Hasta ahora, todo indica que se pretende cometer el crimen perfecto; el de una bebita indefensa e inocente.
amksheratto@hotmail.com