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| ¿Que más da? |
En México, la perpetua manía de mentir para salvar situaciones incómodas, no sorprendió cuando el presidente Peña Nieto, en un arranque de tardía sinceridad institucional (la honradez personal, ni la toquemos), nombró al hijo de un reconocido abogado defensor de corruptos para que investigase el llamado “conflicto de intereses”, surgido tras el descubrimiento de algunas propiedades suyas bajo sospecha.
Alguien desprovisto de visión a corto plazo sobre crisis emergentes, aconsejó al presidente a cometer una pifia incomprensible para el grado de inconformidad que hay en el país e innecesaria si tomamos en cuenta que el lodo, no se limpia con más lodo.
Impensable que un funcionario bajo las órdenes de Peña Nieto, con salario pagado por el Estado y presupuesto operativo erogado por la Secretaría de Hacienda, vaya a “investigar” las probables malas prácticas de los involucrados. Es como poner de policías, a los bandoleros que asuelan una comarca. Y mucho menos, cuando vemos que los principales señalados son el propio Presidente y Luis Videgaray Caso, titular de Hacienda, a quien se le han encontrado propiedades de procedencia poco clara.
Virgilio Andrade, quien ha desempeñado cargos partidistas en el PRI desde que Enrique Peña Nieto surgió como candidato presidencial, revive la Secretaría de la Función Pública, eliminada del esquema institucional primero, bajo el argumento de falta de presupuesto y segundo, ante el anuncio que se crearía una Comisión Nacional contra la Corrupción, ente que atacaría de fondo el eterno mal de México.
Nunca se creó dicha Comisión; la sociedad, por una u otra razón, algunos Medios de Comunicación y organismos no gubernamentales, fueron quienes empezaron a ventilar casos de corrupción o —como tratan de atenuar— “aparentes” actos al margen de la ley. Se supuso que esa Comisión, estaría integrada por hombres y mujeres con un altísimo grado de probidad y serían totalmente independientes del gobierno. Al conocerse la podredumbre, al mandatario no le quedó más remedio que resucitar una dependencia que en el pasado, tampoco entregó cuentas claras.
Los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada y Calderón Hinojosa, no estuvieron exentos de las tentaciones de la corrupción. Las familias de éstos, amasaron grandes fortunas al amparo de una SFP apática, insensible, cómplice y tapadera de incontables actos de putrefacción. De tal forma que, ni la dependencia ni el encargado de éstas, dadas las condiciones, garantizan la erradicación de ese dañino proceder.
En los últimos días, medios estadounidenses, han dado a conocer nombres de exfuncionarios y exgobernadores mexicanos inmiscuidos en actos de corrupción escandalosos. Esto nos da un claro indicador que en materia de transparencia, México sigue dando pasos gigantescos… Para atrás. El discurso para transparentar el uso de los recursos públicos y las propiedades de los servidores públicos, es solamente palabrerío hueco que empieza por convencernos de lo contrario: la corrupción tiene atrapado al país entero.
Nombrar a un incondicional para que se haga cargo de erradicar viejas y nocivas prácticas que tienen su origen en las entrañas mismas del sistema, es una aberración que señala hacia una burla o por lo menos, hacia una irresponsabilidad inadmisible. Si el presidente Peña Nieto de verdad quiere combatir la corrupción, debe optar por medidas drásticas, más allá de posturas que solo lo dejan en ridículo.
Debe además, impulsar organismos independientes para dar credibilidad a sus actos; hasta hoy, solo ha añadido desprestigio a su ya destartalada imagen y desconfianza a una institución que no ha podido consolidarse ante una sociedad cada vez más contestataria y exigente. México debe salir de la crisis a la que la han sometido sus gobernantes y el primero en dar el ejemplo, es Peña Nieto, pero no con imposiciones cómodas para él, sino efectivas para los mexicanos. No tiene alternativa.
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