Desde la oficialidad, se ha tratado de evitar los términos que dan por desahuciado al Estado como garante de los derechos y obligaciones. El “Estado fallido” al que se han referido los críticos del gobierno de Enrique Peña Nieto, es cada vez más real y palpable en un país donde, por certeros que sean los resultados de una investigación policial, por ejemplo, la desconfianza triunfa y la autoridad, en ejercicio de la complacencia, admite yerros, recula y debilita su posición.
Ello ha engordado el oportunismo de no pocos ciudadanos que creen que el modelo de la anarquía, es la única solución a los problemas generados desde instituciones incontroladas e inmorales. De ahí, el hartazgo generalizado, puesto que de ninguna de las partes, surge una idea esperanzadora que vislumbre un mejor futuro para los mexicanos.
Cierto es que las instituciones del Estado no solo han sido infiltradas y rebasadas por la ilegalidad, la corrupción y la impunidad, sino que además, son controladas por personajes ligados al llamado crimen organizado, según lo han reconocido muy contados funcionarios públicos y políticos de renombre, cuya preocupación no es el país en sí, sino la probable vulneración de sus propios intereses financieros.
En ese contexto, no hay institución en el país que quede a salvo de la mirada inquisidora de la sociedad. El grito exigente de los mexicanos, va más allá de la desesperación y la impotencia: busca un cambio verdaderamente notorio, un cambio en el que los políticos deban hacerse a un lado, en virtud de sus recurrentes fallas y su permanente cinismo. La mejor demostración que los políticos son los principales responsables del desastre nacional, es el resultado de imposiciones de candidatos a puestos de elección popular. El caso del ahora preso alcalde de Iguala, acusado de la muerte de seis personas y desaparición de 43 estudiantes normalistas, no deja mentir a nadie al respecto.
Mucho se ha hablado de “reformas estructurales” para sacar a México de su ancestral rezago; algunas, hay que decirlo, son necesarias y urgentes. Otras, merecen un trato más profundo y otras, de plano, solo servirán para aplastar a la sociedad con la fuerza de un Estado con permanentes fallas. Ninguna reforma será beneficiosa si éstas, no se logran con el consenso de la sociedad y serán un fracaso, si en su aplicación, no se cuenta con el criterio adecuado.
Con todo y eso, el país está urgido de liderazgos sólidos, confiables y comprometidos.
Están descartados, definitivamente, aquellos cuya única intención sea la de hurtar el dinero del pueblo; también aquellos que se autoerigen en “líderes morales”, aun cuando la madre de sus intenciones, sea la inmoralidad, la desvergüenza y el cinismo. Aquellos que pretenden arrastrar al país al caos y la desesperanza, también pueden darse por descontados.
Con los políticos actuales, el país corre el grave riesgo no solo de estancarse, sino de retroceder. Por muchas reformas, pactos, acuerdos, sombrerazos, acusaciones mutuas y promesas, nada va a cambiar si los políticos protegen primero sus intereses y ambiciones y no las de un pueblo harto de mentiras, saqueos y cinismo extremo.
Ninguna crisis podrá ser superada si los ciudadanos no se involucran en la consecución de soluciones. Ello significa que no todo está perdido; desechando los caudillismos y rechazando a políticos corruptos, podremos avanzar y mucho. Mientras, como sociedad, sigamos los pasos de quienes por generaciones nos han engañado y robado, el país irá de mal en peor. A éstos, imposible pedirles que cambien.
México todavía puede salvarse; y no requiere de una revolución, sino de una profunda evolución de sus ciudadanos. Ello quiere decir que no es por medio de la fuerza, sino a través de la voluntad, el deseo y, por supuesto, la inteligencia. No podemos permitir que el país se diluya en manos de políticos ambiciosos, antidemocráticos, testarudos e ineptos. Es responsabilidad de cada uno, hacer que éste país salga de la crisis. ¿Estaría usted dispuesto a luchar por un México mejor? Feliz Año Nuevo, por cierto.
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