¿Y el orden interno? ¡Olvidado! |
Angel Mario Ksheratto
@ksheratto
La perturbación visual derivada de campañas electorales adelantadas, es un hecho que viola diversas disposiciones de ley, que prohíben expresamente ese tipo de actividad. Diputados locales y federales, senadores, alcaldes, secretarios de estado y particulares, se promocionan para cargos de elección popular incluso, para la gubernatura, aun cuando el actual mandatario, no cumple un año y medio de haber asumido el cargo.
Pero más allá de la contaminación visual, que por sí sola derriba el precepto ideológico del bienestar ambiental, está la abierta violación de por lo menos, tres Códigos de Ley y evidentemente, las Constituciones local y federal.
Solo la Ley de Responsabilidades General de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, es abierta y deliberadamente violada al incurrir, los arriba mencionados, en un delito que pocos quieren visualizar: el ataque a la libertad de sufragio. Lo que vemos en dichos actos son formas de coaccionar, preparar y disuadir la intención del voto ciudadano, de manera adelantada y en franco desacato a las normas de rigor.
En ese mismo tenor y de acuerdo al mismo Artículo 7 de la referida ley, se ataca a las instituciones democráticas, al omitir sus reglamentos y vulnerar los principios de equidad y libre participación. Además y por encima de toda posible lógica sobre la que los adelantados han fundado su pretensión política, esa misma ley establece que ningún funcionario, juez, diputado, alcalde y ciudadano, tiene facultades para causar perjuicio grave al Estado mediante actos deliberados u omisiones de cualquier naturaleza.
Si revisamos la Ley Electoral, quizá sea ésta la más agraviada con las campañas electorales adelantadas. En todo ese precepto, encontramos normas estrictas que todos los involucrados en el tema, han omitido de manera dolosa. Esto, evidentemente y a juzgar por los términos jurídicos utilizados en la redacción de las leyes, los convierte en transgresores de la ley… En delincuentes, para ser más precisos.
Y es justamente la de Servidores Públicos la que debería ser aplicada, si se tuviere plena voluntad para hacer que el Estado de Derecho, prevalezca en la entidad. Para ello, según ésta, es aplicable el juicio político a alcaldes, secretarios y subsecretarios de despacho, jueces, magistrados, diputados y cualquier otro servidor público que cause perjuicios al Estado mediante la torcedura de las normas de convivencia. (Ver el Capítulo I, artículo 5 de la LRSPECh.)
En materia ambiental, la intención de una Educación con Responsabilidad Ambiental (ERA) queda aplastada por las ambiciones políticas de los aludidos. Incluso, las iniciales de ese programa, son convenientemente utilizadas en la promoción personal de uno de éstos, quien ha empezado a invadir los espacios públicos con espectaculares y todo tipo de propaganda al margen de la ley. ¡Y de la lealtad institucional y personal!
La Fracción III del artículo 3 de la Ley Ambiental para Chiapas, dice a la letra: “(… se entiende por…) Alteración del paisaje: modificación de las cualidades de la imagen de un paisaje natural o urbano, causada por el aprovechamiento de recursos naturales o el uso de cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicio.”
Es perfectamente claro que existen alteraciones aberrantes; sobre el Libramiento Norte del lado poniente, hay una vista inmejorable de las paredes del Cañón del Sumidero. Lamentablemente, el espectacular del Secretario de Gobierno, quien ya se promueve como candidato a la gubernatura, cubre parte de la vista de esa belleza natural. La propaganda, además, está sobre un puente peatonal, aun cuando la regla electoral determina que ninguna vía de comunicación debe ser utilizada para propaganda de cualquier índole.
A todo esto nos preguntamos: ¿Existe la ley para estos personajes que hacen campaña totalmente fuera de las normas y esquemas? No. Actúan como si estuviesen por encima de la normativa, como si en Chiapas, no hubiese autoridad digna de ser respetada. Y se preguntará ellos mismos: ¿Por qué acatar la ley si el encargado de la política interna hace lo mismo mientras el estado se incendia? Puede que hasta tengan razón.
Algunos adelantados justifican sus gastos, diciendo que la propaganda y actos públicos que realizan, son pagados por terceros. ¿Ignoran acaso que la ley establece que no pueden recibir por sí mismos o por interpósita persona, prebendas, regalos y/o dinero en efectivo para actos que constituyan un delito? ¿Ignoran adrede lo estipulado en la Ley Electoral sobre financiamiento de partidos políticos y campañas electorales?
En síntesis y de acuerdo al espíritu de la ley, en el próximo rejuego electoral, ninguno de los adelantados podrá presumir de inocencia; todos han quebrantado la ley y el hacerlo, los hace, como ya dije líneas arriba, delincuentes. ¿Estamos obligados a confiar en ellos? No. Lo sensato, lo saludable para Chiapas, es esperar los tiempos y cumplir con las normas. Si es que quieren darnos lecciones de honradez, respeto y lealtad.
Tarjetero
*** En San Cristóbal de las Casas, un conflicto comunitario se llevó a la tumba a un niño de 8 años. La violencia en ese municipio, gobernado por un alcalde que está más dedicado a hacer negocios personales (un fraccionamiento multimillonario, para empezar y para seguir, quién sabe si es dinero suyo o del pueblo), va en franco aumento. La falta de obra pública y el incumplimiento de las promesas de campaña, son factores que han llevado a la población a tomar medidas extremas. No es el primer conflicto derivado de las fallas del presidente municipal. Ya en otras ocasiones, su cuerpo de policía ha cometido fechorías que han enardecido a la gente. Eso sí, el alcalde Francisco Martínez Pedrero, se gana el aplauso barato de funcionarios, entregándoles premios y galardones de fayuca. Con eso, cree él, tiene asegurada la impunidad. *** Cero y hasta ayer domingo, iban dos; sí, dos asaltos violentos a combis del servicio público. En los dos casos, los ladrones lograron escapar. Se dice que Chiapas y que Tuxtla, son seguros. La verdad, señores, eso no es cierto. Quienes entreguen “certificaciones” de “comunidades seguras”, deben ser más honrados y no hacerlo sin tener criterios sólidos y confiables. Da la impresión que venden esos famosos certificados. No se engañen. Ustedes podrán soñar con ello, pero los ciudadanos, no son tontos. ¿No lo entienden? *** Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad, trascendió, renuncia al cargo en el gabinete federal. Asumió desde la asunción de Enrique Peña Nieto. Se dice que se aleja por razones de salud, pero hay versiones que indican que lo hace por serias diferencias con el resto del gabinete de seguridad. Y es que la verdad, don Manuel, no pudo tener control de las policías. Solo en la delegación en Chiapas de la PFP, venden plazas ficticias y nunca pudo meter en cintura a sus subalternos. El chiste es que ya se va. *** Luego nos leemos.
amksheratto@hotmail.com