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| Buscar salidas adecuadas, el reto. |
Angel Mario Ksheratto
@ksheratto
Evidentemente, la trata de personas es un crimen inaceptable que debe ser castigado con todo el peso de la ley; en las últimas semanas, el tema ha saltado en las tribunas de los poderes legislativos de todo el país —incluyendo a la Cámara de Senadores—, desde donde se promueven todo tipo de medidas para erradicar ese delito. Chiapas, que es fuente de facilidades para la operación de bandas criminales dedicadas a esa ilícita actividad, no está al margen de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las víctimas, principal y mayoritariamente, mujeres.
El flagelo no es nuevo. Desde la conquista y la colonia, pasando por la revolución hasta la actualidad, la trata de personas ha existido y lo que ha sido peor, ha sido solapada por toda clase de políticos en funciones de autoridad. También hay que decir que desde finales de la década de los 80’s y principios de los 90’s, ha habido esfuerzos institucionales en contra de esa práctica.
Se crearon leyes severas contra los llamados “lenones” y se aumentaron los castigos contra los secuestradores, íntimamente ligados a los primeros.
Leyes y códigos hay; lo que nunca ha habido es voluntad por parte de los administradores de la justicia para aplicarlos. En ese contexto, lo ideal será que, a la par de nuevas medidas, se creen o refuercen nuevos códigos de procedimientos penales que incluya severas sanciones a los servidores públicos que se nieguen a aplicar adecuada y correctamente la ley.
Desde luego, que se eleven las sanciones contra todo aquel funcionario que participe, encubra o facilite dicha actividad. Para nadie es secreto que, por ejemplo, funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración, están coludidos con las bandas de traficantes de humanos y promotores de la prostitución.
Basta con ir a un centro nocturno para darse cuenta de las atenciones especiales que reciben por parte de los dueños de esos lugares. También varios alcaldes y jefes policiales en la franja fronteriza con Guatemala, están seriamente involucrados con los tratantes de blancas; eso, lo sabe todo el mundo, pero por desgracia, nadie, absolutamente nadie, hace lo conducente para que sean castigados.
¿Es necesario el cierre definitivo de los centros nocturnos y otros establecimientos conocidos como “giros negros”? Desde el punto de vista moral e incluso, por razones de sanidad pública, sí es necesario, puesto que siempre han sido focos de violencia, inmoralidad y desequilibrio emocional colectivo.
Indiscutiblemente, el cierre definitivo es buena medida, pero también es absolutamente cierto, que no es la solución adecuada. En ese caso hay una de dos cosas por hacer, o ambas: regular su funcionamiento bajo estrictas medidas de prevención y vigilancia y/o aplicar con toda severidad la ley existente.
Chiapas es paso obligado de miles de inmigrantes; es además, asiento de miles de soldados y policías que tienen a sus familias lejos. La prostitución, debemos admitirlo, es un mal necesario si lo vemos desde el punto de vista social. Soldados, migrantes, policías y hasta jóvenes estudiantes solteros, desahogan sus necesidades sexuales en esos lugares. Cerrarlos, sería un error de alto costo para miles de mujeres indefensas. Ya lo he dicho anteriormente: sin ese desafortunado mal, se dispararían los delitos sexuales contra mujeres inocentes.
Es un riesgo que no se puede correr y que antes, debe analizarse a fondo. Tras el cierre, lo más seguro es que se expanda la prostitución clandestina. Con ésta, las enfermedades de transmisión sexual, pues ninguna mujer que ejerza ese viejo oficio, pasaría por ningún control sanitario. Un riesgo mucho más grave aún.
Deben entonces, buscarse alternativas viables. Primero, una regulación estricta; segundo, un censo específico sobre las personas que se dedican a ese trabajo. Tercero, vigilancia de cero tolerancia en esos centros, para detectar a posibles víctimas de trata. Cuarto, establecimiento de reglas rígidas en las instituciones ligadas al asunto para evitar complicidades y abusos. Quinto, cerrar —esos sí y de manera definitiva con sanciones severas contra sus propietarios— las llamadas “casas de citas” que funcionan en las principales ciudades y cuyas trabajadoras, no pasan por ningún control médico.
Sexto, ampliar la llamada “zona de tolerancia” para ubicar ahí, discotecas que actualmente, en el centro de Tuxtla por poner un ejemplo, permiten la referida actividad. Séptimo, legislar a favor de programas y medidas que favorezcan empleos dignos para las mujeres que se dedican a la prostitución.
No son las perlas de la virgen; son acciones de fácil implementación. Solo falta voluntad. Todos quisiéramos una sociedad sin prostitutas ni prostíbulos, sin delincuencia, sin violencia, sin amarguras… Es más, sin políticos que también son un mal necesario. Pero por desgracia, tenemos que aprender a vivir con todo y eso. Lo único que nos ayudará un poco, es la normatividad responsable. No hay de otra.
En cuanto a la trata de personas, totalmente de acuerdo. Castigo severo, severísimo, contra quienes incurren en ese crimen.
Tarjetero
*** A propósito del tema principal de hoy, el senador Zoé Robledo, en la Tribuna del Senado de la República, se refirió a éste y se pronunció a favor de medidas sensatas para erradicar la trata de personas. Y es que Chiapas, es uno de los estados donde mayormente se presenta ese fenómeno. Debe haber acciones contundentes. De otra forma, seremos rehenes de los criminales que se dedican a eso. Esa fue la razón por la que Robledo, no estuvo en la inauguración del aeropuerto de Palenque, informaron sus voceros. *** Ya que tocamos el asunto, ayer quedó formalmente inaugurado la terminal aérea de lo que fue el asiento Maya. La inversión fue millonaria y se espera que de mayor fluidez al turismo en esa zona que por años, había sido casi separada del resto del estado. A la inauguración asistió el presidente Enrique Peña Nieto y desde luego, Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas. *** Que detuvieron a uno de los implicados en el secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Un acierto, sin duda, pues develará todo el halo de misterio que rodeó aquel suceso. *** Desafortunadamente, Gregorio Jiménez de la Cruz, periodista veracruzano, fue encontrado sin vida. Las autoridades afirman que se trató de una venganza, promovida por la dueña de una cantina. A estas alturas, no es fácil creerles. Pero habrá que esperar para saber la verdad definitiva. *** Sheley Ivonn Castañón Maza, funcionaria de la Procuraduría, incurre claramente en el delito de abuso de autoridad al inmiscuirse en la protección ilegal de su padre, acusado de violencia familiar. Las influencias de Castañón Maza, han impedido que Ariosto Castañón Marroquín, pise la cárcel. Lo grave es que la funcionaria, amenaza personalmente a las víctimas con hacerlas desaparecer, según relataron las víctimas a la periodista Itzel Grajales. ¿Harán algo sus superiores o dejarán que sigan cometiendo crímenes contra las mujeres? *** Luego nos leemos.
amksheratto@hotmail.com