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Entrevista: Las rutas del narcotráfico


Policía incapacitada, un riesgo: JLLA

"En El Amate y se ha podido rebajar el número de llamadas intimidatorias o de extorsión."

Angel Mario Ksheratto
 amksheratto@hotmail.com
Con el reconocimiento explícito que la certificación policial en Chiapas está por debajo del 50 por ciento y que el delito de extorsión es de los más recurrentes en la entidad, José Luis Lláven Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, admite además, que no se está aplicando la ley a los establecimientos expendedores de bebidas embriagantes que se ubican, para empezar, a menos del límite permitido en las escuelas, lo que a juicio suyo, dificulta la prevención del delito.
A tres meses de haber asumido el cargo, Lláven Abarca declina hablar sobre las condiciones financieras en que encontró a la dependencia y se declara “dispuesto a trabajar con lo que hay”. Su oficina parece sobria; en una pantalla, las imágenes de cuatro cámaras de circuito cerrado, le proporcionan información en tiempo real de quiénes están en la sala de espera y qué movimientos realizan sus secretarias. Curiosamente, ni un solo uniformado cuidando sus espaldas; (con anteriores secretarios de Seguridad Pública, la protección era extrema y a veces, hasta ridícula).
“Con los juicios orales, el policía asumirá funciones específicas; él defenderá su propio caso. Ya no será el Ministerio Público el que presente las pruebas, sino el policía hará todas las aportaciones de pruebas en contra de un inculpado y el Ministerio Público, solo estará como asesor del policía”, dice en una parte de la entrevista, y contextualiza:
“Vamos a enfocar las baterías en dos temas: la capacitación y la prevención. Yo tengo que ofrecer a los chiapanecos, una policía capacitada. Es cierto que la policía estatal —que es el 50 por ciento de toda la policía que opera en el estado—, no cuenta con el nivel de escolaridad idóneo, pero creo que podemos sustituir ese tipo de adversidades con capacitación. Un ciudadano, el primer contacto que tiene con el órgano de gobierno, es con un policía. Para bien o para mal, lo primero que va a encontrar, es a un policía. Yo no soy de la idea de tener a un policía súper armado y con chaleco antibalas, si no está preparado; un policía sin preparación, es un riesgo para la población.
Por eso los estamos capacitando en todas las materias pero principalmente, en temas como los derechos humanos y últimamente, en el los juicios orales, porque será una nueva dinámica para todo policía. La policía, en los juicios orales, va a jugar un papel fundamental en la acusación contra los delincuentes. Para el encargado de prevenir el delito y garantizar la seguridad de los chiapanecos, el diagnóstico es claro:
“Al inicio del actual gobierno que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, y mi llegada a la Secretaría de Seguridad Pública, en sí, la seguridad en el estado ha sido uno de los rubros que no podemos calificar como malos; ha habido muy buena seguridad en el estado de tiempo atrás. El trabajo se ha hecho de manera coordinada porque no es nada más una tarea del Estado, sino que es también, una tarea de los gobiernos municipales. Ha sido en términos generales, bueno.
Encontré un buen estatus de la seguridad… Y hablo de la percepción de seguridad a nivel estatal. En cuanto a la percepción al interior de la Secretaría, —de cómo está conformada y de cómo están conformados los cuerpos de seguridad—, sí vi un poco de falta de capacitación, falta de preparación de los elementos. Nos hacía falta, de primera mano, redoblar los esfuerzos en materia de capacitación a la policía.
Sobre todo, capacitarla, en específico, en cuestión de los derechos humanos, porque son temas vigentes, que nos obligan los organismos internacionales. Incluso, hace unos días se acaba de publicar la Ley de Amparo donde ya es una obligación para las autoridades, velar por la garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos…

—Sigue siendo, además, el tema de la violación a los derechos humanos, el talón de Aquiles de todos los cuerpos de policía en el país…


—¡Claro! Históricamente, las áreas de seguridad son precisamente las más señaladas en materia de derechos humanos.

—¿Por cierto, tiene, la secretaría a su cargo, recomendaciones por violaciones a los derechos humanos?

—Tenemos recomendaciones pero son de años pasados; hay dos, actualmente y se está dando cumplimiento a los requerimientos de éstas y tenemos algunos expedientes de quejas que se están ventilando. Incluso, acabamos de crear un área especializada en materia de Derechos Humanos. Esa área, no existía; la creamos nosotros y es la primera vez que se hace. Ahí tendremos personal para atender únicamente lo que es la vinculación con las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y con organismo no gubernamentales que tengan qué ver con esos derechos. Esa vinculación es importante porque en un estado democrático, no se pueden violar los derechos humanos.

—¿Esto implica también la prevención dentro de los cuerpos de seguridad?


—Claro, es fundamental.

—¿Y la capacitación?


—También. Hemos implementado un esquema de capacitación de la policía; más enfocada en el tema operativo como práctica de tiro y defensa personal, pero también nos estamos enfocando mucho más al asunto de los derechos humanos, en el uso racional de la fuerza pública. Ya estamos capacitando a la policía para el tema de los juicios orales. Todo esto, para que el policía sepa qué debe y qué no debe hacer.

—Entiendo que con los juicios orales, el policía tendrá otras responsabilidades.

—Así es. Con los juicios orales, el policía asumirá funciones específicas; él defenderá su propio caso. Ya no será el Ministerio Público el que presente las pruebas, sino el policía hará todas las aportaciones periciales en contra de un inculpado y el Ministerio Público, solo estará como asesor del policía.

—Pero aparte de ese tema que me parece interesante, está el del estado físico del policía; normalmente, nuestros policías son gordos, panzones, desalineados… ¿Qué se está haciendo para modificar el aspecto físico de los policías?

—Por supuesto que en ese tema nos estamos ocupando. Acabamos de abrir un área de promotores deportivos porque la obesidad de los policías, es algo que se evalúa a nivel nacional. Es parte de la certificación del policía. En ésa área deportiva —aparte de adiestrarlos—, se van a preparar para mantener un estado físico apropiado. Además, es para proteger la salud de ellos mismos. Un policía que se prepara deportivamente hablando, es un policía que obtiene beneficios para él y para la sociedad. En eso tendremos torneos de fútbol, basquetbol, volibol, carreras; es una dinámica en la que estarán involucrados todos los cuerpos policíacos, incluyendo al personal administrativo.

—En el asunto de la certificación en los cuerpos de seguridad en todo el país, Chiapas ¿qué lugar ocupa? ¿Es confiable la policía chiapaneca?

—La certificación, tiene su origen en un acuerdo a nivel nacional. A través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han implementado algunos compromisos entre éstos, la certificación de la policía, que es un compromiso que Chiapas viene cumpliendo desde el año 2009.

—¿En porcentajes exactos, cuál es el avance real?

—Al año pasado teníamos el 50 por ciento, aproximadamente, de la policía certificada. Este año estamos empezando con un poco menos porque la evaluación de la policía para la certificación, no nada más implica a la policía estatal; incluye a las policías municipales. Y como bien sabemos —hace apenas cuatro o cinco meses—, hubo cambio de poderes municipales y lo primero que hacen —por diversas razones incluyendo los compromisos políticos— es cambiar a los policías. Toda esa policía que ya se tenía evaluada, es dada de baja e ingresan nuevos que no cubren el perfil o sencillamente, no están capacitados y mucho menos, evaluados, certificados. En ese sentido, ahora estamos empezando a evaluarlos para alcanzar de nuevo el 50 por ciento o más, si es posible.

—¿Y qué van a hacer para evitar eso? Porque como quiera que sea, es un gasto extraordinario, es pérdida de tiempo, en fin…

—La próxima semana (la entrevista se realizó el jueves, 4 de abril pasado) vamos a suscribir el Mando de Policía Única. Esto va a otorgar a la Secretaría, interacción de coordinación operativa con todos los municipios, en el que los municipios comprometidos, recibirán un apoyo federal, conocido como el SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad en los Municipios). Se pretende que se respete el estatus de un policía certificado; es decir, que no sea despedido al término de un periodo administrativo municipal. Si no se hace así, será un cuento de nunca acabar. Estamos logrando algunos consensos con los alcaldes para que se respete ese estatus por lo menos por seis años.

—¿Incluirá éstos una valoración periódica para evitar que la corrupción siga campeando en los cuerpos de policía?

—¡Claro! De hecho, hay evaluaciones de nuevo ingreso, las hay para ascenso y también para permanencia; obviamente, el policía que ya ingresó y fue evaluado, debe entender que esa evaluación tiene una vigencia para permanencia que se le practica a cada tres años. También tenemos la opción que si el mando superior solicita una evaluación anual, también se practica.

—El mando único de la policía es un tema que todavía no convence a muchos; se habla de una “gendarmería” que tampoco tiene objetivos muy claros. ¿Está preparado Chiapas para integrarse a un esquema de seguridad que hasta hoy no ofrece ninguna garantía?

—La verdad es que el Mando de la Policía Única ha sido bien recibida por los alcaldes. Yo creo que no es una primera ocasión que se va a suscribir. Ya hubo una ocasión en la que participaron 42 municipios. Ahora se va a firmar con los 122 municipios de Chiapas. Los alcaldes tienen que hacer su solicitud mediante actas de Cabildo para someter a sus policías a las evaluaciones correspondientes y después, suscribir el convenio. Los alcaldes lo ven como una oportunidad de ayuda en una coordinación más estrecha. De por sí ya existe una coordinación buena para combatir los índices delictivos, ahora creemos que va a existir una mejor coordinación, porque se establece que el mando operativo municipal, tendrá una estrecha vinculación con la Secretaría y podrá pedir apoyo logístico y de recursos materiales y financieros.
La tarea que el gobernador nos ha instruido a manera de política de seguridad pública, no es una tarea reactiva, sino una tarea preventiva. Nosotros trabajamos para prevenir los delitos, no para reaccionar cuando ya se cometieron. Hace algunos días, el gobernador Manuel Velasco Coello, suscribió un convenio con la federación, con Roberto Campa, donde quedó instalado el Comité que se hará cargo de elaborar las estrategias y políticas preventivas que nos den bases sólidas para trabajar. El primer paso será conformar un Centro de Prevención Social y Delincuencia. Esa tarea la encabezará el Secretario de Gobierno y todas las áreas vinculadas con la prevención del delito: La Procuraduría, la Secretaría de Educación, La de Seguridad Pública, la secretaría de Salud, entre otras.

—Estará de acuerdo con que el delito no solo se debe prevenir acá afuera, sino también dentro de las cárceles que son en realidad, escuelas del crimen. Desde siempre se ha dicho que se impondrán esquemas carcelarios adecuados para evitar el florecimiento de la criminalidad pero vemos que, por ejemplo, se revuelve a delincuentes de alta peligrosidad con ciudadanos que han cometido un delito menor. ¿Qué estrategia tiene usted contemplada para evitar que de las cárceles salgan delincuentes más violentos, más “preparados”?

—No hay nada que se pueda ocultar bajo el sol. La estrategia para romper el círculo vicioso que comentas, es darle herramientas para que, en el momento que salgan de la cárcel, pueda reinsertarse a la sociedad. Al interior del penal tenemos talleres de carpintería, balconería, manualidades. Si allá se les enseña un oficio, acá afuera podrán salir adelante. Aparte, estamos dando impulso a los bazares donde se venden los productos elaborados dentro de las cárceles. Se han puesto ventas en ferias, en diversos lugares. Con eso creemos que se podrá romper ése círculo vicioso.
Pero también, tenemos que ocuparnos más de los jóvenes en Villa Crisol. Ahí estamos procurando involucrar a la familia en la readaptación de los menores infractores. Se va a implementar un programa que se llama “Escuela para Padres” en el que se va a analizar la condición familiar de los jóvenes. Se llegará hasta el origen real del problema que normalmente, surge en una familia desintegrada. Sin el apoyo de los padres, es difícil reinsertarlos a la sociedad.

—En el caso de menores infractores cuyos padres están también presos, ¿qué programa hay para lograr el propósito que acaba de mencionar?

—Ahí se complican las cosas porque los penales están separados; pero si los menores purgan penas bajo el esquema de excarcelación, buscaremos el mecanismo apropiado para juntarlos, para que convivan y busquen juntos una salida a sus problemas, los problemas que los ha llevado a cometer delitos.

—¿Cómo va la prevención en las escuelas? Es común que a los alrededores de éstas, se dé el fenómeno del narcomenudeo; la policía los detiene, a la vuelta de la esquina se ponen de acuerdo, narcomenudista y policía y el primero se va libre, a seguir vendiendo drogas.

—Uno de los convenios que tenemos con la Secretaría de Educación es que, cuando una comunidad estudiantil se encuentra amenazada por sectores de la delincuencia como la que mencionas o la venta de alcohol, lo que hacemos es un acercamiento con la escuela, donde se invita a los padres de familia y los maestros, para encontrar salidas conjuntas. En los operativos “Mochila”, hemos encontrado de todo; navajas, preservativos, cajas de cigarrillos, manoplas ¡en mochilas de niños de primaria! Esos son indicios en un menor proclive a la delincuencia. Incluso hemos detectado y recuperado hasta aparatos para hacer tatuajes y eso, no nos parece normal en un niño.

—Aunque éste no es un tema exclusivo de la Secretaría a su cargo, hay un tema preocupante: La venta de licores, cervezas y cigarros cerca de las escuelas. Ahí está el ejemplo de la cadena de tiendas Oxxo, que venden todo tipo de bebidas embriagantes y están instalados, a veces, frente a las escuelas, cuando la ley indica que deben estar cuando menos, a 500 metros de un centro escolar. ¿Qué se va a hacer para obligar a esa y otras empresas a respetar las leyes?

—Ahí tenemos que involucrar a las autoridades administrativas que son las que tienen, entre sus facultades, otorgar las licencias de funcionamiento. La ley es clara. Y se debe cumplir. Por lo tanto, no puede ni debe haber un expendio de bebidas embriagantes cerca de una escuela. Estamos obligados a hacerlos cumplir la ley. No es nada del otro mundo; es solo que se cumpla con lo establecido. Existe una prohibición que se debe respetar. Tenemos también el problema de las famosas maquinitas. Y ese, también es un tema que involucra a las autoridades administrativas. Se deben revisar las licencias y obligar a quienes transgredan la ley a cumplirla o sencillamente, que se cancelen los permisos, se les sancione o se clausuren esos lugares. Vamos a hacer revisiones conjuntas para reordenar las cosas. Es posible que a las personas afectadas con el cumplimiento de las medidas no les guste, pero tenemos la obligación moral y constitucional de hacer valer las leyes y reglamentos.

—Entiendo que apenas tiene tres meses de estar en el cargo y por lo mismo, es poco para apresurarnos a hacer una evaluación contundente de sus resultados. Sin embargo, hay un asunto que llama la atención de la sociedad, principalmente de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez: hay infinidad de módulos de la Policía de Seguridad Pública en muchas colonias. Pero éstos, en lugar de servir de apoyo a la gente, son nidos de drogadictos, de teporochitos, de ladrones… ¿Se van a reactivar? ¿Qué otro uso se les puede dar?

—Hubo un cambio de estrategia; originalmente se instalaron para controlar a la delincuencia en una ciudad que entonces, no era tan grande. Finalmente, esos módulos fueron rebasados y se optó por una policía itinerante, móvil, porque la ciudad ya representaba un reto mayor. Lejos de estar en módulos estacionados, resultó mejor una policía en patrullaje permanente; con eso se cubrían hasta cinco colonias, y no solo una como solía suceder con los módulos. A los recorridos habituales, ahora se suman las fuerzas federales. Actualmente, existen tres células móviles de seguridad en Tuxtla. Una célula patrulla de nueve a tres de la tarde; de tres de la tarde a nueve de la noche y de nueve de la noche, hasta el día siguiente. Hay vigilancia las 24 horas del día en la que participan la SEDENA, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría, la Policía Municipal y la Policía Estatal. Hay un estado de fuerza mayor pero no fijo, sino móvil. Con respecto a los módulos, tenemos que armar una estrategia para poder aprovecharlos, porque son instalaciones funcionales.

—Hace unos días el procurador de justicia dijo que en Chiapas, hay cuatro rutas para el paso de drogas pero que no hay narcotraficantes ni grupos armados instalados aquí. ¿Hay narcotraficantes establecidos en Chiapas? ¿Solo utilizan el territorio para el trasiego de drogas?

—Es, históricamente hablando, un tema inocultable. No podemos negar la existencia de rutas específicas para el tráfico de drogas. Primero, por las condiciones geográficas del estado. Tenemos una zona limítrofe con Centro América de más de 500 kilómetros, muy ávida para ese tipo de actividades. Lo importante es que no están establecidos; no hay presencia del crimen organizado en Chiapas.
Sí hay rutas por las que estamos trabajando para combatirlas. Está focalizado el fenómeno. Están las rutas de la Costa, el Centro, la Selva… Pero la estrategia no solo es nuestra. Es principalmente de la Federación. Uno de los puntos que el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado más, es reforzar la frontera sur, como medida para combatir el narcotráfico. Por eso se está regionalizando la lucha contra el crimen organizado.
La visión del presidente es no combatirlo de manera uniforme, sino con diferentes estrategias. Nosotros tenemos muchas de las acciones similares con las de Veracruz, Tabasco, Oaxaca… Pero la estrategia en otras regiones del país, son distintas.
Lo que sí tenemos son delitos del fuero común que se derivan del fenómeno migratorio. Hay violaciones, robos a casas y transeúntes, extorsiones, sobre todo en las partes donde hay asentamientos transitorios de migrantes. Ahí se forman focos de delincuencia. Obviamente, entre las estrategias para proteger a los migrantes está la de cuidar celosamente sus derechos humanos. La policía está enfocada a evitar que cometan delitos, pero también, que no se cometan contra ellos ni por parte de delincuentes comunes ni de la propia policía.

—¿Ha tenido el secretario de Seguridad Pública alguna amenaza por parte del narco?

—Hasta ahorita no he tenido ninguna conducta de ese tipo; se les ha combatido de manera muy eficiente. El tema del narcotráfico, no nada más lo combate la Secretaría a mi cargo; lo combatimos todos. Semanalmente nos reunimos, dos veces, todas las corporaciones que tenemos la responsabilidad de la seguridad del estado. Las estrategias para delitos de alto impacto, las analizamos juntos.

—Y es que los delitos de alto impacto han crecido más en zonas como Tapachula y la franja fronteriza con Guatemala. ¿Cómo los van a contrarrestar?

—Me he dado a la tarea de observar que el delito que ha tenido mayor incremento ha sido el de la extorsión telefónica. La mayoría de los casos de intimidación, provienen de las cárceles. Lo que estamos haciendo para inhibir ese tipo de conductas, es la implementación de bloqueadores de señales en los penales. Tenemos en El Amate y se ha podido rebajar el número de llamadas intimidatorias o de extorsión.
Se acaba de instalar otro bloqueador en Tapachula y esperamos más recursos federales para instalarlos en el resto de penales. Aclaro que los presos no están incomunicados; cuentan con aparatos telefónicos convencionales, donde obviamente, hay un control estricto de las llamadas para determinar, en un momento dado, quién pudo haber realizado una llamada para extorsionar a la gente.

—Después de ese delito, ¿Cuál es el más recurrente?

—Es el robo a transeúntes. Si bien es cierto que no es un delito de alto impacto, sí es recurrente y nos obliga a establecer estrategias como la georreferenciación de la ciudad para determinar en qué partes se comete más ese delito y en qué horarios se cometen. Ahí es donde se refuerza la seguridad. En Tuxtla, por ejemplo, la parte donde más se asalta a transeúntes es en el centro de la ciudad. Ahí es donde estamos redoblando esfuerzos con mayor vigilancia. Y la ciudadanía debe estar más involucrada.

—Ya que toca ese tema, hemos notado que el que se roba una cadena, un celular, lo empeña a la vuelta de donde cometió un robo, precisamente porque en el centro, hay un sin número de casas de empeño que son las que finalmente, lucran con los objetos robados.

—La verdad es que Las casas de empeño, se supone, tienen una reglamentación. El asunto es hacer cumplir la norma que regula ese tipo de negocios. Lo mínimo que exige la ley que deben pedir en las casas de empeño es que se presente la factura y la credencial de elector del pignorante. Tienen que garantizar la propiedad de los objetos que llevan a empeñar. Cuando se tienen indicios que en tal o cual negocio se encuentra un objeto robado, se hace una investigación a fondo del negocio. Como secretaría, coadyuvamos para contrarrestar la criminalidad desde esa perspectiva.

—¿Encontró usted infiltrados en la Secretaría?

—No. Hasta ahorita no hay indicios que existan personas ligadas al crimen organizado. Y estamos atentos a que si alguien sabe de alguien que tenga nexos con los criminales, nos lo haga saber para de inmediato, actuar. A veces tenemos quejas que nos indican que en tal o cual lugar, una patrulla está haciendo revisiones; verificamos que estén facultados en ese momento y le explicamos a quienes nos informan que en efecto, se trata de un operativo legal. Porque a veces las quejas van en ese sentido. Estamos trabajando para darle al policía el respeto que se merece. Pero si alguno comete actos fuera de la norma, se le va a castigar.

—Por último, señor secretario, ¿cuál es la meta más importante de la institución para garantizar la seguridad de los chiapanecos?
—Vamos a enfocar las baterías en dos temas: la capacitación y la prevención. Yo tengo que ofrecer a los chiapanecos, una policía capacitada. Es cierto que la policía estatal, que es el 50 por ciento de toda la policía que opera en el estado, no cuenta con el nivel de escolaridad idóneo, pero creo que podemos sustituir ese tipo de adversidades con capacitación. El ciudadano, el primer contacto que tiene con el órgano de gobierno, es con un policía. Para bien o para mal, lo primero que puedes encontrar, es a un policía. Yo no soy de la idea de tener a un policía súper armado y con chaleco antibalas, si no está preparado. Un policía sin preparación, es un riesgo para la población. También los estamos capacitando en el tema de los juicios orales, porque será una nueva dinámica para todo policía. La policía, en los juicios orales, va a jugar un papel fundamental en la acusación contra los delincuentes.

—A pesar que habrá la policía única, ¿habrá cuerpos especiales, de élite para la investigación?


—La semana pasada instalamos la Policía Estatal Acreditable, que es un modelo policial que también sale de un compromiso nacional. Debe ser un cuerpo de policía de élite en cada estado. Nosotros ya lo tenemos conformado. Y te voy a adelantar algo: en breve se dará a conocer y empezará a funcionar con 422 elementos que es una primera etapa, que será de análisis e información, de investigación y operativos y tendrán una capacitación acorde al perfil al que cada elemento se vaya a dedicar. Vamos a especializarlos. En la segunda etapa se pondrán en marcha los custodios acreditables, que serán capacitados para el manejo de multitudes dentro de los penales.

—¿El valor probatorio de la escena de un crimen va a cambiar? ¿Habrá laboratorios, bancos de huellas digitales, de ADN? ¿Habrá más tecnología?


—Sí, por supuesto. Incluye la transformación en los cuerpos de peritos de la Procuraduría, en el Tribunal de Justicia y en los despachos de abogados. Porque ahora, habrá abogados especializados en juicios orales. La ley obliga a que los litigantes estén certificados en juicios orales. Es más, un juez tendrá la facultad para revocar el nombramiento de un abogado defensor, si está incurriendo en una defensa inadecuada para el indiciado. Se cuidará la garantía de una defensa.

—¿Algún tema que considere importante que haya quedado fuera de ésta entrevista?

—Nada más que vamos a conformar un Centro Estatal de Prevención Social y Delincuencia. Es un tema que nos dará muchos resultados y nos garantizará la seguridad de todos.

—¿No son acciones de moda sexenal como ha ocurrido en el pasado? En sexenios anteriores, Chiapas era el primer lugar en todo y finalmente, supimos que solo era propaganda…


—No, no, no, no…

—¿Va a haber honestidad?

—¡Claro! ¡Claro! La verdad es que, en materia de seguridad, no estamos peleando el primer lugar. La misma ciudadanía debe calificar los resultados. De nada nos serviría decirle a la gente que Chiapas es primer lugar, si la percepción es contraria. Lo que nos interesa es que esa percepción, se vea en los mercados, las carreteras, las casas, las zonas turísticas. En la Semana Santa pasada, fuimos uno de los lugares más visitados del país porque, aparte que tenemos una riqueza enorme en cuestiones naturales, culturales y arequeológicas, tenemos un esquema de seguridad sólido y confiable.

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