 |
| Su herencia, sigue en la corrupción. |
Angel Mario Ksheratto
Las medidas que se están tomando contra la piratería y las casas de empeño, son en buena medida, saludables en la búsqueda de garantizar a los chiapanecos, un estado de derecho afín a sus intereses. Nadie ignora que las casas de empeño son lugares donde los delincuentes comunes, lavan el producto de sus robos y asaltos. Pese a que hay una normativa para recibir artículos en prenda, en éstas no se aplica, de tal manera que los delincuentes encuentran un camino fácil para deshacerse de las pruebas en su contra y aparte, ganan buen dinero.
En Tuxtla Gutiérrez, como en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tonalá y otras ciudades importantes, las casas de empeño se han instalado a cada media cuadra. Según las autoridades, la normativa exige que cuando un pignorante llegare a dejar en empeño un artículo, debe presentar la factura de éste, para acreditar su legítima propiedad y además, debe dejar una copia de una identificación oficial.
Ello no ocurre a la hora de depositar algún bien a cambio de dinero. Y es que el negocio, es lucrativo. Los dueños de esas empresas dedicadas al fraude, dan por un objeto, una cantidad mínima y, al no regresar el pignorante a desempeñarlas, las venden a precio de oro, amen que cobran a quien las empeña, intereses sumamente elevados.
A quienes saben que podrán seguir estafando, sí les piden toda clase de documentación para garantizar su fácil localización. Conozco el caso de una señora que fue a empeñar un par de aretes y dos anillos de oro. Los llamados réditos, hasta las nubes. No pudo conseguir el dinero para desempeñar las joyas y ahí las dejó, pensando que ahí terminaba el asunto.
Una tarde, un pelotón de presuntos abogados y “policías”, se presentaron a su hogar para embargarle todo cuanto quisieron, bajo el argumento de una deuda gigantesca, derivada de “intereses no pagados”. O sea, le dieron una miseria por su joyas, se las robaron y aún así, siguieron robándole otras pertenencias.
¿Quién otorga ese tipo de permisos? ¿Quién controla esas casas? De ahí que su clausura es plausible. La pregunta es: ¿Cuánto durará esa clausura? No vaya a ser que en menos de lo que canta un gallo, estén funcionando de nuevo. Por el contrario, deben cerrarse perpetuamente y no solo eso: se debe sancionar penalmente a sus dueños y directivos, pues por mucho tiempo, han estafado a miles de chiapanecos.
Por otro lado está la persecución legal y penal contra los vendedores de productos pirateados, especialmente, los vendedores de discos de música y películas clonadas. En Comitán, el decomiso de productos ilegales y la detención de sus expendedores, desató una confrontación violenta entre comerciantes y policías. Grave.
Los presuntos líderes de los comerciantes, fueron excesivamente violentos, como ocurrió hace unas semanas en Tuxtla, cuando se intentó sacar de las calles a los vendedores ambulantes. Ahí no debe haber contemplación alguna. El castigo contra quienes, a sabiendas de sus delitos procuran provocar y enfrentar violentamente a las autoridades, debe ser severo, así se paren de pestañas los defensores de la ilegalidad.
Eso sí, el rasero debe ser parejo. Casi en todas las ciudades de Chiapas, existen los famosos tianguis de la llamada “fayuca”. No sabemos si pagan impuestos o no. Si lo hacen, la propia autoridad está siendo parte del delito, pues cobra para vender productos ilegales. Si no, igualmente grave es que, en sus propias narices, la piratería florezca, como ha ocurrido siempre y que hoy, parece difícil de erradicar.
Solo en Tuxtla, existen dos tianguis enormes donde no se vende ni un chicle que no sea clonado. Para el colmo, uno de esos tianguis está en una propiedad del Ayuntamiento y el otro, en una concurridísima arteria vial de la zona norte.
Ahí vemos, seamos francos, demasiada parcialidad de las autoridades. Si no van a perseguir penalmente a quienes venden productos pirateados de manera “legal”, que tampoco lo hagan con indígenas que de eso sobreviven; y si van contra éstos, que vayan contra los otros, los que tienen un local y pagan “impuestos” por ello. La justicia no debe ser coja ni manca.
Con respecto al castigo contra quienes, con o sin razón, atacan a policías, periodistas y socorristas, insisto en que éste debe ser ejemplar. No se puede tolerar que, al amparo de ciertas prerrogativas y ante la sana precaución de las autoridades para no caer en situaciones de mayor gravedad, algunos aprovechen para hacer lo que les venga en gana. La ley existe; debe aplicarse. La justicia, no puede ser regateada por revoltosos y mucho menos, por delincuentes. Una cosa es defender sus derechos y otra, muy distinta y distante, atacar los derechos de terceros, como ocurrió contra varios colegas periodistas, a quienes los comerciantes, agredieron. Hágase cumplir la ley.
Tarjetero
*** Que podrían derogar la famosa “ley de acechanza”, más conocida como la “del halconeo”. Nunca debió existir o al menos, debió ser más específica puesto que, por ejemplo, si un periodista va e interroga a un oficial o alto mando de la policía sobre tal o cual tema, podría ser sujeto de una acusación “por acechanza”, lo cual nos parece grave, pues ahí habría pretexto para perseguir a cualquier periodista incómodo. Un Estado democrático, por antonomasia, no debe imponer limitantes a los gobernados. Ojalá y se cumpla ese propósito, para el bien de la ciudadanía en general. *** El pleito de los empresarios, toma tinte de payasada. Ni Arturo López, ni Alejandro Utrilla, parecen tener la sartén por el mango; al primero, se le acusa de proteger los intereses del segundo y a éste, de acciones al margen de la ley y de los propios estatutos de la COAPRMEX, cuya dirigencia nacional, cayó en el juego de mentiras y arrebatos que hacen creer que ahí, más que un dirigente, necesitan una migaja de cerebro para poner en orden las ideas. Arturo López, finalmente, se cree el presidente del destartalado organismo, pero cuenta con la desaprobación de la mayoría, tras descubrirse que sigue manteniendo a los parásitos que le dejó Alejandro Utrilla, acusados todos de desviar fondos financieros y de otras cosas que hacen pensar que la corrupción, campea aún en esas esferas que, creíamos, menos sucias. En fin, veremos en qué acaba el pleito de los dueños de la paga chiapaneca. *** Siguen las cochinadas en el sector Salud de Chiapas. La herencia de James Gómez Montes, sigue haciendo de las suyas, especialmente con los permisos para expendios de alcoholes. Hoy cierra la autoridad un antro de vicio y al siguiente día, la secretaría de Salud, lo reabre. Y todo porque reciben buen billete. De esto, sin duda, habrá más. *** Ya puede consultar en internet mi libro “Palabra bajo arresto”. http://palabrabajoarresto.blogspot.mx. *** Luego nos leemos. http://ksheratto.blogspot.com amksheratto@hotmail.com