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| Prepotencia, incumplimiento y corrupción, virtudes de Aguilar Márquez. |
Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Tronco de blindaje electoral; pareciera que el Instituto Federal Electoral, fue creado para ser la pilmama tunca de los procesos electorales. Tras meses de discusiones que ahora resultan estériles, consejeros del IFE y representantes de los partidos, llegaron a un “acuerdo” para “blindar” las elecciones, mismo que en sí, es una burla y la descalificación automática de la institución como árbitro de la contienda comicial.
El llamado blindaje en realidad, es una forma nada elegante de los actores electorales para desechar el espíritu original de la ley; es el pretexto para delinquir sin pasar por los tribunales. A lo más que llegaron para brindar las elecciones, es a establecer reglas que cualquiera, por ética e incluso, por simple sentido común, puede cumplir bajo cualquier circunstancia.
Así, el “blindaje” queda en que los partidos políticos (ojo, mucho ojo: los partidos, no los candidatos) están obligados a “evitar realizar apología del odio nacional…”. El término es ambiguo. No sabemos si intentan evitar que los partidos convoquen a los ciudadanos a odiar al país o si buscan que éstos, no siembren la semilla del odio entre connacionales.
En todo caso, debiera ser una regla dirigida a los candidatos quienes, en primera instancia, serían quienes a modo de discurso, pudieran incitar a actos violentos. Esto, en el supuesto que el término acuñado hubiese sido creado para ese fin. Pero como no es nada claro, podemos deducir que fue redactado solo para salir del paso.
Los partidos también quedan obligados a no hacer apología del odio racial y religioso. Francamente, no lo entendemos. Sigue siendo un asunto sin fundamento electoral. Por inercia, los candidatos se asomarán a las iglesias y comunidades indígenas a buscar el voto y por tanto, no creemos que estén en capacidad para emitir expresiones en contra de los intereses o la forma de vida de quienes podrían ayudarles a alcanzar su propósito. Nos parece incongruente, torpe, sin sentido el “blindaje”.
Porque eso es todo; sí, es todo. Quienes hemos estado al tanto de la postura del IFE ante el proceso electoral, esperábamos un blindaje mucho más amplio, contundente incluso, restrictivo. Restrictivo en el sentido que la norma estableciera criterios para evitar que el crimen organizado se filtrase en los partidos políticos. Otros para evitar que los candidatos oficiales, abusen de las prerrogativas del Estado para ganar las elecciones; restricciones para quienes no gozaren de una buena salud mental como consecuencia del uso y abuso de sustancias prohibidas. Que se aplique el antidoping, el polígrafo y que se realizaran exámenes psicológicos a los candidatos… En fin, una reglamentación severa.
Contrario a todo, algunos de los representantes de los partidos políticos en el IFE, alabaron el ridículo “blindaje”. Y apoyaron el pretexto del Instituto para no cumplir con las expectativas de la sociedad. “No somos Ministerio Público”, dijo Leonardo Valdez, presidente del IFE; —cierto—, dijeron los representantes partidarios.
Por si fuera poco, Pablo Gómez, del Poder Legislativo, “aclaró” que el “acuerdo”, “no podría ser obligatorio para los partidos políticos”. Si mal no entendemos entonces, es un acuerdo sin valor ni peso. Porque si un partido no tuviere el respaldo en determinada comunidad indígena, tendría la opción de promover actos de violencia contra los habitantes de dicho pueblo. Nada lo obligaría a cumplir el destartalado acuerdo.
Uno de los temas que los consejeros y representantes partidistas eludieron y dejaron tan mocho como estaba, es el del control de confianza. Exigir a los aspirantes a cumplir con ciertas exigencias que tienen qué ver con la ética y la moral pública, fue para éstos, “una acción extralegal” y por tanto, es responsabilidad “intransferible” de los partidos, a la hora de seleccionar a sus candidatos.
Esto nos recuerda a un dirigente del PRD a quien en Chiapas, le informaron que en la lista de candidatos, había más de uno con antecedentes penales, otro con una propensión escandalosa hacia las drogas, uno más con presuntas ligas con el crimen organizado. Desenfadado, el dirigente perredista respondió: No nos interesa saber quiénes son los candidatos; lo que queremos asegurar es la victoria del partido.
Peor aún, en el “acuerdo de blindaje” electoral tomado ayer en el IFE, limitaron incluso la responsabilidad del organismo para sugerir a las autoridades competentes, las medidas cautelares, de restricción y de sanción a los candidatos que infrinjan las leyes electorales. El panista Marván Laborde, resumió la limitante en una frase: “No sabríamos qué hacer con ellas (las sugerencias)”.
Como para tenerse como sinceros, los que signaron el ridículo convenio, lo calificaron de endeble y como de “muy grave”. Pero lo firmaron y lo celebraron como si hubiesen resuelto el problema más grande del universo. Con eso, lo que tendremos será un proceso electoral sin ninguna garantía. Nada nos espante, de ahora en adelante. Nada.
Tarjetero
*** Llegó al cargo con una mano adelante y otra atrás. Una viuda que tenía sus ahorritos bajo el colchón, se apiadó de él, creyendo que se trataba de un buen muchacho, honrado y cumplidor. Más de 100 mil pesos soltó la señora para ver al chamaquito descarado sentado en la principal banca de Tecpatán. Luis Enrique Aguilar Márquez, con la ayuda del dinero de una buena y solidaria mujer y otros que después se declararían desfalcados, llegó a la presidencia municipal de aquel municipio. No bien se había sentado cuando el cambio llegó. Pero no el cambio para el progreso del pueblo, sino el cambio de humor. De ser un muchachito ojo alegre y dispuesto a lamer las botas del gato, pasó a ser un tipejo cruel, déspota, grosero, abusivo, ridículo. A la viuda a quien despojó de su único patrimonio, le cumplió dándole un empleo mediano en el DIF, pero se negó —y lo sigue haciendo— a pagarle el adeudo. Y todo, porque el muy sinvergüenza, no obtuvo de la amable señora lo que quería. Ésta terminó por abandonar el cargo. Aparte, Aguilar Márquez, ha hecho de la administración pública, un desastre. Su hermano, su papá y otros familiares, cobran los sueldos más altos en el Ayuntamiento, sin que hagan algo por el municipio. Y de haber llegado en harapos al cargo de alcalde, hoy es un señorón con propiedades que ni en mil vidas hubiera podido lograr. Claro, éste sujeto goza de protección. Y ni el Congreso, ni la Contraloría, ni los auditores ni ninguna otra instancia anticorrupción, le entran. Ya sabemos que los alcaldes compran protección. Ahí una prueba más. *** Luego nos leemos.
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