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| Javier Álvarez, repudiado por prepotente. |
Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
De manera excepcional, el gobernador Juan Sabines Guerrero, recién hizo un llamado a los posibles precandidatos a retirar la costosísima propaganda que, bajo el pretexto de innecesarios “informes de actividades legislativas”, han colocado en todo el estado algunos aspirantes a la principal silla de Chiapas. La postura del mandatario debe ser vista, no como una intromisión en el proceso electoral, sino como la obligación moral de quien ha buscado equilibrar la cuestión comicial que estaba en un impasse incomprensible y requería modificaciones sustanciales urgentes.
En ese sentido, no podemos negar que desde que Sabines Guerrero asumió el mando, envió reformas electorales al Congreso del Estado, mismas que, una vez aprobadas, han constituido un avance en la consolidación democrática, puesto que se amplió el funcionamiento de los órganos encargados de preparar, ordenar, vigilar, fiscalizar y profesionalizar los procesos de elecciones.
De ahí la urgencia que las comisiones, direcciones, plenos, consejos, secretariados y demás figuras dentro del ámbito electoral, relean las leyes en la materia para encontrar las fórmulas adecuadas que abran paso a un proceso limpio, transparente y equitativo.
Es decir, que los empleados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana —IEPC—, dejen de lado la modorra, la inercia del “ahí se va” y apliquen correctamente el estatuto que obliga a los aspirantes a cargos de elección popular, ceñirse a los tiempos y formas.
Porque de entrada, éstos violan el artículo 227 párrafos II, IV y VII (en algunos casos también el VI) que prohíbe expresa y contundentemente que los precandidatos realicen actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio; a emplear o utilizar recursos —en dinero ó especie— por sí o a través de interpósita persona, cualquiera que sea su origen. Contratar publicidad en los medios de comunicación y hacer uso de la infraestructura pública del gobierno, antes del inicio formal y oficial de la precampaña.
En el artículo 338 de la misma Ley Electoral, también queda formalmente prohibido que candidatos ó precandidatos, realicen actos anticipados de proselitismo y propaganda, fuera de los tiempos legalmente establecidos. En ese mismo artículo, el Código es tajante: En el párrafo I dice: “Ésta conducta será sancionada con la pérdida de su derecho a ser registrado como candidato o en su caso la cancelación del registro respectivo”. Todo muy, pero muy claro.
Las preguntas son, ¿por qué los órganos electorales hacen mutis? ¿Complicidad para violentar las leyes? ¿Ignorancia? ¿Favoritismo? ¿Incapacidad? ¿Torpeza? ¿Parcialidad? ¿Dolo? ¿Miedo?
Los instrumentos legales para aplicar adecuadamente los correctivos a quienes violenten los términos electorales, están en sus manos; la misma Ley faculta y obliga a los funcionarios del IEPC —y a todos los órganos dependientes de éste— a vigilar el perfecto cumplimiento del estatuto.
El artículo 197 ordena a todos los órganos electorales, especialmente a la Comisión de Fiscalización Electoral, “dictar medidas cautelares que eviten, retiren o suspendan la difusión pública de propaganda o actos de proselitismo que violen las disposiciones electorales”. ¿Qué esperan para actuar? ¿Se hizo la ley para ser violada? No.
Sencillamente, hay flojera para hacerla cumplir. Ante ello, los aspirantes aprovechan la ocasión. A donde quiera que vayamos encontraremos actos anticipados de propaganda de algunos precandidatos e incluso, de partidos políticos escudados en ficticias organizaciones civiles. Frente a una institución electoral débil, incoherente, enferma y desordenada, precandidatos oportunistas, prepotentes, infractores y determinados a hacer trampa.
Evidentemente, el mensaje de éstos a la sociedad no es bueno. Porque están adelantando que serían servidores públicos sin el menor respeto por las leyes que rigen al estado. Si ahora violentan el estatuto electoral, ¿qué podemos esperar de ellos si llegaren a ganar el proceso electoral? Y como nadie les pondrá en su lugar, debemos estar preparados para más violaciones.
Tarjetero
*** La corrupción en algunos centros penitenciarios en Chiapas, es grave, alarmante. José Antonio Martínez Clemente, subsecretario de sanciones penales y medidas de seguridad del sistema carcelario, llegó al cargo para hacerse rico; solo le adelanto que lo que se decomisa en los penales durante los catetos, queda en poder de éste funcionario. ¡Vaya! Se lo roba, pues. Y lo peor es que se dice apadrinado y protegido por el famosísimo Moisés Grajales, subsecretario de Seguridad Pública. Yo espero que no sea así; el Moi es un tipo buena onda, hasta donde sé, muy honradito, muy serio. Pero sus recomendados, al parecer, son unas fichitas. Es una larga historia de corrupción que ojalá, Moisés la corte de tajo. *** La resistencia contra los abusos de la CFE, es algo que ya se veía venir. A esto se suma la postura del gobernador Sabines en el sentido de no albergar una nueva presa hidroeléctrica, debido, dijo el mandatario, a que no existen condiciones para ésta. Además de la no existencia de condiciones, la CFE ha abusado una y otra vez de los chiapanecos. Somos el estado que más aporta en esa materia y es donde más cara es la energía que se consume. Nuevo León y otros estados del centro del país, pagan cuotas casi simbólicas de lo que aquí se produce. Ojalá y entiendan que Chiapas merece un trato justo. Muy justo. *** Eso de “evaluar la imagen” de algunas ciudades, suena más a chantaje, a negocio sucio. Porque aquel alcalde que suelte un buen billete, tendrá la mejor ciudad. Y el que no se moche, será el peor de todos. ¿Lo apostamos? *** Apenas llegó a la rectoría de la universidad a donde lo mandaron a vegetar y ya tiene serios problemas; se trata de Javier Álvarez, exsecretario de Educación. Su prepotencia es tal que se dice, ya se organizan los estudiantes para hacer frente a sus actos de prepotencia. *** Luego nos leemos.
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