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| Amador Rodríguez, instrumento de la dictadura. |
Angel Mario Ksheratto
Dígase lo que se diga, el caso Hank Rhon sacó a flote la pobreza moral y operativa de la PGR, no solo en la llamada “lucha contra el crimen organizado”, sino en otros quehaceres de su obligación institucional. Y no solo esa dependencia mostró su vulnerabilidad, sino las de Baja California, que no pudieron siquiera tomar las previsiones de rigor para cumplir con las expectativas que soltaron con bombo y platillo y que daban por sentado que Jorge Hank Rhon, habría cometido diversos delitos del orden común.
Independientemente de las fallas cometidas por las dependencias encargadas de someter al estado de derecho a quienes presuntamente han delinquido, tenemos qué ver hacia la descomposición moral de las instituciones como entes obligadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sobre esa lamentable como endeble base, no podemos confiar en los resultados hasta ahora presentados, pues caben dentro del marco de la sospecha, toda vez que ni los métodos ni las acciones consolidan la credibilidad que se debe a éstas, por parte de una sociedad agobiada por todos lados.
Las supuestas pruebas que contra el poderoso empresario y político se tenían, no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad; más aún, en Baja California, hay la certeza que Hank Rhon, ha actuado siempre al margen de la ley. Era un pez gordo que al estar tras las rejas, dejaría dormir tranquilas a sus víctimas y daría una plusvalía cómoda al Gobierno Federal que está urgido de golpes de alto impacto para retener la silla presidencial.
Sin embargo, en un solo día, la institución que tenía la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, sufrió dos golpes demoledores y dio al presunto culpable, dos victorias que dejan la sensación de derrota para todo un país que busca entre los escombros que viene dejando la violencia, un respiro, una tentadora razón para devolverse a las instituciones y entregar a éstas la credibilidad que necesitan para resurgir de las casi cenizas en que se debate.
Mucho se ha dicho al respecto: que no hay capacidad, que no hubo voluntad, que la negociación política se impuso a la aplicación correcta de la ley, que el amedrentamiento priísta fue contundente, que las reuniones secretas entre altos funcionarios y prominentes políticos de distintas corrientes fueron determinantes, en fin, muchas versiones que a la larga, ciertas ó falsas, terminarán por romper el delgado hilo con que aún se sostiene el sistema de gobierno. Ante las conjeturas e hipótesis, ninguna respuesta confiable. He ahí la gravedad del asunto.
Los menos duros han ubicado el caso Hank entre la corrupción y lo ridículo; los más ácidos, se han ido por la condena arbitraria. Pero nadie concede razones a quienes un día lapidan a un hombre y al otro, le dejan ir, eso sí, quién sabe si bajo la vieja manía del “usted disculpe, fue un mal entendido”.
Muchos nos preguntamos qué hubiera pasado si Pedro Pérez López hubiese estado en el lugar de Hank Rhon; seguramente ya estaría a la espera de una larga sentencia. ¿Por qué? Porque Pérez López sería un ciudadano común y corriente, con el agravante de ser pobre. Esa es la sensación que queda flotando en el ambiente. Una más sería la de contar con personajes inapropiados dentro de las instituciones. Ese es el problema de fondo.
Mientras baja la temperatura que se desató tras el escándalo Hank Rhon, otros temas de relevancia van quedando en el olvido. Es como si no tuviésemos la capacidad de evolucionar sin sobresaltos; como tener un cuerpo sin cabeza. El país, por tanto, está enfermo… Y de gravedad.
Tarjetero
*** En el penal de El Amate, empiezan las inconformidades; tras el ingreso del exdictador, Pablo Abner Salazar, se dispusieron algunas medidas de seguridad para éste, lo que afecta la vida cotidiana dentro del centro penitenciario. Obviamente y por fuerza de una mala costumbre, debe estar en alguna parte, aislado. Esto para evitar agresiones, pues el tirano no es bien visto. Ojalá y no por uno, se afecte a todos. En una cárcel, todos son iguales y deben ser tratados como tales. *** Muchos exfuncionarios de la dictadura pablista no solo han metido sus barbas a remojar, sino todo el cuerpo. Algunos de éstos, antes de ser llamados a formar parte del mal gobierno, eran modestos profesionistas, con los recursos suficientes para sobrevivir. Al término de la dictadura, eran millonarios, dueños de grandes empresas, fincas, residencias y negocios de diversa naturaleza. ¿Nombres? Jorge Morales Messner, Reybel Santos, Griselda Bonifaz, David Tovilla, Roger Grajales, Pablo Muench Navarro, César Chávez, Amador Rodríguez Lozano, Mario Bustamante, María de los Ángeles Cruz, Alfredo Palacios, Ángel René Estrada Arévalo, Porfirio Hernández, Arturo Velasco, por mencionar a los más cercanos del exdictador. En el caso de David, Tovilla, trascendió, se investigan pagos no realizados a corporaciones de comunicación. *** Por cierto, la exigencia es que no solo se juzgue a Pablo Abner por el bono; ahí están los niños muertos en Comitán y desde luego, el caso “Stan”. No debe quedar impune. *** Tanto borlote por un lamentabilísimo accidente laboral. Lo cierto es que hasta hoy, la empresa que contrató a los trabajadores que por desgracia murieron en un deslave hace un par de días, se comprometió a indemnizar a las familias de las víctimas. Si no lo hace, entonces sí, habrá que obligarla. Pero de ahí a intentar lucrar con una desgracia, se me hace perverso e inútil. No son tiempos de pleitos estériles, sino de construir y reconstruir juntos. *** En Berriozábal el asunto de seguridad es grave. El mismo jefe de la policía local, es acusado de abuso y diversas arbitrariedades, al grado que en complicidad con el alcalde, detienen a cualquier ciudadano para luego extorsionar a los familiares de éstos. Sería buena una investigación a fondo. *** La exigencia es absoluta: Que Pablo Salazar devuelva todo los despojado a los chiapanecos. *** Luego nos leemos.
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