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| Los migrantes, ante nueva realidad legal. |
Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Es saludable la obligada depuración del Instituto Nacional de Migración; desde que se supo de la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, las sospechas contra los empleados de esa dependencia si hicieron sentir en una sociedad que ya había perdido toda la confianza en esa institución. A unos días que algunas víctimas identificaran plenamente a funcionarios y agentes migratorios como los responsables de entregarlos a grupos armados, la Secretaría de Gobernación decidió poner fin a los abusos, aunque hay qué decirlo, no es todavía suficiente, pues hay muchos otros funcionarios involucrados, a quienes no se ha tocado.
El asunto llegó tan lejos que hace apenas un par de días, el propio Presidente de la República reconoció las fallas y abusos, justo cuando se promulgó la nueva ley de migración. No sobra tampoco decir que la acción de limpieza al interior del INM, se da a unos días que el Senado aprobara leyes de protección a los migrantes y castigos más severos a los traficantes de ilegales en el país.
Puede deducirse entonces que la SG debió actuar bajo presión y no por establecer parámetros de seguridad para los migrantes; de todas maneras, la medida ha sido aplaudida por diversos sectores, pese a que todos la consideran incompleta, pues muchos otros delegados permanecen en sus cargos, especialmente en los estados donde más abusos se han cometido contra los migrantes.
Debemos insistir en el hecho que ha sido el INM el principal responsable de los abusos; algunos gobiernos estatales, como el de Chiapas, por ejemplo, incluso han legislado para garantizar la seguridad, educación, alimentación y salud de quienes pasan por su territorio. Los castigos para los secuestradores y asaltantes de los migrantes se han endurecido, lo que ha generado una merma importante en esa clase de delitos.
Mientras no exista una política integral, mientras no se eduque a los agentes migratorios, los abusos continuarán. Si bien la experiencia de Chiapas en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes ha sido exitosa, ésta se empaña por el mal proceder de agentes dependientes del INM.
La promulgación de la nueva ley era de urgencia; la obtención de leyes federales en el mismo sentido en que Chiapas las creó, evitarán el mantenimiento de una política represora y restrictiva que en nada ayuda a las peticiones del gobierno mexicano al de Estados Unidos en el sentido de crear leyes humanitarias para los migrantes mexicanos en aquel país. Si queremos bienestar para los nuestros en el norte, debemos dar lo mismo a los que vienen del sur.
Ahora bien, la depuración del INM no debe quedar en una llamarada de petate. Debe ir más lejos. En las garitas migratorias en Chiapas, el proceder de los agentes es vergonzante. Abusivos, prepotentes, groseros, maleducados, violentos, amenazantes.
Cuando encuentran a un sospechoso de ser migrante ilegal, lo bajan de los autobuses en medio de una tormenta de groserías; ya dentro de las instalaciones, el trato es peor. Humillante.
Y no solo los de la migra actúan de esa manera. En la aduana de la Secretaría de Hacienda en los puentes internacionales, los empleados de esa dependencia son igual de prepotentes. Hace unos días, fui testigo de cómo el inspector de aduanas, detuvo a una pareja de turistas; abrió sus maletas, sacó todo su contenido tirándolo en el suelo y al terminar de “revisar” las maletas, sencillamente se retiró. No tuvo la amabilidad de devolver las pertenecías de los turistas a las maletas. Y así lo hizo con todos.
El trato debe ser amable; la ley por tanto, debe abarcar aspectos en todos los sentidos para beneficio de todos. Una depuración completa sería lo más conveniente, pero también, una política que privilegie derechos integrales. Porque la prepotencia de agentes federales, afecta todo; el turismo en Chiapas, las inversiones, el comercio.
Tarjetero
*** Dentro de la normativa, Chiapas ocupa —según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2011— el primer lugar en materia de transparencia; esto es, en términos llanos, una sobresaliente actuación del gobierno doméstico que ha procurado la limpieza fiscal que a su vez, permite el dinamismo financiero del estado que al mismo tiempo, fortalece la obra pública. Después de Chiapas en el tema de la transparencia, están el Estado de México y Jalisco. Evidentemente, en la entidad existe la capacidad de hacer bien las cosas, sin necesidades extraordinarias que afecten a los ciudadanos. *** Las amenazas contra Jacobo Elnecavé, deben, sin duda, tener nombre y apellidos. Solo será cuestión de tiempo para enterarnos bien a bien de dónde provienen y quién está detrás de tal cobardía. Mientras tanto, solidarios con el conductor de TV. *** Por cierto, el asunto del robo a los damnificados por el huracán “Stan”, está en una etapa crítica. La exigencia de justicia se ahoga en la impertinencia de algunos partidos y actores políticos que apoyan al tirano Pablo Abner Salazar, a sabiendas que éste sujeto, no goza de la simpatía de los chiapanecos. Al contrario, el repudio es generalizado, desbordante. *** Con la detención de Héctor Leonel Paniagua, exalcalde de Motozintla, revive la exigencia de utilizar el resero de manera pareja. Como Paniagua, muchos exalcaldes cometieron fraude al erario y siguen tan campantes. Ahí están dos exalcalde de San Cristóbal de las Casas; el de Tonalá, uno de Villaflores, en fin, muchos que robaron y siguen gozando de cabal impunidad. En el caso del exedil motozintleco, el asunto fue por un préstamo a BANOBRAS. Habrá que preguntarnos si él está solo en ese crimen financiero. Quienes aprobaron sin leer la propuesta en el Congreso del Estado, también deben ser llamados a cuentas. Porque aprobaron un préstamo a ciegas. Así de fácil y sencillo, señores. *** Luego nos leemos.
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