Angel Mario Ksheratto
La defensa que de su divorcio hizo el presidente Álvaro Colom en un importante noticiero mexicano, bien pudo haber pasado desapercibida de no ser porque en su contexto, recurre a uno de los fundamentos de la monarquía española para justificar su existencia como forma de gobierno. Según Colom, la determinación de divorciarse para que su esposa participe como candidata a la Presidencia de la República, la tomaron “porque la inestabilidad política en Guatemala, es grave” y según él, Sandra Torres es la única que garantiza restablecer el orden jurídico y social del país.
Aquí vemos dos puntos interesantes: primero, el reconocimiento explícito en el sentido que la administración de Álvaro Colom, no ha podido mantener la estabilidad política y social del país, lo cual es grave aún para las aspiraciones de su esposa quien, de una u otra forma, ha sido clave en las decisiones de Estado. Usando la lógica, la inestabilidad a la que se refiere el Presidente, es también, culpa de la señora Torres.
En segundo lugar, el intento de apoyar sus aspiraciones familiares en el fundamento de la monarquía. “La monarquía se asegurará de que la paz social y la estabilidad sean mantenidas bajo los principios de la democracia y el ordenado acceso al poder (…)”, ha sostenido una y otra vez el Rey Juan Carlos de España. Es decir, para la pareja —o quizá debamos decir “la ex pareja”— presidencial, solo un gobierno con características monárquicas podría salvar a Guatemala del caos en que se encuentra. Solo que alejada de los principios democráticos, el orden y el respeto a los ciudadanos.
A juzgar por las acciones llevadas a cabo por los cónyuges en el poder, no solo buscan establecer un gobierno monárquico, sino una oligarquía, basada en la unilateralidad y el absolutismo y no en la alternancia por acuerdo colectivo, como funcionan algunos gobiernos monárquicos en el mundo.
La forma de gobierno de Guatemala es diametralmente opuesta a las aspiraciones de una sola familia: constitucionalista, democrática, presidencialista y pluripartidista. Por tanto, un gobierno dinástico, no solo rompería con los valores de la Constitución, sino que partiría en mil pedazos el tejido social que en distintos foros ha repudiado la maniobra legaloide, mediante la cual pretenden los esposos Colom—Torres, perpetuarse en la Presidencia de la República.
Es inmoral e inconstitucional romper el vínculo del matrimonio para favorecer ambiciones personales; es, a todas luces, desobediencia manifiesta y dolosa a una de las partes elementales de la Constitución. “Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, (…) afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz (…) Promulgamos…”, dice el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuya supremacía sobre cualquier otro Código ó leyes secundarias, está claramente expuesta en los artículos 44, 175 y 204 de la misma.
Traigo a colación el preámbulo constitucional en virtud de que en su defensa al divorcio, Álvaro Colom argumentó que en el “sacrificio” de separarse física y legalmente de su esposa, “pesa más el amor a la patria” que el que entre ellos pudiere haber. ¿Cómo consolidar un régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz si los principios fundamentales de los valores espirituales y morales son rotos por un divorcio a conveniencia?
Francamente, no vemos otra cosa que el instinto de conservación del poder mediante un contrato social al revés. La pareja presidencial pretende convertir a la institución matrimonial en un consorcio político para revertir el proceso democrático en Guatemala.
Por otro lado, el mandatario guatemalteco confesó ante millones de televidentes que no existe más causal para el divorcio, que el interés suyo y de Sandra Torres para que le suceda en la Presidencia. Si revisamos el Código Civil de Guatemala, la ambición política no constituye causal para el divorcio. El artículo 155 de dicho Código, establece que son causas para el divorcio la infidelidad, malos tratos, riñas, injurias, ofensas al honor, atentados interconyugales ó contra los hijos, separación ó abandono voluntario, dar a luz un hijo fuera de matrimonio, incitación a la prostitución, negación de asistencia alimentaria, hábitos de juegos ó embriaguez, enfermedad grave, incurable y contagiosa, esterilidad y enfermedad mental.
En todo caso, tanto el Presidente como su esposa, estarían violentando la Constitución para obtener ventajas políticas; los expertos le llaman “fraude a la ley” y no les faltan argumentos jurídico—legales para así considerarlo. Más aún, se puede asegurar que es un abuso del Derecho y peor todavía, exceso en las atribuciones de su encargo.
Porque el Código Civil establece que sólo se puede solicitar el divorcio cuando ha transcurrido un año de la separación física y en éste caso, los medios de comunicación han adelantado que el hecho podría consumarse en por lo menos un mes. No es necesario preguntarnos por qué la celeridad del juez para decretar el divorcio. Salta a la vista de todos, la coacción, las presiones y quién sabe cuántas argucias más.
Álvaro Colom acusa a quienes critican sus acciones de “machistas”. Es un recurso fácil que no abona a una salida decorosa de la crisis institucional a la que ha arrastrado al país. Por el contrario, revela su absoluta intolerancia y desdén a la opinión de los guatemaltecos que no están en contra de Sandra Torres por su condición de mujer, sino por defraudar a las leyes y al pueblo de Guatemala. Ser mujer no le da derecho a enlodar la Constitución y ampararse en su género.
Por último, una joya del presidente guatemalteco: “Somos un proyecto democrático que respeta la voluntad del pueblo”. Inmediatamente después de conocerse el subrepticio acto de solicitud de divorcio, el periódico Prensa Libre realizó una encuesta para conocer la opinión de los guatemaltecos al respecto. El 98.02 por ciento de los ciudadanos está en desacuerdo. Apabullante resultado. Si Colom y Torres respetan la voluntad del pueblo, ahí está la respuesta. ¿Respetarán la decisión de los guatemaltecos? No parecen estar dispuestos a hacerlo. La avaricia los atrapó.
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