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Dirigentes campesinos ricos; indígenas en extrema pobreza

Fichero Político

Angel Mario Ksheratto


La dolorosa condición de los indígenas y
campesinos de Sabanilla, se acentúa con
la corrupción de funcionarios y presuntos
líderes sociales inescrupulosos.

Si cree Usted que los dirigentes de las organizaciones campesinas en el norte del estado son gente honrada, honesta y dedicada a defender los derechos de los campesinos, puede empezar a declararse equivocado. Según una serie de denuncias corroboradas por Fichero Político, solo en el municipio de Sabanilla, tres organizaciones “de izquierda” acaparan al 40 por ciento de los indígenas y campesinos en extrema pobreza. Los dirigentes de tales organizaciones, sin embargo, viven cómodamente en algunas ciudades de la región y poseen propiedades en otros municipios. Mientras, los de siempre, los pobres y marginados indígenas, viven en condiciones precarias, siguiendo los brutales consejos de sus dirigentes.
A esto se unen representantes gubernamentales, de tendencia “perredista”, quienes además de consentir abusos y engaños a los campesinos, también se quedan con los pocos recursos que los gobiernos estatal y federal canalizan para medio paliar la angustiante falta de alimentos y techo. Tomamos como ejemplo el caso de Sabanilla, considerado entre los 28 municipios con pobreza extrema de Chiapas. Ahí, los líderes de campesinos y funcionarios con cargos de “delegados” institucionales, se han convertido en saqueadores y obstaculizan toda forma de desarrollo.
Jorge Zebadúa Aguilar, delegado de la Secretaría del Campo, es uno de tantos ejemplos que cunden ahí. El funcionario, según han podido comprobar las autoridades ejidales y municipales, se ha hecho millonario de la noche a la mañana con el programa “Maíz Solidario”. Él, a espaldas de los beneficiados, toma las decisiones que más le convengan. Lo que ha generado pérdidas importantes y desde luego, ha profundizado la crisis alimentaria de las comunidades que conforman ese municipio.
El delegado de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas (SEAPI), Mariano Hernández, junto con el dirigente de la organización campesina-indígena, conocida como Xinich, Marcelino Gómez Gómez, se han confabulado para entregar al mismo grupo de incondicionales, las casas que la institución encargada de dotar de vivienda a los indígenas de escasos recursos, ha otorgado. Esto ha generado que colonias como la “Juan Esponda”, estén deshabitadas y abandonadas, pese a que existen alrededor de seis asentamientos de desplazados en ese municipio. Sí. Así como lo lee. “Linda Vista”, “El Manantial” y “12 de Octubre”, son tres de esos asentamientos de desplazados que viven en casas de cartón, mientras en “Juan Esponda”, 200 casas se están derrumbando, precisamente porque la SEAPI y Xinich, se niegan a proporcionarlas a los que realmente las necesitan. En cambio, los seguidores de éstos son dueños de hasta tres casas. ¿Inmoral, no?
A esto se agrega un asunto extremadamente delicado: la corrupción. Con la venia de las delegaciones de Gobierno, SEAPI, del Campo y el respaldo de las dirigencias regionales de algunas organizaciones campesinas, Marcelino Gómez Gómez, líder de la Xinich, pidió a cada campesino 12 mil pesos por cada vivienda, aún a sabiendas que éstas son otorgadas por los gobiernos federal y estatal, con la ayuda de organismos internacionales. En otros casos, Gómez Gómez ha exigido 600 pesos a cada familia para el programa “Piso firme”, de la SEDESOL. Y hasta hoy, no ha cumplido. Es decir, se ha robado los recursos ilegales que ha recaudado a los empobrecidos campesinos e indígenas.
Y si cree que solo ahí termina el asunto, se equivoca. Ana del Carmen Valdivieso, delegada de la Secretaría de Gobierno, también hace sus propios negocios. El Ayuntamiento de Sabanilla debía construir un camino de la cabecera municipal a la colonia “Unión Hidalgo”. Recurrió a la delegada gubernamental y ésta solicitó al Ayuntamiento nada menos y nada más que 20 mil pesos, supuestamente para rentar la maquinaria adecuada. Eso fue desde diciembre del año antepasado. Al ver que la delegada Valdivieso no cumplió, el Ayuntamiento buscó las formas y logró que les prestaran un tractor. El camino ya está casi terminado, un camino que los proyectistas de la dependencia caminera en el estado, había valuado en 15 millones de pesos, está saliendo a razón de 100 mil pesos. ¿Cuánto se iban a robar?
Mientras, Ana del Carmen Valdivieso, no devuelve los 20 mil pesos que pidió al Ayuntamiento. Debo destacar que todos los involucrados en las transas arriba mencionadas, son de “izquierda”; son los mismos que en gobiernos anteriores, señalaban con dedo flamígero la “corrupción” de los servidores públicos. Pero ellos salieron peor. Utilizar la pobreza, la extrema pobreza en que vive esa gente para enriquecerse ellos, es inadmisible.
El Gobierno del Estado debe intervenir y frenar los abusos, la corrupción de estos personajes. Es urgente por el bien de los más necesitados. Y de ser posible, que se castigue con cárcel a quienes están metidos ahí. A manera de agregado, éstos mismos empleados y dirigentes están presionando y utilizando recursos del Estado para que los campesinos voten a favor de los candidatos del PRD en ese y otros municipios cercanos. ¿Esperamos justicia o nos sentamos a ver cómo la corrupción acaba con los pobres?

Tarjetero

*** Hace unos días, unos sujetos asaltaron un bar en una avenida muy concurrida; hubo lesionados de bala y cachazos de pistola. La policía llegó una hora tarde. Como siempre. ¿Una ciudad segura? No lo creo. Por ningún lado se puede estar seguro. Por eso, para evitar ser víctima de un asalto con violencia, no salga de noche, no visite lugares con escasa seguridad. Y si es, por desgracia, víctima de un asalto, no oponga resistencia. Es mejor. *** Luego nos leemos.
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