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De Concejos y cuentas alegres

Fichero Político

Angel Mario Ksheratto



La creación de Concejos Municipales, podría
convertirse en un problema de enormes
dimensiones en breve.

Casi en silencio, la reforma electoral aprobada desde mediados de septiembre pasado, empieza a dar forma en una opinión pública desdeñosa y alejada del debate en torno a un tema delicado, especialmente si lo vemos desde una perspectiva seria y responsable. De ahí se desprende que para empatar las fechas electorales domésticas con las federales, los actuales diputados extendieron su periodo por un año con ocho meses, autobeneficio que riñe con aquel principio legal que establece que ninguna ley debe ser aprobada en beneficio de quien la vota. Pero en fin, todo sea, dicen, por la austeridad reclamada por una crisis económica que no tiene ni pies ni cabeza. Aquí, la concesión de credibilidad es forzada, pero entendible, solo hasta cierto punto.
En lo que a las alcaldías se refiere, a cuentagotas se han escapado del Congreso del Estado algunas leves explicaciones que dejan más que claro que no habrá ni elección de alcaldes para un año con ocho meses, ni extensión del periodo de éstos. Simple: Se nombrarán Concejos en los 118 municipios. Razones para sustentar esa medida sobran; la principal radica en que se buscará no aumentar el gasto en materia electoral, por las motivaciones críticas que todos conocemos. Pero más allá de ese sustento, hay otras razones poderosas. Por ejemplo, que la mayoría de alcaldes actuales no está cumpliendo debidamente con su trabajo, lo que ha generado profunda inconformidad entre la sociedad. Por otro lado, una fuente de la Cámara de Diputados, confirmó a Fichero Político que por lo menos, 86 ediles tienen serios problemas de comprobación del gasto corriente y en todas las alcaldías, hay serias fallas en la administración del erario público.
Para el colmo, el Órgano de Fiscalización Superior, no ha podido establecer criterios de transparencia en los municipios y tampoco ha querido aplicar las leyes, lo que ha generado un importante y riesgoso boquete financiero municipal, pero más, ha establecido bases para que la corrupción se siga practicando en los municipios, con absoluta impunidad. En esto, ni la Contraloría General del Estado ni la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, han podido intervenir, ya por ineficiencia, ya por complicidad, ya por omisión. La fuga de capital público, por tanto, es preocupante. Razón de más para evitar que los alcaldes actuales sigan en el cargo por más tiempo.
“¿Para qué poner una bomba de tiempo en los municipios donde los alcaldes no han cumplido y sí han estafado al pueblo?”, se pregunta un diputado mientras conversamos el tema. Le pregunto: ¿Si saben que muchos alcaldes están en números rojos por su ineficiencia y corrupción, por qué no han procedido en su contra?
–Yo no pertenezco a la Comisión de Hacienda –responde con tranquilidad. De ese tamaño es el simplismo con que se ve un asunto sumamente delicado. ¿Quién es el diputado? Nombre bajo reserva, en virtud de no haber sido una entrevista formal, sino una charla informal, sin compromiso de difundir el contenido de ésta, sino solo parcialmente y sin citar nombres.
El chiste es que una de las razones porque los alcaldes se van es porque están incumpliendo en todo; que están siendo corruptos, pero que se van sin las sanciones que determina la ley. Lamentable, muy lamentable que un tema tan delicado, se asuma con ligereza y lo peor, que se someta desde ahora, a los criterios de impunidad que se han establecido desde los órganos que, se supone, deberían procurar porque ya no haya corrupción.
El tema de los Concejos, hasta hoy, parece estar en completa tranquilidad. Ignoramos los métodos que el Congreso del Estado vaya a utilizar para el nombramiento de éstos. Todos sabemos que entre más chico sea el pueblo, más posibilidades hay de revueltas por la nominación directa de su autoridad. Existe además, el riesgo que sea el alcalde saliente quien imponga a su sucesor. Con ello aseguraría aún más su impunidad. Se requiere entonces que el Congreso forme una Comisión Especial para analizar cada caso y así, evitar revueltas populares. Es decir, que dicha Comisión vaya municipio por municipio, evalúe las propuestas y, de ser posible, consulte con los pobladores. Nada les cuesta. Solo es cosa de un poco de voluntad. Por último, debe haber la forma de lograr que los alcaldes con problemas financieros, salden las deudas con el pueblo. Imposible sostener la impunidad. ¿Es mucho pedir que se erradique la corrupción en los golpeados municipios de Chiapas?

Tarjetero

*** Plausible que los diputados se hayan bajado el sueldo; no dijeron a cuánto, pero lo hicieron. Ojalá otras instituciones sigan el ejemplo y ojalá también, no haya sido un anuncio quimérico. *** El asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas se vuelve cada vez más complejo, lo que están aprovechando los izquierdosos para llevar agua a su molino. No cabe duda que Calderón sí sabe cómo meter la pata, pero ignora cómo sacarla. *** Con razón el SMAPA anda de mal en peor. Apenas se supo que recién enseñaron la primaria a sus empleados. Ahora entendemos por qué los recibos a veces llegan abultados y a veces, con cantidades risibles. Lo elogiables que algunos, ya saben leer y escribir. Ojalá nos toque uno de esos para la lectura de los medidores. *** Con un concurso de karate, la Procuraduría de Justicia pretende tapar el bache de ineficacia en la lucha contra la criminalidad. Es bueno el circo, pero en éste caso, sería mejor que el señor Procurador se aplicara más en la persecución de los delincuentes. Porque hasta ahora, seamos francos, ningún golpe fuerte se ha dado, salvo el de Mariano Herrán. Hace unos días decíamos que es plausible que limpien de pablistas corruptos a esa dependencia, pero les aplaudiríamos más, si se ponen a trabajar en serio y dejan los actos culturales y deportivos, para cuando los chiapanecos estemos seguros y los delincuentes, en la cárcel. *** Luego nos leemos.
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