Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Sin capacidad de respuesta a los
reclamos de sus gobernados,
muchos ediles prefieren la
denostación anónima.
Es la moda que han adoptado muchos alcaldes en un frustrado intento para contener las criticas a su mal proceder como funcionarios públicos; sucede en Palenque, también en San Cristóbal de las Casas y Cintalapa, como en Arriaga y Soyaló, por mencionar solo cincos del montón de casos que se han presentado en los últimos meses. Contrarrestar el señalamiento mediante infamantes panfletos en los que se acusa, sin fundamento, a los opositores de todos los delitos habidos y por haber, es ahora práctica común, como cotidiana se ha vuelto la costumbre de publicitar sus actos en medios de dudosa reputación o en el peor de los casos, en las famosas estaciones de radio “piratas”, lo cual es
un delito federal puesto que con dinero institucional, se subvenciona a empresas que viven en la absoluta ilegalidad. Ni hablar de la política de transparencia que impulsan los gobiernos federal y estatal, cuya letra es muerta para muchos alcaldes que se niegan a ofrecer cuentas claras a sus gobernados a quienes mienten descaradamente, muchas veces con el aval de algún funcionario de primer nivel como sucede, por ejemplo, con el caso de Cintalapa en donde el alcalde Alexander Trinidad Vásquez está convirtiéndose en una verdadera lacra, en un dictadorzuelo desalmado que no ha dudado en mandar a imprimir pasquines para denostar a sus críticos y opositores, acusándoles de todo y promoviendo acciones ilegales para que éstos callen ante la inoperancia de su gestión y el retraso que ha significado su administración. Igual carácter de terrorismo mediático ha implementado el alcalde de Palenque contra quienes han osado señalar sus yerros; las radios piratas, como instrumento para atacar directamente a sus opositores a quienes incluso, liga irresponsablemente con el narcotráfico mediante cobardes panfletos que solo han servido para confirmar la falta de inteligencia de éste para hacer frente a las demandas populares y a las promesas de campaña que ha incumplido, pese a su intención de postularse como candidato a una diputación federal. En Arriaga, a pesar del cúmulo de denuncias por corrupción y sospechas de autoasaltos, el edil Carlos Bedwel no ha sido investigado, lo que le ha dado margen para sumergirse en una tarea vergonzosa: atacar a sus opositores mediante anónimos en los que señala, acusa y amenaza.
Se ha dicho hasta el hartazgo que hay políticas institucionales para informar y aleccionar a los presidentes municipales sobre la transparencia con que deben conducirse, empero tales acciones no se ven por ninguna parte, ya sea porque los funcionarios retan al propio Estado rebelándose contra las instrucciones o ya sea porque sencillamente, gozan de favores personales que ponen en entredicho la otra política que ha venido impulsando el gobernador Sabines Guerrero: cero influyentismo. Alcaldes hay que han dicho abiertamente que tal ó cual secretario de estado avala sus atrocidades; es, por ejemplo, el caso de Alexander Trinidad Vásquez, quien no ha tenido medida en la lengua para asegurar que la barbarie a que ha conducido el Ayuntamiento cintalapaneco, cuenta con el visto bueno de por lo menos tres secretarios de estado a quienes otorga poderes superiores incluso a los que por ley corresponden al propio Jefe del Ejecutivo. De ese tamaño los abusos. No dudamos que por parentesco, por influencias o por intereses políticos y económicos, haya más de algún funcionario que esté detrás de los deplorables actos de muchos alcaldes. La ambición es terrible. Pero se debe tomar en cuenta que las cosas han cambiado y ya no es como antes cuando el gobierno en turno hacía oídos sordos a las denuncias; de tal manera que, si existiese la intención de investigar a los funcionarios municipales corruptos, debería también extenderse la averiguación hacia los funcionarios estatales que encubren y promueven acciones contrarias al modelo de gobierno que encabeza Juan Sabines Guerrero. Las mafias y pandillas de ladrones que se formaron en la dictadura pasada, deben ser desmanteladas por completo, ya no pueden tener cabida en éste sexenio. Es absurdo que se pretenda limpiar la casa nueva con escobas viejas. El cambio debe ir a toda velocidad y está obligado a tocar fondo. Si los pablistas que todavía están cobrando sin hacer nada, deben entender que ya los tiempos para defender a parientes, amigos y compadres, terminaron. Porque le están haciendo mucho daño a la sociedad y más, al gobierno mismo, que está luchando para dar un giro importante a la forma de conducir a la entidad. Por dignidad, los pablistas deben irse, deben renunciar. Ya han hecho suficiente daño como para que persistan en su terquedad. Es lo menos que pueden hacer.
Tarjetero
*** Hoy, dicen, quedará resuelto el caso de la dirigencia perredista en Chiapas; la mayoría de militantes de ese partido le apuesta a un interinato de dos años. Es lo deseable pues, no se puede dirigir a un partido desde el protagonismo escandaloso. *** Fueron 80 mil pesos los que cierto director de área de reconocida dependencia pagó a un restaurante para que lo desalojaran hace unas noches. La razón: el funcionario de quinta categoría entregó el anillo de compromiso a su novia y no quería testigos. ¿Con dinero de quién o con qué derecho un empleado obliga a un empresario a deshacerse de su clientela para su disfrute muy particular? ¿Le informó, por lo menos a su jefe inmediato, del acto de prepotencia y exhibicionismo que tuvo lugar en la llamada “zona dorada” capitalina? Es indignante que mientras el gobernador Sabines Guerrero se esfuerza por hacer un gobierno alejado de dudas y sospechas, algunos mequetrefes con disfunción cerebral incurran en abusos patéticos. Insistimos: ¿De quién era el dinero que erogó para confirmar su idilio? ¿Fue una muestra de amor o de descarado e ilegal gasto del erario? *** Guadalupe Lara Martínez y Liliana Liévano Santiago fueron nombradas ayer como Directora de Recursos Humanos, Organización y Métodos y, Directora del Fondo Auxiliar del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial. Qué bien, porque los antecesores han dejado muchas dudas de las que ya hablaremos. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Sin capacidad de respuesta a los
reclamos de sus gobernados,
muchos ediles prefieren la
denostación anónima.
Es la moda que han adoptado muchos alcaldes en un frustrado intento para contener las criticas a su mal proceder como funcionarios públicos; sucede en Palenque, también en San Cristóbal de las Casas y Cintalapa, como en Arriaga y Soyaló, por mencionar solo cincos del montón de casos que se han presentado en los últimos meses. Contrarrestar el señalamiento mediante infamantes panfletos en los que se acusa, sin fundamento, a los opositores de todos los delitos habidos y por haber, es ahora práctica común, como cotidiana se ha vuelto la costumbre de publicitar sus actos en medios de dudosa reputación o en el peor de los casos, en las famosas estaciones de radio “piratas”, lo cual esun delito federal puesto que con dinero institucional, se subvenciona a empresas que viven en la absoluta ilegalidad. Ni hablar de la política de transparencia que impulsan los gobiernos federal y estatal, cuya letra es muerta para muchos alcaldes que se niegan a ofrecer cuentas claras a sus gobernados a quienes mienten descaradamente, muchas veces con el aval de algún funcionario de primer nivel como sucede, por ejemplo, con el caso de Cintalapa en donde el alcalde Alexander Trinidad Vásquez está convirtiéndose en una verdadera lacra, en un dictadorzuelo desalmado que no ha dudado en mandar a imprimir pasquines para denostar a sus críticos y opositores, acusándoles de todo y promoviendo acciones ilegales para que éstos callen ante la inoperancia de su gestión y el retraso que ha significado su administración. Igual carácter de terrorismo mediático ha implementado el alcalde de Palenque contra quienes han osado señalar sus yerros; las radios piratas, como instrumento para atacar directamente a sus opositores a quienes incluso, liga irresponsablemente con el narcotráfico mediante cobardes panfletos que solo han servido para confirmar la falta de inteligencia de éste para hacer frente a las demandas populares y a las promesas de campaña que ha incumplido, pese a su intención de postularse como candidato a una diputación federal. En Arriaga, a pesar del cúmulo de denuncias por corrupción y sospechas de autoasaltos, el edil Carlos Bedwel no ha sido investigado, lo que le ha dado margen para sumergirse en una tarea vergonzosa: atacar a sus opositores mediante anónimos en los que señala, acusa y amenaza.
Se ha dicho hasta el hartazgo que hay políticas institucionales para informar y aleccionar a los presidentes municipales sobre la transparencia con que deben conducirse, empero tales acciones no se ven por ninguna parte, ya sea porque los funcionarios retan al propio Estado rebelándose contra las instrucciones o ya sea porque sencillamente, gozan de favores personales que ponen en entredicho la otra política que ha venido impulsando el gobernador Sabines Guerrero: cero influyentismo. Alcaldes hay que han dicho abiertamente que tal ó cual secretario de estado avala sus atrocidades; es, por ejemplo, el caso de Alexander Trinidad Vásquez, quien no ha tenido medida en la lengua para asegurar que la barbarie a que ha conducido el Ayuntamiento cintalapaneco, cuenta con el visto bueno de por lo menos tres secretarios de estado a quienes otorga poderes superiores incluso a los que por ley corresponden al propio Jefe del Ejecutivo. De ese tamaño los abusos. No dudamos que por parentesco, por influencias o por intereses políticos y económicos, haya más de algún funcionario que esté detrás de los deplorables actos de muchos alcaldes. La ambición es terrible. Pero se debe tomar en cuenta que las cosas han cambiado y ya no es como antes cuando el gobierno en turno hacía oídos sordos a las denuncias; de tal manera que, si existiese la intención de investigar a los funcionarios municipales corruptos, debería también extenderse la averiguación hacia los funcionarios estatales que encubren y promueven acciones contrarias al modelo de gobierno que encabeza Juan Sabines Guerrero. Las mafias y pandillas de ladrones que se formaron en la dictadura pasada, deben ser desmanteladas por completo, ya no pueden tener cabida en éste sexenio. Es absurdo que se pretenda limpiar la casa nueva con escobas viejas. El cambio debe ir a toda velocidad y está obligado a tocar fondo. Si los pablistas que todavía están cobrando sin hacer nada, deben entender que ya los tiempos para defender a parientes, amigos y compadres, terminaron. Porque le están haciendo mucho daño a la sociedad y más, al gobierno mismo, que está luchando para dar un giro importante a la forma de conducir a la entidad. Por dignidad, los pablistas deben irse, deben renunciar. Ya han hecho suficiente daño como para que persistan en su terquedad. Es lo menos que pueden hacer.
Tarjetero
*** Hoy, dicen, quedará resuelto el caso de la dirigencia perredista en Chiapas; la mayoría de militantes de ese partido le apuesta a un interinato de dos años. Es lo deseable pues, no se puede dirigir a un partido desde el protagonismo escandaloso. *** Fueron 80 mil pesos los que cierto director de área de reconocida dependencia pagó a un restaurante para que lo desalojaran hace unas noches. La razón: el funcionario de quinta categoría entregó el anillo de compromiso a su novia y no quería testigos. ¿Con dinero de quién o con qué derecho un empleado obliga a un empresario a deshacerse de su clientela para su disfrute muy particular? ¿Le informó, por lo menos a su jefe inmediato, del acto de prepotencia y exhibicionismo que tuvo lugar en la llamada “zona dorada” capitalina? Es indignante que mientras el gobernador Sabines Guerrero se esfuerza por hacer un gobierno alejado de dudas y sospechas, algunos mequetrefes con disfunción cerebral incurran en abusos patéticos. Insistimos: ¿De quién era el dinero que erogó para confirmar su idilio? ¿Fue una muestra de amor o de descarado e ilegal gasto del erario? *** Guadalupe Lara Martínez y Liliana Liévano Santiago fueron nombradas ayer como Directora de Recursos Humanos, Organización y Métodos y, Directora del Fondo Auxiliar del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial. Qué bien, porque los antecesores han dejado muchas dudas de las que ya hablaremos. *** Luego nos leemos.
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