Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
El Contralor General (a la derecha) indiferente
ante irregularidades en su propia dependencia.
Ayer se hizo público el derecho de réplica de la empresa XIMARECH, cuyo registro en el Padrón de Contratistas de la Contraloría General, no existe, pese a que la documentación presentada por el administrador único de dicha empresa, parece estar en regla. Una revisión del padrón que se publica en el portal de la Contraloría, reveló que en la lista, aparecen constructoras que han sido dadas de baja e incluso, algunas que han sido inhabilitadas y otras que están en proceso de investigación penal por incumplimiento de obligaciones. La negligencia de algunas dependencias para
actualizar información de suma importancia para la ciudadanía, parece ser generalizada; hay incluso dependencias en cuyas páginas de Internet todavía aparece la frase distintiva de la dictadura: “Uno con todos”, como si la criminal administración de Pablo Abner Salazar no hubiese fenecido desde hace tiempo. Tal negligencia (o quizá nostalgia por la dictadura) provoca desinformación y descontrol porque nada es confiable y porque con ello, se despoja al actual gobierno, de veracidad. En el caso de XIMARECH, en efecto, está registrada en el Padrón de Contratistas de la Contraloría de Gobierno, pero, por negligencia de esa dependencia no aparece en el listado que hacen publicar en la red. En ese caso y con relación al contenido del documento de réplica, solo hay dos asuntos que nos llaman la atención: el primero, sobre el costo de la obra que, según afirmación de Octavio Cirilo Zúñiga Hernández, fue de 5 millones 80 mil 400 pesos; en el contrato cuya copia obra en poder de Fichero Político, aparece la cantidad de 5 millones 436 mil pesos. Alguien de la CEAS está disfrutando la diferencia; no cabe la menor duda. En segundo lugar, en el contrato de construcción quedó establecido que la obra realizada en Coapilla por XIMARECH, sería entregada los primeros días de noviembre del 2007; en la réplica, la empresa admite que todavía está en construcción, a nueve meses que debió ser concluida. Ahí falta una pertinente aclaración.
La negligencia de muchas dependencias para actualizar datos importantísimos de interés público, es una omisión gravísima que no puede pasar por alto; hay un presupuesto para actualizar los sitios de Internet, hay personal aparentemente calificado. Lo que no hay es voluntad y visión y tampoco hay un compromiso serio por ofrecer transparencia y efectividad a la ciudadanía. Sucede lo mismo con el Congreso del Estado; es inconcebible que hasta el día de hoy, no tengan actualizadas las leyes que se han aprobado en la presente legislatura. Da la impresión que no quieren que se conozcan reformas cruciales en todas las materias. Los diputados, lo sabemos todos, son una bola de haraganes. Sus sesiones no tardan ni veinte minutos y el resto del tiempo se lo pasan de vagos, peleándose por el dinero del Congreso. Pero lo que les compete, sus obligaciones, son nulas. Si en lugar de estar de cantina en cantina se pusieran a trabajar, hoy, todas las reformas realizadas estuvieran publicadas y el pueblo supiera sus derechos y obligaciones. Nunca se había visto tanta negligencia, tanta holgazanería; les pagan para trabajar no para retrazar lo que es interés general. ¿Quién se está robando el dinero que, se supone, es para pagar a los técnicos en computación para que mantengan actualizados los sitios de Internet? ¿Dónde está la política de transparencia que tanto pregonan? Ángel Córdoba y Sami David, en lugar de andar como arrabaleras disputándose el dinero del pueblo, deberían velar porque las cosas en el Congreso funcionen adecuadamente. Es su obligación, para eso cobran... Y bien cobrado.
De abogados
Ante las negligencia de los diputados para publicar las reformas, nos daremos a la tarea de ir publicando algunas de éstas (siempre que el espacio nos alcance) debido a su importancia. A propósito del Día de los Abogados, en las reformas al Código Penal promovidas por el gobernador Juan Sabines, hay disposiciones que sancionan a aquellos malos abogados que al amparo de su profesión, roban, timan, engañan y lucran con los casos que dicen llevar. En el artículo 473 se establece prisión de uno a cuatro años, suspensión del ejercicio profesional hasta por tres años y multa al abogado que alegue hechos falsos, leyes inexistentes o derogadas; defienda a dos partes en conflicto en el mismo caso, obtenga dinero, valores, o cualquier otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o la dirección o patrocinio en un asunto civil o administrativo, si no efectúa aquella o no realiza éstas, sea por que renuncie o abandone el negocio o la causa sin motivo justificado. Aun cuando no se haya suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuántos abogados hay que solo sacan cantidades industriales de dinero a sus potenciales clientes y luego se hacen los desentendidos? Para esos rateros, ya hay cárcel. Si usted ha sido víctima de ésos sujetos, ya puede demandarlos y exigirles que le devuelvan su dinero. Esto es parte de las reformas penales que hasta ahora, se desconocen, ya dijimos, por holgazanería de los diputados.
Tarjetero
*** El monopolio de abogados que manipula la destartalada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, bien puede ser acreedora de las sanciones arriba mencionadas, pues una de las litigantes de esa firma, es secretaria de acuerdos de la JLCA. Esperemos que se investigue el asunto a fondo y terminen con la corrupción de ahí, justo donde los trabajadores despedidos injustamente, pierden cualquier demanda, si no pagan como la parte patronal. Ya basta de influyentismo y amenazas estúpidas. *** Para Enrique Alfaro, caricaturista y columnista, el mejor de los abrazos por haber cumplido años ayer. *** Los robos de Fernando López Hernández, titular de la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indios, es sencillamente, inaceptable. Mañana le tendré detalles de tales pillerías, que van desde robos de vales de gasolina, hasta gastos superfluos que están desgastando seriamente a esa dependencia. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
El Contralor General (a la derecha) indiferente
ante irregularidades en su propia dependencia.
Ayer se hizo público el derecho de réplica de la empresa XIMARECH, cuyo registro en el Padrón de Contratistas de la Contraloría General, no existe, pese a que la documentación presentada por el administrador único de dicha empresa, parece estar en regla. Una revisión del padrón que se publica en el portal de la Contraloría, reveló que en la lista, aparecen constructoras que han sido dadas de baja e incluso, algunas que han sido inhabilitadas y otras que están en proceso de investigación penal por incumplimiento de obligaciones. La negligencia de algunas dependencias paraactualizar información de suma importancia para la ciudadanía, parece ser generalizada; hay incluso dependencias en cuyas páginas de Internet todavía aparece la frase distintiva de la dictadura: “Uno con todos”, como si la criminal administración de Pablo Abner Salazar no hubiese fenecido desde hace tiempo. Tal negligencia (o quizá nostalgia por la dictadura) provoca desinformación y descontrol porque nada es confiable y porque con ello, se despoja al actual gobierno, de veracidad. En el caso de XIMARECH, en efecto, está registrada en el Padrón de Contratistas de la Contraloría de Gobierno, pero, por negligencia de esa dependencia no aparece en el listado que hacen publicar en la red. En ese caso y con relación al contenido del documento de réplica, solo hay dos asuntos que nos llaman la atención: el primero, sobre el costo de la obra que, según afirmación de Octavio Cirilo Zúñiga Hernández, fue de 5 millones 80 mil 400 pesos; en el contrato cuya copia obra en poder de Fichero Político, aparece la cantidad de 5 millones 436 mil pesos. Alguien de la CEAS está disfrutando la diferencia; no cabe la menor duda. En segundo lugar, en el contrato de construcción quedó establecido que la obra realizada en Coapilla por XIMARECH, sería entregada los primeros días de noviembre del 2007; en la réplica, la empresa admite que todavía está en construcción, a nueve meses que debió ser concluida. Ahí falta una pertinente aclaración.
La negligencia de muchas dependencias para actualizar datos importantísimos de interés público, es una omisión gravísima que no puede pasar por alto; hay un presupuesto para actualizar los sitios de Internet, hay personal aparentemente calificado. Lo que no hay es voluntad y visión y tampoco hay un compromiso serio por ofrecer transparencia y efectividad a la ciudadanía. Sucede lo mismo con el Congreso del Estado; es inconcebible que hasta el día de hoy, no tengan actualizadas las leyes que se han aprobado en la presente legislatura. Da la impresión que no quieren que se conozcan reformas cruciales en todas las materias. Los diputados, lo sabemos todos, son una bola de haraganes. Sus sesiones no tardan ni veinte minutos y el resto del tiempo se lo pasan de vagos, peleándose por el dinero del Congreso. Pero lo que les compete, sus obligaciones, son nulas. Si en lugar de estar de cantina en cantina se pusieran a trabajar, hoy, todas las reformas realizadas estuvieran publicadas y el pueblo supiera sus derechos y obligaciones. Nunca se había visto tanta negligencia, tanta holgazanería; les pagan para trabajar no para retrazar lo que es interés general. ¿Quién se está robando el dinero que, se supone, es para pagar a los técnicos en computación para que mantengan actualizados los sitios de Internet? ¿Dónde está la política de transparencia que tanto pregonan? Ángel Córdoba y Sami David, en lugar de andar como arrabaleras disputándose el dinero del pueblo, deberían velar porque las cosas en el Congreso funcionen adecuadamente. Es su obligación, para eso cobran... Y bien cobrado.
De abogados
Ante las negligencia de los diputados para publicar las reformas, nos daremos a la tarea de ir publicando algunas de éstas (siempre que el espacio nos alcance) debido a su importancia. A propósito del Día de los Abogados, en las reformas al Código Penal promovidas por el gobernador Juan Sabines, hay disposiciones que sancionan a aquellos malos abogados que al amparo de su profesión, roban, timan, engañan y lucran con los casos que dicen llevar. En el artículo 473 se establece prisión de uno a cuatro años, suspensión del ejercicio profesional hasta por tres años y multa al abogado que alegue hechos falsos, leyes inexistentes o derogadas; defienda a dos partes en conflicto en el mismo caso, obtenga dinero, valores, o cualquier otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o la dirección o patrocinio en un asunto civil o administrativo, si no efectúa aquella o no realiza éstas, sea por que renuncie o abandone el negocio o la causa sin motivo justificado. Aun cuando no se haya suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuántos abogados hay que solo sacan cantidades industriales de dinero a sus potenciales clientes y luego se hacen los desentendidos? Para esos rateros, ya hay cárcel. Si usted ha sido víctima de ésos sujetos, ya puede demandarlos y exigirles que le devuelvan su dinero. Esto es parte de las reformas penales que hasta ahora, se desconocen, ya dijimos, por holgazanería de los diputados.
Tarjetero
*** El monopolio de abogados que manipula la destartalada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, bien puede ser acreedora de las sanciones arriba mencionadas, pues una de las litigantes de esa firma, es secretaria de acuerdos de la JLCA. Esperemos que se investigue el asunto a fondo y terminen con la corrupción de ahí, justo donde los trabajadores despedidos injustamente, pierden cualquier demanda, si no pagan como la parte patronal. Ya basta de influyentismo y amenazas estúpidas. *** Para Enrique Alfaro, caricaturista y columnista, el mejor de los abrazos por haber cumplido años ayer. *** Los robos de Fernando López Hernández, titular de la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indios, es sencillamente, inaceptable. Mañana le tendré detalles de tales pillerías, que van desde robos de vales de gasolina, hasta gastos superfluos que están desgastando seriamente a esa dependencia. *** Luego nos leemos.
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