Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
En el penal de El Amate, permanecen
aún, cientos de presos inocentes.
Pifias, manipulaciones, falsificaciones, influencias e intereses de terceros se conjugaron para mantener todavía en la cárcel a casi toda una familia, acusada, sin pruebas, de un asesinato que sirvió para pretextar el despojo de una propiedad en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Desde el Juez Segundo de lo Familiar hasta el titular del Registro Público de la Propiedad en el sexenio pasado, coludidos en una trama ensordecedora y fatal que desnuda –como muchas otras historias de injusticias durante la dictadura pablista– a un sistema de justicia precario y basado en espantosas violaciones a la ley. A doña Martita Mancilla le conocí en el penal femenino de
El Amate; ya anciana, compartimos muchas tardes de conversaciones a la orilla de las canchas de básquetbol de la prisión. Entonces me contó que le acusaban, junto con su esposo, dos de sus hijas y un yerno, del asesinato de su señora madre, ocurrido durante un asalto en un negocio propiedad de la familia, entonces ubicado sobre la cuarta sur entre calle central y primera poniente. Leí parte de su expediente sobre el crimen y la verdad, no hay un solo elemento probatorio; tanto el Ministerio Público como el Juez, se basan en conjeturas y sospechas de los hermanos de doña Martita, con quienes se venían disputando una herencia: los terrenos donde hasta hoy se encuentra un almacén de telas y otros locales comerciales sobre la misma calle donde ocurrió el crimen. Inicialmente, el esposo de doña Martita, su hija y su yerno, fueron apresados por el homicidio. Como siempre, los abogados que contrataron para la defensa de los acusados, solo se quedaron con el dinero que pidieron y no hicieron nada para ayudarles. Cuando la anciana inició los trámites para recuperar las propiedades de su señor padre, Genaro Mancilla Coutiño, y poder cobrar rentas a los inquilinos, fue detenida, acusada de haber planeado, cinco años atrás, el asesinato de su madre.
Igual que el caso de sus familiares presos, nunca hubo pruebas contundentes contra ella y sin embargo, el juez admitió las endebles sospechas que presentó el Ministerio Público, quien, según testimoniales, sostuvo frecuentes encuentros con la parte acusadora, en condiciones inapropiadas.
Falsificaciones espeluznantes
Con la pretensión de probar un delito inexistente, tanto la parte acusadora como las autoridades, inventaron toda una telenovela para inculpar a una familia que no cometió más delito que el de proteger los bienes de un anciano que había sido prácticamente abandonado por la mayoría de sus hijos. Para ello inventaron enfermedades graves al señor Genaro Mancilla Coutiño que le impedían realizar los trámites legales que fueran de su conveniencia y así configurar delitos inexistentes. Y falsificaron, finalmente, las firmas para pedir la anulación de una escritura y los testamentos, contando, desde luego, con la complicidad de una Juez del ramo Familiar y el entonces Director del Registro Público de la Propiedad, a la sazón, sobrino del exdictador Pablo Abner Salazar.
En los documentales en poder de Fichero Político, no hay más que actuaciones con dolo por parte de las autoridades citadas; los peritajes y diagnósticos médicos, fueron olímpicamente ignorados, así como los testimoniales de testigos de fe, lo que nos da una idea clara de cómo, durante la dictadura, cuando se buscaba afectar a los ciudadanos, se hacía con el mayor de los descaros, violando todas las leyes al alcance de quienes ostentaban cargos públicos. El caso de doña Martita Mancilla, es uno de esos que deben revisarse a fondo y castigar a los responsables del abuso cometido contra ella y su familia. Es una anciana que además, por ley, no debería estar en la cárcel y menos, por un delito que le prefabricaron, quizá, con el vergonzante propósito de arrebatarle una propiedad en pleno centro de la ciudad y que por lo mismo, debe valer una millonada. Las influencias, ha dicho el gobernador Sabines, no se van a tolerar. Hágase entonces, la voluntad del mandatario y cúmplase la ley.
Tarjetero
*** Los razonamientos por la reforma energética, más parecen concursos de ideas recovecas. No ha habido uno solo que no anteponga sus intereses electoreros frente a un tema que nos debe preocupar en serio. Ahí están los seguidores de López Obrador que han llegado el extremo de alabar los tropiezos políticos del presidente venezolano como glorias de la defensa petrolera. No hay ni debe haber lugar para meter en un tema nacional, lo que por el lado de los gringos se rechaza. Se es o no se es. Esa debe ser la tónica. *** Lo del asalto del camión de cubanos, parece más bien una pifia oficial que un acto delictivo en sí. Es increíble que estando Cuba tan cerca de Cancún, hayan decidido trasladarlos a Chiapas, totalmente en el extremo opuesto. No querrán decir que los querían deportar a Guatemala, lo cual sería una mentira del tamaño del mundo. Ahí se deben investigar a las altas autoridades de Migración, no a los pobres agentes que solo cumplían con su deber y que al final, solo resultaron ser parte de las víctimas. Por otro lado hay qué recordar que recién se aprobó una ley en el Senado de la República mediante la cual se prohíbe mantener detenidos a los ilegales interceptados en territorio nacional. ¿Por qué entonces los traían en calidad de detenidos? Es un asunto muy raro. *** Otra pifia puede ser la del asalto a la alcaldía de Arriaga. Dicen los testigos que en el momento del robo, los policías hicieron como que estaban rezando y no vieron nada. Desde la llegada de Bedwell a la alcaldía arráiguense, se ha elevado el índice de criminalidad y hay quienes sospechan que son los mismos policías quienes si no asaltan, por lo menos, protegen a los delincuentes. Y eso que no vieron ni hicieron nada, es muy sospechoso. El desorden y la corrupción en esa municipalidad, está tomando un giro harto grave que debe ser visto con seriedad por parte de las autoridades estatales. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
En el penal de El Amate, permanecen
aún, cientos de presos inocentes.
Pifias, manipulaciones, falsificaciones, influencias e intereses de terceros se conjugaron para mantener todavía en la cárcel a casi toda una familia, acusada, sin pruebas, de un asesinato que sirvió para pretextar el despojo de una propiedad en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Desde el Juez Segundo de lo Familiar hasta el titular del Registro Público de la Propiedad en el sexenio pasado, coludidos en una trama ensordecedora y fatal que desnuda –como muchas otras historias de injusticias durante la dictadura pablista– a un sistema de justicia precario y basado en espantosas violaciones a la ley. A doña Martita Mancilla le conocí en el penal femenino deEl Amate; ya anciana, compartimos muchas tardes de conversaciones a la orilla de las canchas de básquetbol de la prisión. Entonces me contó que le acusaban, junto con su esposo, dos de sus hijas y un yerno, del asesinato de su señora madre, ocurrido durante un asalto en un negocio propiedad de la familia, entonces ubicado sobre la cuarta sur entre calle central y primera poniente. Leí parte de su expediente sobre el crimen y la verdad, no hay un solo elemento probatorio; tanto el Ministerio Público como el Juez, se basan en conjeturas y sospechas de los hermanos de doña Martita, con quienes se venían disputando una herencia: los terrenos donde hasta hoy se encuentra un almacén de telas y otros locales comerciales sobre la misma calle donde ocurrió el crimen. Inicialmente, el esposo de doña Martita, su hija y su yerno, fueron apresados por el homicidio. Como siempre, los abogados que contrataron para la defensa de los acusados, solo se quedaron con el dinero que pidieron y no hicieron nada para ayudarles. Cuando la anciana inició los trámites para recuperar las propiedades de su señor padre, Genaro Mancilla Coutiño, y poder cobrar rentas a los inquilinos, fue detenida, acusada de haber planeado, cinco años atrás, el asesinato de su madre.
Igual que el caso de sus familiares presos, nunca hubo pruebas contundentes contra ella y sin embargo, el juez admitió las endebles sospechas que presentó el Ministerio Público, quien, según testimoniales, sostuvo frecuentes encuentros con la parte acusadora, en condiciones inapropiadas.
Falsificaciones espeluznantes
Con la pretensión de probar un delito inexistente, tanto la parte acusadora como las autoridades, inventaron toda una telenovela para inculpar a una familia que no cometió más delito que el de proteger los bienes de un anciano que había sido prácticamente abandonado por la mayoría de sus hijos. Para ello inventaron enfermedades graves al señor Genaro Mancilla Coutiño que le impedían realizar los trámites legales que fueran de su conveniencia y así configurar delitos inexistentes. Y falsificaron, finalmente, las firmas para pedir la anulación de una escritura y los testamentos, contando, desde luego, con la complicidad de una Juez del ramo Familiar y el entonces Director del Registro Público de la Propiedad, a la sazón, sobrino del exdictador Pablo Abner Salazar.
En los documentales en poder de Fichero Político, no hay más que actuaciones con dolo por parte de las autoridades citadas; los peritajes y diagnósticos médicos, fueron olímpicamente ignorados, así como los testimoniales de testigos de fe, lo que nos da una idea clara de cómo, durante la dictadura, cuando se buscaba afectar a los ciudadanos, se hacía con el mayor de los descaros, violando todas las leyes al alcance de quienes ostentaban cargos públicos. El caso de doña Martita Mancilla, es uno de esos que deben revisarse a fondo y castigar a los responsables del abuso cometido contra ella y su familia. Es una anciana que además, por ley, no debería estar en la cárcel y menos, por un delito que le prefabricaron, quizá, con el vergonzante propósito de arrebatarle una propiedad en pleno centro de la ciudad y que por lo mismo, debe valer una millonada. Las influencias, ha dicho el gobernador Sabines, no se van a tolerar. Hágase entonces, la voluntad del mandatario y cúmplase la ley.
Tarjetero
*** Los razonamientos por la reforma energética, más parecen concursos de ideas recovecas. No ha habido uno solo que no anteponga sus intereses electoreros frente a un tema que nos debe preocupar en serio. Ahí están los seguidores de López Obrador que han llegado el extremo de alabar los tropiezos políticos del presidente venezolano como glorias de la defensa petrolera. No hay ni debe haber lugar para meter en un tema nacional, lo que por el lado de los gringos se rechaza. Se es o no se es. Esa debe ser la tónica. *** Lo del asalto del camión de cubanos, parece más bien una pifia oficial que un acto delictivo en sí. Es increíble que estando Cuba tan cerca de Cancún, hayan decidido trasladarlos a Chiapas, totalmente en el extremo opuesto. No querrán decir que los querían deportar a Guatemala, lo cual sería una mentira del tamaño del mundo. Ahí se deben investigar a las altas autoridades de Migración, no a los pobres agentes que solo cumplían con su deber y que al final, solo resultaron ser parte de las víctimas. Por otro lado hay qué recordar que recién se aprobó una ley en el Senado de la República mediante la cual se prohíbe mantener detenidos a los ilegales interceptados en territorio nacional. ¿Por qué entonces los traían en calidad de detenidos? Es un asunto muy raro. *** Otra pifia puede ser la del asalto a la alcaldía de Arriaga. Dicen los testigos que en el momento del robo, los policías hicieron como que estaban rezando y no vieron nada. Desde la llegada de Bedwell a la alcaldía arráiguense, se ha elevado el índice de criminalidad y hay quienes sospechan que son los mismos policías quienes si no asaltan, por lo menos, protegen a los delincuentes. Y eso que no vieron ni hicieron nada, es muy sospechoso. El desorden y la corrupción en esa municipalidad, está tomando un giro harto grave que debe ser visto con seriedad por parte de las autoridades estatales. *** Luego nos leemos.
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