Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Herrán Salvatti, en la mira de
los diputados.
“Se determinará si procede o no, el juicio político contra quienes estuvieron al frente de la Fiscalía, acusados por diversas organizaciones sociales por actos indebidos en la procuración de justicia en el sexenio pasado”, fue la declaración del diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Sergio Lobato García; en éste se denota la duda, el pragmatismo y talvez, hasta cierto punto, desidia en torno a un asunto que se ha gritado a los cuatro vientos y del que se han ventilado miles y miles de pruebas irrefutables.
La procedencia del juicio político debe ser, por sus secuelas nefastas, inevitable y quizá hasta obligatorio. En mi calidad de expreso político, soy testigo de miles de casos en los que se tergiversaron los recursos de Ley para afectar a ciudadanos inocentes, llegando incluso al descarado despojo de propiedades que hasta el día de hoy, permanecen en poder de funcionarios y exfuncionarios de ésa Fiscalía. La lista de despojos es enorme: Casas, terrenos, automóviles, negocios, edificios y hasta cuentas bancarias pasaron, ilegalmente, a otras manos, violando la famosa Ley de Bienes Asegurados, cuya letra parece haber nacido muerta, al menos para quienes entonces usufructuaron cargos en esa dependencia.
Y de los indígenas y campesinos, ni se diga; en otras fechas he publicado sendos testimonios de muchos de éstos a quienes encarcelaron por razones políticas pero también inventaron delitos graves (narcotráfico, comicios, secuestro y otros) para que permanezcan injustamente en las cárceles de Chiapas. He hablado de don Arturo, quien perdió la memoria y la razón a raíz de la golpiza que le propinaron los agentes de la AEI en el momento de su detención en un violento desalojo en la zona norte de la entidad; de doña María, quien fue violada, acusada de traficar drogas y a quien despojaron de un terreno en Ocosingo, hoy en manos de uno que entonces, trabajaba como Ministerio Público, bajo las órdenes de Mariano Herrán Salvatti. Desde que salí de la cárcel me he avocado a recopilar expedientes de presos injustamente y la verdad, son innumerables. Recién leí el de un indígena perteneciente a la CIOAC, a quien encarcelaron bajo los cargos de violación a su hija… Pero resulta que el muchacho, ¡es soltero todavía! De ese tamaño han sido las violaciones y abusos de la extinta Fiscalía. ¿Dudan aún los diputados acerca de las irregularidades cometidas? Entre cientos de casos, está el de la señora Amelia Rabasa, quien fue encarcelada por una demanda en contra de su esposo muerto, aún cuando el presunto ofendido falsificó firmas del finado y fue sentenciado por un juez a pagar el adeudo que tenía con éste; el de Rosinela Muñoz a quien la Fiscalía despojo ilegalmente de un edificio y puso a disposición de una allegada a esa dependencia. Es de señalar que en todos éstos casos, los jueces, bajo el mando todavía de Herrán Salvatti, siguen dictando sentencias condenatorias, pese a que tienen todos los elementos para dictaminar la absolución. ¿Corrupción? ¿Línea del exfiscal? ¿Debilidad de la magistratura? ¿Continuismo de la injusticia?
Ley de Bienes Asegurados
Frente al cúmulo de injusticias cometidos por la desaparecida Fiscalía, se debe revisar cuidadosamente la Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, cuyo espíritu, en realidad, es del todo favorable para quienes aplican los criterios de dicha Ley. Por ejemplo, en ésta se establece que el Ministerio Público puede decretar el abandono o el decomiso, pero también faculta (o facultaba) al titular de ésa dependencia a hacer el uso que se le antojara de dichos bienes. Pese a que también se establece que es ésa instancia la que debe procurar que los bienes asegurados, abandonados o decomisados no se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan, hay claras evidencias, no sólo de deterioros, sino también de desapariciones o destrucción de éstos e incluso, mal uso.
Como hemos dicho, la ley pareciera que fue creada específicamente para otorgar a los funcionarios de la procuración de justicia, amplias facultades para apropiarse de los bienes asegurados o decomisados. En el artículo 17, queda por sentado que la dependencia en cuestión tiene (o tenía) la potestad para administrar, enajenar, donar o destruir tales bienes. ¿Cuántos de éstos fueron “donados”? ¿Cuántos destruidos? Llama la atención que aún cuando el aseguramiento de un bien es de carácter provisional y precautorio, en la anterior Fiscalía, se hizo uso de los inmuebles y más aún, hubo muchos casos en los que decretaron ilegales decomisos permanentes para que las propiedades pasasen a nombre de terceras personas. ¿Ejemplos? Sobran. Ahí están las propiedades de don Librado de la Torre y de otros expresos políticos a quienes despojaron descaradamente de sus títulos de propiedad.
Por cierto, en el artículo 30 de la referida Ley, hay algo que asombra y preocupa en extremo: “En los casos en que los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, SECUESTRADOS o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos”. Nótese que implícitamente, se admite que la autoridad judicial tiene amplias facultades para SECUESTRAR un bien. ¿Explica esto el uso indebido e ilegal de algunas propiedades aseguradas durante la dictadura pablista? ¿Es, el secuestro una acción “ordenada” por una autoridad? Claro, son leyes de la dictadura pablista y es por tanto, entendible que se hayan redactado con tal descaro e impunidad. De nuevo la pregunta: ¿Dudan, con todo y eso, los diputados sobre la posibilidad de llevar a juicio político a quienes abusaron de la Fiscalía?
Tarjetero
*** “La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos establece con claridad el repudio a las acciones que atentan contra la unidad del gremio periodístico; por supuesto, se desautoriza y se condena el uso indebido y la usurpación de que ha sido objeto nuestra estimada asociación ARRPRECH”: Roberto Piñón Olivas, presidente de la FAPERMEX, en apoyo al trabajo del periodista Sergio Marín Ortega. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Herrán Salvatti, en la mira de
los diputados.
“Se determinará si procede o no, el juicio político contra quienes estuvieron al frente de la Fiscalía, acusados por diversas organizaciones sociales por actos indebidos en la procuración de justicia en el sexenio pasado”, fue la declaración del diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Sergio Lobato García; en éste se denota la duda, el pragmatismo y talvez, hasta cierto punto, desidia en torno a un asunto que se ha gritado a los cuatro vientos y del que se han ventilado miles y miles de pruebas irrefutables.La procedencia del juicio político debe ser, por sus secuelas nefastas, inevitable y quizá hasta obligatorio. En mi calidad de expreso político, soy testigo de miles de casos en los que se tergiversaron los recursos de Ley para afectar a ciudadanos inocentes, llegando incluso al descarado despojo de propiedades que hasta el día de hoy, permanecen en poder de funcionarios y exfuncionarios de ésa Fiscalía. La lista de despojos es enorme: Casas, terrenos, automóviles, negocios, edificios y hasta cuentas bancarias pasaron, ilegalmente, a otras manos, violando la famosa Ley de Bienes Asegurados, cuya letra parece haber nacido muerta, al menos para quienes entonces usufructuaron cargos en esa dependencia.
Y de los indígenas y campesinos, ni se diga; en otras fechas he publicado sendos testimonios de muchos de éstos a quienes encarcelaron por razones políticas pero también inventaron delitos graves (narcotráfico, comicios, secuestro y otros) para que permanezcan injustamente en las cárceles de Chiapas. He hablado de don Arturo, quien perdió la memoria y la razón a raíz de la golpiza que le propinaron los agentes de la AEI en el momento de su detención en un violento desalojo en la zona norte de la entidad; de doña María, quien fue violada, acusada de traficar drogas y a quien despojaron de un terreno en Ocosingo, hoy en manos de uno que entonces, trabajaba como Ministerio Público, bajo las órdenes de Mariano Herrán Salvatti. Desde que salí de la cárcel me he avocado a recopilar expedientes de presos injustamente y la verdad, son innumerables. Recién leí el de un indígena perteneciente a la CIOAC, a quien encarcelaron bajo los cargos de violación a su hija… Pero resulta que el muchacho, ¡es soltero todavía! De ese tamaño han sido las violaciones y abusos de la extinta Fiscalía. ¿Dudan aún los diputados acerca de las irregularidades cometidas? Entre cientos de casos, está el de la señora Amelia Rabasa, quien fue encarcelada por una demanda en contra de su esposo muerto, aún cuando el presunto ofendido falsificó firmas del finado y fue sentenciado por un juez a pagar el adeudo que tenía con éste; el de Rosinela Muñoz a quien la Fiscalía despojo ilegalmente de un edificio y puso a disposición de una allegada a esa dependencia. Es de señalar que en todos éstos casos, los jueces, bajo el mando todavía de Herrán Salvatti, siguen dictando sentencias condenatorias, pese a que tienen todos los elementos para dictaminar la absolución. ¿Corrupción? ¿Línea del exfiscal? ¿Debilidad de la magistratura? ¿Continuismo de la injusticia?
Ley de Bienes Asegurados
Frente al cúmulo de injusticias cometidos por la desaparecida Fiscalía, se debe revisar cuidadosamente la Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, cuyo espíritu, en realidad, es del todo favorable para quienes aplican los criterios de dicha Ley. Por ejemplo, en ésta se establece que el Ministerio Público puede decretar el abandono o el decomiso, pero también faculta (o facultaba) al titular de ésa dependencia a hacer el uso que se le antojara de dichos bienes. Pese a que también se establece que es ésa instancia la que debe procurar que los bienes asegurados, abandonados o decomisados no se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan, hay claras evidencias, no sólo de deterioros, sino también de desapariciones o destrucción de éstos e incluso, mal uso.
Como hemos dicho, la ley pareciera que fue creada específicamente para otorgar a los funcionarios de la procuración de justicia, amplias facultades para apropiarse de los bienes asegurados o decomisados. En el artículo 17, queda por sentado que la dependencia en cuestión tiene (o tenía) la potestad para administrar, enajenar, donar o destruir tales bienes. ¿Cuántos de éstos fueron “donados”? ¿Cuántos destruidos? Llama la atención que aún cuando el aseguramiento de un bien es de carácter provisional y precautorio, en la anterior Fiscalía, se hizo uso de los inmuebles y más aún, hubo muchos casos en los que decretaron ilegales decomisos permanentes para que las propiedades pasasen a nombre de terceras personas. ¿Ejemplos? Sobran. Ahí están las propiedades de don Librado de la Torre y de otros expresos políticos a quienes despojaron descaradamente de sus títulos de propiedad.
Por cierto, en el artículo 30 de la referida Ley, hay algo que asombra y preocupa en extremo: “En los casos en que los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, SECUESTRADOS o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos”. Nótese que implícitamente, se admite que la autoridad judicial tiene amplias facultades para SECUESTRAR un bien. ¿Explica esto el uso indebido e ilegal de algunas propiedades aseguradas durante la dictadura pablista? ¿Es, el secuestro una acción “ordenada” por una autoridad? Claro, son leyes de la dictadura pablista y es por tanto, entendible que se hayan redactado con tal descaro e impunidad. De nuevo la pregunta: ¿Dudan, con todo y eso, los diputados sobre la posibilidad de llevar a juicio político a quienes abusaron de la Fiscalía?
Tarjetero
*** “La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos establece con claridad el repudio a las acciones que atentan contra la unidad del gremio periodístico; por supuesto, se desautoriza y se condena el uso indebido y la usurpación de que ha sido objeto nuestra estimada asociación ARRPRECH”: Roberto Piñón Olivas, presidente de la FAPERMEX, en apoyo al trabajo del periodista Sergio Marín Ortega. *** Luego nos leemos.
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