El OFS, responsabilizó directamente a Herrán de anomalías
Según las autoridades, el
exfiscal podría ser apresado.
Un faltante 180 millones 352 mil 209.10 pesos detectó el Organo Superior de Fiscalización en la desaparecida Fiscalía General del Estado, hoy Ministerio de Justicia; el Fondo Público “Fondo Contra la Delincuencia Organizada” y el Instituto de la Vivienda.
El titular del OFS, Humberto Blanco Pedrero, dio a conocer que en ejercicio de su facultad constitucional este organismo ejecutó diversas auditorías en el marco de la cuenta de la hacienda pública correspondiente al ejercicio 2006, destacándose, por su relevancia, entre otras, estas irregularidades.
Del caso particular de la Fiscalía General del Estado, hoy Ministerio de Justicia, de la revisión efectuada se encontró un faltante de documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, erogaciones improcedentes, incumplimiento a la norma en materia de adquisiciones, por un monto de $38,125,900.05, más un importe de $98,312,559.64 que no se comprueba en su totalidad haciendo uso del mecanismo excepcional establecido por la entonces Secretaría de Hacienda, lo que da un total irregular de $136,438.459.69
En conferencia de prensa, enfático dijo que se determina como presuntos responsables a Mariano Francisco Herrán Salvatti, ex fiscal general; a Jorge Granillo Vázquez y Gabriel Salcedo Torres, quienes fungieron en su momento como coordinadores generales de administración y finanzas; así como a Jorge Arréola Nava, director general de Bienes Asegurados; Felipe de Jesús Rojo Ruiz, director general de informática y desarrollo tecnológico, entre otros.
También dio a conocer que en el Fondo Contra la Delincuencia Organizada (Fecodo) se detectaron erogaciones de recursos que son improcedentes, gastos de investigaciones especiales no contemplados dentro del convenio modificatorio del fideicomiso, por un monto de 39 millones 408 mil 704.13 pesos, encontrándose como presuntos responsables a todas las personas antes mencionadas en el caso de la FG.
En el caso del Instituto de la Vivienda, el monto detectado considerado como irregular ascendió a $4 millones 505 mil 045.28 pesos y se refieren a proyectos con deficiencias técnicas en su construcción, volúmenes pagados en demasía o en su defecto a obras pagadas no ejecutadas.
De esta caso particular, los presuntos responsables son Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex directora general del INVI; Eduar Chanona Valle, ex director de administración y Arturo López González, ex director técnico, entre otros.
Blanco Pedrero aseguró que el compromiso que tienen como institución será que la ley se cumpla sin distingos ni intereses particulares, pero señalo que las irregularidades encontradas no adquieren firmeza en tanto no se sometan al proceso de solventación previsto en la ley de fiscalización.
Por tanto, agregó aquellas que no sean justificadas o desvirtuadas daran lugar a que este órgano de fiscalización superior del congreso del estado proceda a instrumentar los procedimientos legales correspondientes para lograr el resarcimiento de los daños causados a la hacienda pública y en su caso a formular ante el ministerio de justicia las denuncias penales a que haya lugar.
Puntualizó que la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos fundamentales que coexisten en gobiernos democráticos, ambos se complementan con una adecuada fiscalización, cuyo objetivo permite lograr que la sociedad recobre la confianza en sus instituciones.
Según las autoridades, el
exfiscal podría ser apresado.
Un faltante 180 millones 352 mil 209.10 pesos detectó el Organo Superior de Fiscalización en la desaparecida Fiscalía General del Estado, hoy Ministerio de Justicia; el Fondo Público “Fondo Contra la Delincuencia Organizada” y el Instituto de la Vivienda.El titular del OFS, Humberto Blanco Pedrero, dio a conocer que en ejercicio de su facultad constitucional este organismo ejecutó diversas auditorías en el marco de la cuenta de la hacienda pública correspondiente al ejercicio 2006, destacándose, por su relevancia, entre otras, estas irregularidades.
Del caso particular de la Fiscalía General del Estado, hoy Ministerio de Justicia, de la revisión efectuada se encontró un faltante de documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, erogaciones improcedentes, incumplimiento a la norma en materia de adquisiciones, por un monto de $38,125,900.05, más un importe de $98,312,559.64 que no se comprueba en su totalidad haciendo uso del mecanismo excepcional establecido por la entonces Secretaría de Hacienda, lo que da un total irregular de $136,438.459.69
En conferencia de prensa, enfático dijo que se determina como presuntos responsables a Mariano Francisco Herrán Salvatti, ex fiscal general; a Jorge Granillo Vázquez y Gabriel Salcedo Torres, quienes fungieron en su momento como coordinadores generales de administración y finanzas; así como a Jorge Arréola Nava, director general de Bienes Asegurados; Felipe de Jesús Rojo Ruiz, director general de informática y desarrollo tecnológico, entre otros.
También dio a conocer que en el Fondo Contra la Delincuencia Organizada (Fecodo) se detectaron erogaciones de recursos que son improcedentes, gastos de investigaciones especiales no contemplados dentro del convenio modificatorio del fideicomiso, por un monto de 39 millones 408 mil 704.13 pesos, encontrándose como presuntos responsables a todas las personas antes mencionadas en el caso de la FG.
En el caso del Instituto de la Vivienda, el monto detectado considerado como irregular ascendió a $4 millones 505 mil 045.28 pesos y se refieren a proyectos con deficiencias técnicas en su construcción, volúmenes pagados en demasía o en su defecto a obras pagadas no ejecutadas.
De esta caso particular, los presuntos responsables son Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex directora general del INVI; Eduar Chanona Valle, ex director de administración y Arturo López González, ex director técnico, entre otros.
Blanco Pedrero aseguró que el compromiso que tienen como institución será que la ley se cumpla sin distingos ni intereses particulares, pero señalo que las irregularidades encontradas no adquieren firmeza en tanto no se sometan al proceso de solventación previsto en la ley de fiscalización.
Por tanto, agregó aquellas que no sean justificadas o desvirtuadas daran lugar a que este órgano de fiscalización superior del congreso del estado proceda a instrumentar los procedimientos legales correspondientes para lograr el resarcimiento de los daños causados a la hacienda pública y en su caso a formular ante el ministerio de justicia las denuncias penales a que haya lugar.
Puntualizó que la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos fundamentales que coexisten en gobiernos democráticos, ambos se complementan con una adecuada fiscalización, cuyo objetivo permite lograr que la sociedad recobre la confianza en sus instituciones.