Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Acusado de omisión y otros
delitos, el exgobernador Ruiz
Ferro es apenas la punta del
iceberg sobre el caso Acteal.
Como todos los años, a fuerza de inútiles recordatorios, vuelve a sangrar la herida provocada por la matanza de 45 (¿?) indígenas, cuyos victimarios reales no se han conocido jamás; y de los autores materiales, menos. Es la norma no escrita que refuerza la complicidad absoluta y que a goterones, corroe el manto de impunidad que ha mantenido en secreto a los verdaderos responsables de esa masacre. Así, aquel desventurado ataque a indígenas indefensos se ha convertido en noticia de temporada y, como suele suceder con los graves acontecimientos sociales de Chiapas, despierta a los chiapanecólogos ocurrentes, dispuestos a verter sus insólitas teorías sobre un hecho que va más allá de las absurdas sospechas y chuscadas que no ayudan más que a quienes planearon y llevaron a cabo el nefasto acto de muerte.
En ese contexto, hace un par de días fue llamado a declarar ante la instancia especialmente creada, el que fungía (más bien fingía) como gobernador interino o sustituto, Julio César Ruiz Ferro, cuya apatía y valemadrismo fueron sus principales delitos frente a un hecho que duró varias horas y que pudo ser frenado a tiempo. No cabe duda que la omisión es tan grave como la ejecución misma; he ahí la razón de fondo para celebrar el hecho que por fin, un exgobernador sea llamado ante una instancia judicial para que enfrente las consecuencias de sus actos. Es, claro está, una muestra de voluntad de un gobierno interesado en llegar al fondo de un asunto que durante años, solo ha sido tema de controversias y que se ha enlodado con tantas teorías absurdas, que prácticamente ha matado cualquier esperanza de justicia.
Haber llamado al frívolo exgobernador Ruiz Ferro, es un caso inédito en la historia de Chiapas. Ningún exgobernante había sido llevado a juicio, aún cuando se han tenido pruebas irrefutables de acciones ilegales. Y menos, por una matanza de las tantas que se han dado en la entidad desde que se tiene memoria. Ahora bien, debemos tener claro que el delito principal de Ruiz Ferro, es la omisión. Tuvo oportunamente en sus manos la información del caso y debió ordenar el inmediato ingreso de las fuerzas del orden para detener la matanza de inocentes, empero se dejó llevar por su estúpida intuición y cuando actuó, ya era demasiado tarde. Su culpabilidad, es inocultable, pero también debemos insistir en que los autores intelectuales y los ejecutores reales, también deben ser llevados a los tribunales.
Una norma criminalista –me lo recordaba un colega anteanoche– implica directamente al beneficiario de un crimen. Eso es absolutamente cierto. ¿Quién o quiénes se beneficiaron con esa masacre? ¿Había intereses políticos de fondo? No podemos cerrar los ojos ante la lógica de un hecho que brilla frente a todos y que nadie quiere ver. Ahí hubo afectados y beneficiados. Julio César Ruiz Ferro fue cesado de inmediato del cargo de gobernador. Si lo vemos con un poco de malicia, caeremos en cuenta que la masacre pudo haber sido planeada para provocar la destitución del inservible exmandatario. Éste, en realidad, no era un gobernador. Nunca había vivido en Chiapas; su nacimiento en el territorio estatal, fue meramente accidental; su nombramiento fue para que su antecesor, Eduardo Robledo Rincón pudiera manipularlo a distancia (desde Buenos Aires, Argentina, por cierto) No tenía ni la más mínima idea de lo que era Chiapas. Todo un ignorante en toda la extensión de la palabra. Su falta de capacidad, en todo y para todo, había creado celos e indiferencias que pudieron obligar a montar un acto de esa naturaleza para que dejara el poder.
Ahí pueden estar los autores intelectuales. Cierto es que en esa zona, los problemas religiosos y agrarios eran frecuentes y terminaron siendo el caldo de cultivo para una acción concertada que alcanzase al poder político. Esa línea de investigación, pese a las probabilidades expuestas en distintos Medios de Comunicación, no ha sido debidamente explorada, lo que deja muchas dudas. La obligatoriedad judicial hacia el entonces gobernador, es un triunfo de la justicia en torno a esa masacre, cierto. Pero es apenas la punta del iceberg que, esperamos, sea totalmente descubierto. Y que no tengamos qué esperar un aniversario más de la matanza para traer a otro implicado. El mandato constitucional respecto a la aplicación de la justicia es que ésta debe ser pronta y expedita. Cúmplase con ese precepto para que entonces, digamos con certeza que el caso Acteal, no será solo una amarga noticia de temporada.
Tarjetero
*** Jaime Valls, alcalde electo de Tuxtla, debe decidir sobre si gobernará con gente inteligente o con sus chamaquitos que en realidad, tienen, a su corta edad, un historial de marranerías. Ahí está el niño Camacho, quien tiene una acción deleznable en contra de un empresario que fue perseguido durante la dictadura de Pablo Salazar. El niño Camacho, además, goza de la pésima fama de chismosito de vecindad. Ahí que lo vea, pues no le harán ningún favor. *** ¿Qué intereses estará afectado la modesta policía municipal de San Cristóbal de las Casas que han iniciado los “santones” de la política local una campaña contra ese cuerpo de seguridad? Dicen, cuentan, que ahí, hay negocios turbios de los políticos de alcurnia que han sido afectados. Habrá más del asunto. *** El Contralor, Juan Sáu Yáñez, parece que se está tomando atribuciones que no le corresponden o de plano, está ahí para defender los intereses de Pablo Salazar. Es curioso que esté dedicado a perseguir a los sabinistas como Lulú López Moreno y ahora Eduardo Montoya Liévano, mientras que el cúmulo de atrocidades y corruptelas de los pablistas, siguen sin ser vistos por éste. Imagínese que “cesó” a Montoya por no haber presentado su declaración patrimonial cuando la misma dependencia le extendió el certificado número 10567, con fecha del 21 de septiembre de éste año. O Sáu ignora lo que pasa en su oficina o simplemente, actúa con dolo en beneficio de los pablistas y detrimento de los sabinistas. Lo mismo pasó con López Moreno: Presentó un informe con datos inexactos y falseados dolosamente, cuya copia obra en nuestro poder. Y Lulú, es sabinista de hueso colorado. Y si de plano ha obrado de buena fe, es decir, ha sido engañado por sus colaboradores, pues que empiece a limpiar la casa por su nido y haga bien su trabajo. Porque le creíamos más inteligente y resulta que no lo está siendo. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Acusado de omisión y otros
delitos, el exgobernador Ruiz
Ferro es apenas la punta del
iceberg sobre el caso Acteal.
Como todos los años, a fuerza de inútiles recordatorios, vuelve a sangrar la herida provocada por la matanza de 45 (¿?) indígenas, cuyos victimarios reales no se han conocido jamás; y de los autores materiales, menos. Es la norma no escrita que refuerza la complicidad absoluta y que a goterones, corroe el manto de impunidad que ha mantenido en secreto a los verdaderos responsables de esa masacre. Así, aquel desventurado ataque a indígenas indefensos se ha convertido en noticia de temporada y, como suele suceder con los graves acontecimientos sociales de Chiapas, despierta a los chiapanecólogos ocurrentes, dispuestos a verter sus insólitas teorías sobre un hecho que va más allá de las absurdas sospechas y chuscadas que no ayudan más que a quienes planearon y llevaron a cabo el nefasto acto de muerte.En ese contexto, hace un par de días fue llamado a declarar ante la instancia especialmente creada, el que fungía (más bien fingía) como gobernador interino o sustituto, Julio César Ruiz Ferro, cuya apatía y valemadrismo fueron sus principales delitos frente a un hecho que duró varias horas y que pudo ser frenado a tiempo. No cabe duda que la omisión es tan grave como la ejecución misma; he ahí la razón de fondo para celebrar el hecho que por fin, un exgobernador sea llamado ante una instancia judicial para que enfrente las consecuencias de sus actos. Es, claro está, una muestra de voluntad de un gobierno interesado en llegar al fondo de un asunto que durante años, solo ha sido tema de controversias y que se ha enlodado con tantas teorías absurdas, que prácticamente ha matado cualquier esperanza de justicia.
Haber llamado al frívolo exgobernador Ruiz Ferro, es un caso inédito en la historia de Chiapas. Ningún exgobernante había sido llevado a juicio, aún cuando se han tenido pruebas irrefutables de acciones ilegales. Y menos, por una matanza de las tantas que se han dado en la entidad desde que se tiene memoria. Ahora bien, debemos tener claro que el delito principal de Ruiz Ferro, es la omisión. Tuvo oportunamente en sus manos la información del caso y debió ordenar el inmediato ingreso de las fuerzas del orden para detener la matanza de inocentes, empero se dejó llevar por su estúpida intuición y cuando actuó, ya era demasiado tarde. Su culpabilidad, es inocultable, pero también debemos insistir en que los autores intelectuales y los ejecutores reales, también deben ser llevados a los tribunales.
Una norma criminalista –me lo recordaba un colega anteanoche– implica directamente al beneficiario de un crimen. Eso es absolutamente cierto. ¿Quién o quiénes se beneficiaron con esa masacre? ¿Había intereses políticos de fondo? No podemos cerrar los ojos ante la lógica de un hecho que brilla frente a todos y que nadie quiere ver. Ahí hubo afectados y beneficiados. Julio César Ruiz Ferro fue cesado de inmediato del cargo de gobernador. Si lo vemos con un poco de malicia, caeremos en cuenta que la masacre pudo haber sido planeada para provocar la destitución del inservible exmandatario. Éste, en realidad, no era un gobernador. Nunca había vivido en Chiapas; su nacimiento en el territorio estatal, fue meramente accidental; su nombramiento fue para que su antecesor, Eduardo Robledo Rincón pudiera manipularlo a distancia (desde Buenos Aires, Argentina, por cierto) No tenía ni la más mínima idea de lo que era Chiapas. Todo un ignorante en toda la extensión de la palabra. Su falta de capacidad, en todo y para todo, había creado celos e indiferencias que pudieron obligar a montar un acto de esa naturaleza para que dejara el poder.
Ahí pueden estar los autores intelectuales. Cierto es que en esa zona, los problemas religiosos y agrarios eran frecuentes y terminaron siendo el caldo de cultivo para una acción concertada que alcanzase al poder político. Esa línea de investigación, pese a las probabilidades expuestas en distintos Medios de Comunicación, no ha sido debidamente explorada, lo que deja muchas dudas. La obligatoriedad judicial hacia el entonces gobernador, es un triunfo de la justicia en torno a esa masacre, cierto. Pero es apenas la punta del iceberg que, esperamos, sea totalmente descubierto. Y que no tengamos qué esperar un aniversario más de la matanza para traer a otro implicado. El mandato constitucional respecto a la aplicación de la justicia es que ésta debe ser pronta y expedita. Cúmplase con ese precepto para que entonces, digamos con certeza que el caso Acteal, no será solo una amarga noticia de temporada.
Tarjetero
*** Jaime Valls, alcalde electo de Tuxtla, debe decidir sobre si gobernará con gente inteligente o con sus chamaquitos que en realidad, tienen, a su corta edad, un historial de marranerías. Ahí está el niño Camacho, quien tiene una acción deleznable en contra de un empresario que fue perseguido durante la dictadura de Pablo Salazar. El niño Camacho, además, goza de la pésima fama de chismosito de vecindad. Ahí que lo vea, pues no le harán ningún favor. *** ¿Qué intereses estará afectado la modesta policía municipal de San Cristóbal de las Casas que han iniciado los “santones” de la política local una campaña contra ese cuerpo de seguridad? Dicen, cuentan, que ahí, hay negocios turbios de los políticos de alcurnia que han sido afectados. Habrá más del asunto. *** El Contralor, Juan Sáu Yáñez, parece que se está tomando atribuciones que no le corresponden o de plano, está ahí para defender los intereses de Pablo Salazar. Es curioso que esté dedicado a perseguir a los sabinistas como Lulú López Moreno y ahora Eduardo Montoya Liévano, mientras que el cúmulo de atrocidades y corruptelas de los pablistas, siguen sin ser vistos por éste. Imagínese que “cesó” a Montoya por no haber presentado su declaración patrimonial cuando la misma dependencia le extendió el certificado número 10567, con fecha del 21 de septiembre de éste año. O Sáu ignora lo que pasa en su oficina o simplemente, actúa con dolo en beneficio de los pablistas y detrimento de los sabinistas. Lo mismo pasó con López Moreno: Presentó un informe con datos inexactos y falseados dolosamente, cuya copia obra en nuestro poder. Y Lulú, es sabinista de hueso colorado. Y si de plano ha obrado de buena fe, es decir, ha sido engañado por sus colaboradores, pues que empiece a limpiar la casa por su nido y haga bien su trabajo. Porque le creíamos más inteligente y resulta que no lo está siendo. *** Luego nos leemos.
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