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Carreteras de la muerte

Fichero Político

Angel Mario Ksheratto


El incremento de accidentes,
por culpa de policías de caminos
que no cumplen con su obligación.

No es la primera vez que tocamos el tema e insistimos en la falta de capacidad de los cuerpos policíacos encargados de garantizar la seguridad en las carreteras. Si no son asaltos con violencia, son accidentes espectaculares; y mientras ello sucede a diario y a cada rato, la PFP, en el caso de las carreteras federales y la PEC en los caminos vecinales, duermen el sueño de los justos, buscando, como siempre, incautos a quiénes bajar los 100, 200 ó hasta 50 pesos a modo de mordida, mal que ninguna autoridad ha podido erradicar.
En la última semana, se supo del asalto a un camión de turistas nacionales en la zona norte y por si fuera poco, dos accidentes carreteros con saldos de muerte que al parecer, van a quedar como meras estadísticas, como si los seres humanos fueran eso y no personas con derechos. Y en los tres casos, las autoridades brillaron por su ausencia.
En la carretera Tuxtla-San Cristóbal, el viernes se volcó una camioneta de una de esas empresas que prestan sus servicios (quién sabe si de manera legal o irregular) de pasajeros entre ambas ciudades. Algunos testigos relataron que el conductor iba a más de 160 kilómetros por hora y al llegar a una curva, perdió el control chocando con los bordes de la carretera hasta quedar de lado sobre la cinta asfáltica. El saldo, un muerto y doce heridos. La única patrulla que alcancé a ver (yo iba de paso hacia San Cristóbal) se acercó al lugar del accidente como media hora después de haberse suscitado. Eso sí, llegaron a tratar de “poner orden” entre los automovilistas que intentaban ayudar a las víctimas. ¿Dónde estaban? Bien pudieron evitar el accidente si hubieran estado pendientes para sancionar al piloto que rebasaba excesivamente los límites de velocidad. Pero no. Charlando con un agente de la PFP en ésta capital, nos confesó que en la carretera Tuxtla-San Cristóbal, hay quienes manejan hasta 180 kilómetros por hora, pero no intervienen porque “a veces son gente influyente o se reportan ‘con la superioridad’ y eso les da derecho a hacer lo que les da la gana”. ¡Vaya confesión!
Si Usted viaja por cualquier carretera federal, se dará cuenta que raras veces se topa con una patrulla de la PFP; y si por desgracia lleva un foco fundido o una direccional no le funciona adecuadamente, ya estuvo que lo detienen para ver con cuánto se “mocha”. Para eso sirven. O quizá los encuentre en algún crucero, acompañados de alguna amiguita, bebiendo cerveza Modelo (es la preferida de los policías) y buscando incautos. Mientras, los conductores del transporte colectivo, hacen lo que en buena gana les viene.

Armas letales

Soy muy respetuoso de los indígenas; pero darles una camioneta de pasajeros, es un riesgo altísimo. Manejan como verdaderos locos y no respetan ni las señales de tránsito ni los llamados de los pasajeros que tratan de convencerlos para que manejen con moderación. Me ha tocado discutir acaloradamente con éstos en más de una ocasión. Los he reportado pero ¿sabe qué? No hacen nada los dueños de ese tipo de transporte. Y todo porque no hay un reglamento que los meta en cintura. El mismo policía de la confesión de arriba, también nos dijo que uno de los problemas que enfrentan es que si sancionan o detienen a un chofer indígena de esas empresas, corren el riesgo de ser, los policías, retenidos y vapuleados. Puede que tenga razón. La pregunta es entonces: ¿Para que diántres están las leyes? Se dice a cada rato que nadie está ni estará por encima de la ley. Pues cúmplase ese discurso.
No se vale que por negligencia, miedo, desidia o la inmoralidad de los cuerpos de policía, miles de ciudadanos expongan diariamente la vida al abordar ese tipo de transporte. Para empezar, habrá que saber si operan en condiciones de legalidad y si cumplen con las normas mínimas en vigor. Si son entidades policíacas exclusivas para brindar seguridad a los ciudadanos viajantes, su deber y obligación es estar en las carreteras procurando el bienestar de todos. No estar de parranda todo el tiempo ni esquilmando a personas decentes. Si revisamos los libros de gastos de las policías carreteras, vamos a encontrar grandes cantidades erogadas en asuntos de vigilancia; pero si vemos los resultados, éstos son desafortunados. Ahí están los muertos del accidente en la carretera Tuxtla Cosoleacaque, ocurrido hace unos días; ahí está el asalto a los turistas y el muerto y heridos de San Cristóbal y un sin fin más de accidentes ocurridos en las últimas horas. No pueden negar los hechos. Imposible.


Tarjetero

*** Carta resumida de empleados de la SPP, en la que hacen una serie de señalamientos que, a nuestro juicio, deben ser investigados. “Ahora los nuevos funcionarios que encabeza Daniel Roque Figueroa, están metiendo a amantes, esposas y parientes a esta secretaria, despidiendo injustificadamente a personas que necesitan el empleo, como el caso más reciente, del Director del Instituto de Formación Profesional para Policías del Estado, Rubén Álvarez Solar, quien de inmediato puso en la nómina a su sobrina Rocío Mena, en el área de control escolar, la cual presume de ser influyente e intocable, por eso no se presenta a laborar. De igual forma, el Subdirector de la misma institución Ediberto Molina, puso en la nómina a su sobrino de nombre Julio Penagos en el área de Vinculación, donde solo se le ve los días 15 y 30 de cada mes. Imagínese, así están las cosas, y que más puede esperarse de un secretario que nunca ha litigado como abogado y ni siquiera cuenta con el “curso básico de formación policial”, al igual que el subsecretario Moisés Grajales Monterrosa. Ambos funcionarios, fueron compañeros y propusieron al hoy prófugo de la Justicia, el excomandante del Sector V de Tapachula, David Roger Figueroa, para que asistieran a EU y recibir por parte del FBI el curso de detección de drogas en carreteras y contra delincuencia organizada, el cual, aprobó con calificaciones extraordinarias el ahora prófugo.” *** Luego nos leemos.
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