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La Fiscalía, en la mira del CIDH por asesinato de indígenas

Presume el Frayba que hubo mano oficial en masacre


EL Fiscal Mariano Herrán, según
el organismo internacional,
podría estar directamente
involucrado.

El pasado mes de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. recibió, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe que el Estado Mexicano presentó en torno a los hechos ocurridos en la comunidad de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, el pasado 13 de Noviembre de 2006.

En el informe enviado, originalmente a la CIDH, el Gobierno Mexicano fija su postura con respecto a la solicitud de adopción de Medidas Cautelares que el Frayba solicitó para 4 personas desaparecidas durante el ataque a la mencionada comunidad.
En dicho documento el Estado Mexicano informa que el día 13 de noviembre de 2006, llevó a cabo un operativo en el Ejido Viejo Velasco Suárez en el que participaron, entre otros, 300 elementos policíacos:

“El 13 de noviembre del 2006, se llevó a cabo un operativo en el Ejido Viejo Velasco, en el que participaron 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, 7 elementos a su mando, así como 300 elementos de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social”

A pesar de que el Gobierno Mexicano en el mismo documento señala que durante el Operativo encontraron dos cuerpos sin vida a un costado de la comunidad Viejo Velasco –pretendiendo con ello hacer creer que el operativo se dio después el ataque-, la realidad es que los testimonios de los sobrevivientes coinciden en que aproximadamente a las 6 de la mañana del día 13 de noviembre unos 40 agresores vestidos de civil, provenientes de la comunidad Nueva Palestina, entraron a Viejo Velasco, seguidos por un grupo de aproximadamente 300 personas vestidas con botas y uniformes negros y azules, como el que caracteriza a la Policía Sectorial, portando armas de grueso calibre y algunos encapuchados.

Es importante agregar que de acuerdo con otro testimonio recibido por este Centro, desde las 3:30 horas de la mañana de ese día 13 de noviembre se encontraba un camión de la Policía Sectorial con policías vigilando la carretera de esa zona; además, un testigo señala que un policía sectorial lo bajó del vehículo en que viajaba para preguntarle: “¿Será que podemos entrar por Tumbalá hasta Viejo Velasco?, porque hay problema”. Hecho que fue registrado aproximadamente a las 4 de la mañana de ese mismo día.

Por tanto y de acuerdo con lo dicho por el Estado Mexicano en su informe a la CIDH, así como lo relatado a este Centro por testigos de la Zona, todo indica que el Estado Mexicano es responsable por acción en el ataque a la comunidad Viejo Velasco Suárez ocurrida el Lunes 13 de noviembre de 2006 -salvo pruebas que lo deslinden de los hechos-.

En consecuencia este Centro responsabiliza al Estado Mexicano de:

· Las muertes de los señores Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz.

· La desaparición de los señores Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate López (también referido como Juan Peñate Montejo) ocurridas durante la agresión a la comunidad de Viejo Velasco Suárez.

· La acusación falsa e infundada en contra de Diego Arcos Meneses, indígena chol, acusado de los citados homicidios y actualmente preso en la cárcel de Playas de Catazaja procesado bajo el expediente penal 52/2007.

· Complicidad por liberar órdenes de aprehensión, vigentes, en contra de Roberto Nuñez González, Petrona Núñez González, Antonio Álvarez, Juan Peñate, Domingo Álvaro y Alejandro Álvaro.

Ante el hecho de que sean autoridades y agentes policíacos quienes ingresaron a la comunidad y perpetraron el ataque junto con personas civiles de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. presentó el pasado 29 de mayo una demanda de amparo ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado, señalando como acto reclamado la Desaparición Forzada de Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate López (referido también como Juan Peñate Montejo), solicitando que dichas personas sean presentadas de manera inmediata.

Una vez más este Centro exige al Gobierno Mexicano la liberación inmediata del indígena Chol Diego Arcos Meneses, toda vez que han sido infundadas las acusaciones; así como la debida investigación de los funcionarios y policías estatales que participaron en el citado operativo, mismo que el Estado Mexicano reportó en sus informes a la CIDH.

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