Desalojos, persecución, amenazas y masacres, señalan
Los dos exmandatarios
han sido acusados
constantemente.
Hacia finales de los sexenios de Vicente Fox (federal) y Pablo Salazar (estatal) se reiniciaron las amenazas y acciones de hostigamiento y desalojo en toda la región de la Selva Lacandona.
Esta nueva ofensiva se puso en marcha en noviembre pasado, con la masacre realizada en contra de indígenas ch’oles y tseltales de la pequeña comunidad de Viejo Velasco, en el límite Noreste de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) a través de un operativo tipo paramilitar, realizado por parte de un grupo armado de la subcomunidad de Nueva Palestina, al parecer contando con el apoyo político de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPPDIC) y con la complicidad –por omisión- de parte de los gobiernos federal y estatal.
Ahora, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Juan Sabines, esta ofensiva en contra del legítimo Derecho a la Tierra y al Territorio, de diversos pueblos indígenas y comunidades campesinas, se ha desatado de manera cruda y franca. Primero, a nivel de nuevas y cada vez más violentas amenazas en contra de Municipios Autónomos y bases y simpatizantes zapatistas, de parte tanto de la citada OPDDIC, como de la Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal (UCIAF) remanente de lo que fuera el tristemente célebre grupo paramilitar Paz y Justicia que operara impunemente en el sexenio Zedillista.
Estas nuevas acciones cada vez más amenazantes, de parte de grupos indígenas armados con antecedentes paramilitares, no sólo han venido quedando impunes y han contado con un silencio cómplice de parte del gobierno de Juan Sabines, sino que se están viendo complementadas y apoyadas desde Sector Agrario Federal (Procuraduría Agraria y Tribunal Superior Agrario, principalmente) quienes han venido validando y legalizando ilegítimas e incluso, ilegales acciones de despojo de derechos agrarios de bases zapatistas y de militantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) en la zona norte de la Selva Lacandona (Municipio Autónomo Olga Isabel-Chilón/Bachajón) así como, con la reciente declaración pública emitida el 3 de abril de este año, por el Secretario de la Reforma Agraria, Agrónomo Abelardo Escobar, en el sentido de que: “De acuerdo a un dictamen de la SEMARNAT, los poblados de San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, Nuevo Salvador Allende, el Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio –todos ellos pertenecientes a la Organización ARIC-Independiente, así como otros cuatro poblados ubicados en la zona norte de los Bienes Comunales Zona Lacandona y los dos que se localizan en el río Usumacinta (San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao) no deben ser regularizados, no hay negociación y deben ser reubicados” (Expreso Chiapas, 4 de abril del 2007)
En este contexto, como Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio, surgida del Encuentro Estatal contra el PROCEDE, realizado en Petalcingo, Tila, Chiapas, el 12 de marzo de 2006, e integrada por diversas Organizaciones Sociales y ONG´s, manifestamos públicamente:
1) Nuestro total apoyo a las luchas indígenas por el legítimo derecho a la tierra y al territorio que, en este caso vienen desarrollando en toda la región de la Selva Lacandona, los Municipios Autónomos y bases zapatistas, así como las Organizaciones Sociales y comunidades indígenas pertenecientes a: la ARIC Independiente, X’inich, CNPI y ARIC Unión de Uniones;
2) Nuestra exigencia de que cesen todas las acciones de hostigamiento, amenazas y presiones, ejercidas por parte de los grupos civiles de corte paramilitar, tipo OPDDIC, UCIAF y la llamada Comunidad Lacandona.
3) Asimismo, que cese el apoyo -abierto o encubierto- de las autoridades del Sector Federal Agrario (SRA, P.A., Tribunal Superior Agrario y RAN) y ambiental (SEMARNAT, CONANP) otorgado a estos grupos, contando con el silencio cómplice del gobierno de Juan Sabines.
4) Consideramos que, de continuar estas acciones intimidatorias, amenazantes y de desalojo, abiertamente violatorias de los derechos a la tierra, al territorio y a la vida digna de las comunidades agredidas, se generará un clima de enfrentamiento y violencia, cuyos lamentables resultados serán responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.
5) Asimismo, consideramos que esta ofensiva gubernamental y civil tipo paramilitar, desatada ahora por las administraciones de Felipe Calderón y Juan Sabines, específicamente en contra de comunidades indígenas rebeldes o de oposición, asentadas en la Selva Lacandona (REBIMA incluida) no es casual, sino que obedece a poderosos intereses corporativos extranacionales, interesados en posicionarse y controlar dichos territorios, ricos en recursos naturales estratégicos para la soberanía nacional, tales como la biodiversidad; los caudales y fuentes de agua dulce no contaminada, los macizos de cubierta forestal y el petróleo.
6) Finalmente, apoyamos totalmente, la exigencia al gobierno estatal, expresada antes por diversas organizaciones civiles y ONG´s, en el sentido de lograr la ubicación inmediata y presentación con vida de los indígenas Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Juan Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez, integrantes del poblado Viejo Velasco, señalados y denunciados como desaparecidos a raíz de la agresión armada y el enfrentamiento del 13 de noviembre de 2006, en contra de dicho poblado, así como que sea liberado de forma inmediata, Diego Arcos Meneses, ejidatario y promotor de salud de la Comunidad Nuevo Tila, privado ilegal y arbitrariamente de su libertad bajo la falsa y absurda acusación de ser presunto responsable de dicha masacre.
Los dos exmandatarios
han sido acusados
constantemente.
Hacia finales de los sexenios de Vicente Fox (federal) y Pablo Salazar (estatal) se reiniciaron las amenazas y acciones de hostigamiento y desalojo en toda la región de la Selva Lacandona.Esta nueva ofensiva se puso en marcha en noviembre pasado, con la masacre realizada en contra de indígenas ch’oles y tseltales de la pequeña comunidad de Viejo Velasco, en el límite Noreste de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) a través de un operativo tipo paramilitar, realizado por parte de un grupo armado de la subcomunidad de Nueva Palestina, al parecer contando con el apoyo político de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPPDIC) y con la complicidad –por omisión- de parte de los gobiernos federal y estatal.
Ahora, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Juan Sabines, esta ofensiva en contra del legítimo Derecho a la Tierra y al Territorio, de diversos pueblos indígenas y comunidades campesinas, se ha desatado de manera cruda y franca. Primero, a nivel de nuevas y cada vez más violentas amenazas en contra de Municipios Autónomos y bases y simpatizantes zapatistas, de parte tanto de la citada OPDDIC, como de la Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal (UCIAF) remanente de lo que fuera el tristemente célebre grupo paramilitar Paz y Justicia que operara impunemente en el sexenio Zedillista.
Estas nuevas acciones cada vez más amenazantes, de parte de grupos indígenas armados con antecedentes paramilitares, no sólo han venido quedando impunes y han contado con un silencio cómplice de parte del gobierno de Juan Sabines, sino que se están viendo complementadas y apoyadas desde Sector Agrario Federal (Procuraduría Agraria y Tribunal Superior Agrario, principalmente) quienes han venido validando y legalizando ilegítimas e incluso, ilegales acciones de despojo de derechos agrarios de bases zapatistas y de militantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) en la zona norte de la Selva Lacandona (Municipio Autónomo Olga Isabel-Chilón/Bachajón) así como, con la reciente declaración pública emitida el 3 de abril de este año, por el Secretario de la Reforma Agraria, Agrónomo Abelardo Escobar, en el sentido de que: “De acuerdo a un dictamen de la SEMARNAT, los poblados de San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, Nuevo Salvador Allende, el Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio –todos ellos pertenecientes a la Organización ARIC-Independiente, así como otros cuatro poblados ubicados en la zona norte de los Bienes Comunales Zona Lacandona y los dos que se localizan en el río Usumacinta (San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao) no deben ser regularizados, no hay negociación y deben ser reubicados” (Expreso Chiapas, 4 de abril del 2007)
En este contexto, como Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio, surgida del Encuentro Estatal contra el PROCEDE, realizado en Petalcingo, Tila, Chiapas, el 12 de marzo de 2006, e integrada por diversas Organizaciones Sociales y ONG´s, manifestamos públicamente:
1) Nuestro total apoyo a las luchas indígenas por el legítimo derecho a la tierra y al territorio que, en este caso vienen desarrollando en toda la región de la Selva Lacandona, los Municipios Autónomos y bases zapatistas, así como las Organizaciones Sociales y comunidades indígenas pertenecientes a: la ARIC Independiente, X’inich, CNPI y ARIC Unión de Uniones;
2) Nuestra exigencia de que cesen todas las acciones de hostigamiento, amenazas y presiones, ejercidas por parte de los grupos civiles de corte paramilitar, tipo OPDDIC, UCIAF y la llamada Comunidad Lacandona.
3) Asimismo, que cese el apoyo -abierto o encubierto- de las autoridades del Sector Federal Agrario (SRA, P.A., Tribunal Superior Agrario y RAN) y ambiental (SEMARNAT, CONANP) otorgado a estos grupos, contando con el silencio cómplice del gobierno de Juan Sabines.
4) Consideramos que, de continuar estas acciones intimidatorias, amenazantes y de desalojo, abiertamente violatorias de los derechos a la tierra, al territorio y a la vida digna de las comunidades agredidas, se generará un clima de enfrentamiento y violencia, cuyos lamentables resultados serán responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.
5) Asimismo, consideramos que esta ofensiva gubernamental y civil tipo paramilitar, desatada ahora por las administraciones de Felipe Calderón y Juan Sabines, específicamente en contra de comunidades indígenas rebeldes o de oposición, asentadas en la Selva Lacandona (REBIMA incluida) no es casual, sino que obedece a poderosos intereses corporativos extranacionales, interesados en posicionarse y controlar dichos territorios, ricos en recursos naturales estratégicos para la soberanía nacional, tales como la biodiversidad; los caudales y fuentes de agua dulce no contaminada, los macizos de cubierta forestal y el petróleo.
6) Finalmente, apoyamos totalmente, la exigencia al gobierno estatal, expresada antes por diversas organizaciones civiles y ONG´s, en el sentido de lograr la ubicación inmediata y presentación con vida de los indígenas Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Juan Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez, integrantes del poblado Viejo Velasco, señalados y denunciados como desaparecidos a raíz de la agresión armada y el enfrentamiento del 13 de noviembre de 2006, en contra de dicho poblado, así como que sea liberado de forma inmediata, Diego Arcos Meneses, ejidatario y promotor de salud de la Comunidad Nuevo Tila, privado ilegal y arbitrariamente de su libertad bajo la falsa y absurda acusación de ser presunto responsable de dicha masacre.