Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Las autoridades latinoamericanas cada vez parecen tomar más valor para reclamar a las gringas por el mal trato que suelen dar a los emigrantes; las mexicanas no se quedan atrás siendo las más enérgicas en algunos casos. Aplaudimos el coraje de las nuestras, pero nos avergüenza el trato que ésas mismas autoridades dan a los ciudadanos de los países del sur
y de otras partes del mundo que utilizan nuestras carreteras para alcanzar el suelo norteamericano. Desde hace unos días, diversos canales de televisión nacional han venido publicando reportajes sobre el mal trato que reciben los emigrantes, principalmente en
as autoridades de los abusos que van desde vejaciones oficiales hasta secuestros, robos, violaciones e incluso, asesinatos con extrema crueldad. Ello, obviamente, resta autoridad moral al Gobierno Federal Mexicano para exigir al de Estados Unidos un mejor trato para nuestros paisanos que caen en manos de la temible “migra”. ¿Cómo exigir respeto a los gorilas de aquel país si los nuestros mantienen un comportamiento salvaje y cruel con los pasajeros del Sur?
Debemos reconocer que en materia de control migratorio
, no hay una política adecuada y mucho menos, una actitud de respeto. La corrupción sigue siendo el más grave de los problemas que abarca no solo a los cuerpos de policía sino incluso, a particulares que han hecho del tráfico ilegal de emigrantes, un negocio lucrativo que ha invadido la esfera de la delincuencia organizada. Ante ello, no hay una sola forma oficial para combatir conforme a derecho ese flagelo que afecta a no solo a quienes intentan pasar por México, sino a los mismos mexicanos, pues se ha vuelto común que por el solo hecho de no llevar una identificación oficial, muchos sean “repatriados” a Guatemala o sean afectados en sus intereses y derechos ciudadanos. Ello demuestra la ineficacia de los escasos programas de control migratorio con que se cuenta y peor aún, evidencia el altísimo grado de corrupción que priva en el Instituto Nacional de Migración.
Complicidad e incapacidad
Hace un par de meses, viajando de Mapastepec a Tuxtla Gutiérrez, ante la falta de espacio en los llamados “autobuses de primera”, tuve la necesidad de abordar un viejo camión de la empresa “Rápidos del Sur”. Venía semivacío de
o a la salida Mapastepec, el autobús se paró en una parte despoblada, a mitad de la noche; unos minutos después abordaron el autobús cerca de treinta personas cargando mochilas y con evidentes señales que habían caminado mucho tiempo. Una vez arriba, el representante del grupo pagó al chofer del camión 500 pesos por cada persona que subió, aparte de 100 pesos por el pasaje. El acuerdo fue que los llevaría hasta un kilómetro antes del puesto de control migratorio. Muchos kilómetros más adelante, el camión volvió a estacionarse hasta donde se acercaron unos hombres con quienes el chofer bajó a dialogar. Después de varios minutos, reemprendió el viaje, llamando al representante del grupo (al pollero, pues) y le comunicó que los llevaría más allá del siguiente puesto de control migratorio, siempre y cuando le pagara 300 pesos extra por cada ilegal. “Es que tuve que darle más de la mitad de lo que me dieron a los de la “migra”, le explicó al sujeto. El hombre quería que los trajese hasta Tuxtla Gutiérrez, pero el chofer se negó: “No puedo; antes de llegar a Arriaga hay un retén del Ejército y con esos si no hay chance de negociar”, explicó.
La complicidad de las autoridades migratorias con los que transportan ilegales, es notoria y no de ahora. Con un esquema de esa naturaleza, ¿cómo se va a controlar el flujo de emigrantes ilegales? ¿Cómo combatir la extrema violencia con que policías y agentes de migración tratan a los emigrantes? ¿Cómo controlar a los grupos delincuenciales que asaltan, violan y matan a éstos? El gobierno ha expresado su preocupación y ha dicho que combatirá ese mal que nos avergüenza, pero no ha dicho cómo. Es más, fue el tema obligado antes de la llegada de Bush al país y de ahí, no hemos vuelto a escuchar siquiera un esbozo de política que asegure a esa gente, por lo menos, un trato digno y decoroso. Mientras, las bandas don uniforme y sin éste, siguen haciendo de las suyas. Qué tristeza y qué vergüenza. Ojalá, de las palabras pasen a los hechos; si queremos respeto para los nuestros allá en los dominios de Bush, debemos primero darle un trato digno a los que vienen del Sur y otras partes. Creo que es lo mínimo que debemos hacer.
Tarjetero
*** En los últimos días, tres periodistas chiapanecos han sido víctimas de actos criminales por parte de autoridades domésticas y particulares de esos que oficialmente son reconocidos como “quienes resulten responsables”. Uno de los atacantes ha sido el alcalde de Villacorzo, cuyo historial de violencia ha sido de terror en su pequeño territorio, además de ser uno de los que vive bajo permanente sospecha de corrupción. El otro es el hermano de otro alcalde que tampoco canta bien las rancheras. Y el tercer caso ha sido el incendio intencional en la casa de un colega del norte de la entidad. Todo esto nos recuerda que hay una supuesta fiscalía especial, de la que no debemos esperar nada. Obviamente, la solidaridad con las víctimas de los gorilitas con cargo oficial, es sin condición alguna. *** Hablando de solidaridad gremial, para nuestra querida Arlet Aguilar Molina, quien también ha sido víctima de una lambisconería más, razón suficiente por la que dejó el programa “Dígalo Ahora”. *** Luego nos leemos.